FACSA, una empresa de servicios públicos

Cuando oigo decir que servicios públicos como la gestión del agua, del alcantarillado o de la basura funcionan mejor cuando los gestionan empresas privadas, siempre me acuerdo de un fontanero de un pequeño pueblo de Castellón que, años después de que el Ayuntamiento hubiera decidido pasarle la gestión del agua a Facsa, me decía: “Antes, entre un ayudante y yo solucionábamos los problemas del agua del municipio y los vecinos pagaban muy poco. Ahora lo llevan doce personas y el precio que pagamos se ha incrementado una barbaridad y lo siguen incrementando cada año”.

La privatización de lo público empezó con el agua. Casi al mismo tiempo se hizo lo mismo con la recogida de basuras que antes gestionaban pequeños empresarios. Ambos servicios, con el tiempo, han pasado a ser negocios millonarios en manos de un reducido grupo de empresas muy poderosas que se reparten sus zonas de actuación. La competencia existe pero está solamente en el papel. Prueba de ello es que rara vez se producen cambios en los territorios que controla cada empresa.

A primera vista ya resulta, cuanto menos extraño, que las concesiones se hagan para 10 o 20 años. Resulta también extraño el poco poder que tienen los políticos para fijar los pliegos de condiciones, en donde la voz cantante suele llevarla un técnico municipal.

Una vez con el contrato firmado, en nuestro caso por FACSA, dicha empresa trabaja codo con codo con el técnico del Ayuntamiento. Ambos acuerdan cada año las actuaciones (obras de mejora en la red) que hay que realizar en el siguiente ejercicio. El binomio empresa-técnico tiene amplios poderes de decisión. Ambos fijan y controlan los costes y la empresa los va deduciendo de la partida fijada para “actuaciones”. La aprobación en Pleno la percibo como puro trámite.

Me asombra saber que una “actuación” no parte, como sería lógico de un proyecto realizado por los técnicos municipales tras la consulta de los políticos con los vecinos, sino que viene de la mano de la empresa adjudicataria. Casi me atrevo a afirmar que tampoco existe un proyecto minucioso y detallado, y que las “actuaciones “y modificaciones, se van realizando sobre la marcha por acuerdo entre empresa y técnico, con muy poca relevancia de vecinos y políticos.

Otra cosa que me desconcierta y que me asombra, y mucho, es que en la concesión de la contrata del servicio a FACSA se haya acordado, en nuestro caso, que la empresa pague cada año al Ayuntamiento 200.000 euros en concepto de canon.

Detengámonos en ese canon aprobado en el pliego de condiciones por la Corporación y con el visto bueno de los técnicos: Nadie se cree que esos 200.000 euros los paga la empresa sin más. Está muy claro que ese importe y el beneficio empresarial se cargan a los recibos que pagamos trimestralmente todos los contribuyentes.

Si a la hora de tomar decisiones se pensara, como en lógica debiera ser, en el bolsillo de los ciudadanos, creo que no deberían aceptarse pagos al Ayuntamiento de ese nivel, y lo lógico sería que se rebajase el precio del servicio para así bajar la cuota del recibo de agua ¿no? Parece lógico porque haciéndolo como actualmente lo hacen, con el recibo encarecido, a los ciudadanos nos toca pagar una factura que no refleja, como debiera ser, los costes reales del servicio.

En una actuación, de transparencia y de sentido común, lo normal sería que el recibo del agua se facturara como tal, y que las mejoras en red y alcantarillado, determinadas por los técnicos, se dieran en concurso público, para uno o tres años como mucho. Tampoco entiendo como se cede a una empresa privada el cobro de los impuestos de las redes de agua y alcantarillado.

Y, ahora que acabo de enterarme de cómo funcionan estos servicios y contárselo a Uds. me viene a la cabeza aquello tan repetido de “lo eficientes que son las empresas privadas y lo mal que funcionan las públicas”. Tan eficaces que mirando un recibo se puede ver que, en dicha facturación, lo menos importante es el agua consumida. Se paga por “mantenimiento de contador”, por “servicio de alcantarilladlo”, por “consumo de alcantarillado”. Se paga un canon por “cuota de servicio y otro por cuota de consumo”. Con todo eso, un recibo trimestral que facture 20 euros por consumo de agua se incrementa hasta los 65 euros. Además la empresa fija, según su criterio, tarifas para conexiones a la red y fija precios para modificar los huecos de los contadores o para instalarlos. Es la concesionaria la que también decide sobre los cortes de agua por impagos y la que gestiona los cobros de morosidad e impone sanciones para la reanudación del servicio.

Negocios que antes eran de chicha y nabo se han vuelto millonarios y las empresas, con ellos, han engordado tanto que algunas aparecen en el Gürtell como donantes del PP. Hay que tener un alma muy infantil y el corazón de Bambi para creer que esos donativos a partidos en el poder, se han hecho de forma altruista. Claro que a lo mejor es así y yo estoy totalmente equivocado.