Después del 27-S

Salieron a la calle dos millones de personas o un millón ¿Qué más da? Salió muchísima gente y salieron una y otra vez en masa sobre todo a partir de 2012.

Rajoy, impasible el ademán, y su gobierno, carentes de olfato político, miraron para otro lado. No les sonaron las alarmas cuando vieron esas masivas manifestaciones, ni cuando vieron que, uno tras otro, 920 municipios catalanes (el 96%) aprobaban mociones sobre el derecho a decidir.

¿Dialogar? No había nada sobre lo que dialogar.

¿Reformar la Constitución para encajar mejor en ella a Cataluña? No.

¿Buscar una tercera vía? ¿Introducir el federalismo? ¡Demagogia! La ley está para cumplirse y para endurecerla aprovechando las rentas de una mayoría absoluta que saben que solo les durarán hasta que se convoquen nuevas elecciones.

¿Negociar? Negociar es hacer una propuesta, y ello implica ceder para llegar a acuerdos, verbo alejado de su discurso nacionalista y radical solo útil para mantener movilizados a sus votantes más duros.

Al otro lado los independentistas han demostrado ser capaces de unirse y trazar una hoja de ruta a la que paulatinamente han ido recibiendo mayor número de adhesiones.

Han sido años de torpezas. Se querellaron ante el Constitucional por el Estatut y recogieron firmas en la calle contra él. Azuzaron campañas contra el cava y los productos catalanes en general. Bloquearon la OPA de Gas Natural contra Endesa. Hicieron populismo con el agua del Ebro que va al mar (como aquí, como en todas partes). Prohibieron en Valencia utilizar palabras catalanas. Se propusieron españolizar Cataluña. Se olvidaron del corredor mediterráneo. Centralizaron la red de ferrocarriles y carreteras. Menospreciaron a Mas, y la justicia manipulada se empeña en elevarlo a los altares. (Hay que recordar que Sánchez-Camacho anunció diez días antes que “la Fiscalía se querellaría contra Mas”. También que Torres Duce dimitió por presiones políticas. Ahora el Ministro de Justica acaba de explicar por qué no se citó a declarar a Mas en época electoral).

Con sus decisiones allí crecía el antiespañolismo y aquí en anticatalanismo.

El gobierno, ausente de la política, se escuda en el argumento de hacer respetar la ley. Una ley inmutable ¿Por qué serán inmutables solo las leyes que no se quieren modificar? ¿Por qué otras se modifican tan rápidamente?

Se acercaba el 27-S, no era un plebiscito -decían- sino simples elecciones autonómicas, pero convirtieron, sin pretenderlo, la campaña en plebiscitaria.

Fueron en busca de la masa silenciosa (si vota el 72% les ganamos) apoyándose en líderes de Europa y del mundo. Solo han conseguido que el problema se internacionalice. Ahora, alguno de esos mismos líderes, tras el resultado electoral, habla de “problema interno”.

La campaña electoral, repleta de malos augurios y fantasías, ha dejado como único debate normal el de Oriol-Margallo y ha servido para conocer la torpeza de un presidente que no sabe cómo se obtiene la nacionalidad española. También hemos escuchado su discurso banal: “un vaso es un vaso y un plato es un plato”. Si era inentendible que Mariano Rajoy se escondiera a las preguntas de los periodistas, cada vez se comprende mejor porqué lo ocultaban detrás de un plasma.

Se han escrutado los votos y mirando los resultados, este gobierno sigue sin saber decir: “Houston, tenemos un problema”. Se sigue amparando en argumentos nimios y continua aplicando la amenaza y utilizando el “rajoyismo”, que la Real Academia definirá muy pronto como “la actitud de dejar que los problemas se solucionen por si solos con el paso del tiempo”.

Puede que el método alguna vez haya funcionado. En otras, en la mayoría de ellas, como en este caso, el problema ha empeorado y la solución se ha complicado demasiado. La broma no ha terminado. El problema y sus secuelas están ahí y están ahí para mucho tiempo.

Si este gobierno continua ahí con sus torpezas, dentro de unos años los libros de Geografía dirán que España limita al Norte con el País Vasco. Al Sur con Gibraltar. Al Este con Cataluña y al Oeste con Portugal. No me atrevo a pronosticar hasta donde llegaran las fronteras de esos países limítrofes y cuanta España quedará alrededor de Madrid.

El mejor servicio que Rajoy y un partido al que se le derrumban hasta sus figuras más emblemáticas podrían prestar a este país sería convocar de inmediato elecciones. Que un nuevo gobierno libre de corrupción y sin ministros dedicados a defender los intereses de las empresas de las que proceden se ocupe de aprobar la Ley de Claridad, de separar la justicia del poder político, de tejer el diálogo y de realizar las reformas que se precisan con tanta urgencia. Al otro lado, en Europa, hay que tratar de impedir que se sigan aplicando políticas injustas de austeridad que se ceban en unas determinadas capas de la población y tratan con algodones a otras.