Barómetro de la corrupción en España (3) /Escuela pública

Dos temas han llenado los informativos en la última semana: la situación en Venezuela (país en el que hay un desmesurado interés para convenirlo en tema central de campaña electoral con el fin de apartar de ella al paro, la corrupción, los recortes y la precariedad laboral) y la polémica sobre la bandera estelada (tras el éxito mediático luego vendrá -como dice el humorista Forges- la polémica del “pantumaca”, también para no hablar de paro y precariedad laboral). No voy a detenerme en ellos. El barómetro recoge esta semana los siguientes casos de corrupción:

-Margaliza es un empresario implicado en la red Púnica. Tras siete meses en la cárcel se ha arrepentido de lo que hizo y está colaborando con el juez. Tras levantarse el secreto del sumario hemos sabido que en la Comunidad de Madrid entre el 2009 y 2011 había que pagar para construir viviendas sociales 3.000-6.000 euros por vivienda o comisiones del 20% a Francisco Granados, número tres de Esperanza Aguirre. Los ayuntamiento implicados eran todos del PP, excepto los de Parla y Aranjuez, en manos del PSOE que recibieron dinero para “mítines, banderolas y bebidas.” El empresario acusa también a Eva Borox, de Ciudadanos, a la que entregó 30.000 euros. La implicación alcanza a Jaime González Taboada, número tres de la lista de Cifuentes y Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid, nombrado ahora por Cifuentes para dirigir la campaña de las elecciones del 26-J. Otros dos implicados que siguen en sus cargos son Daniel Ortiz y Bartolomé González.

-La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Cartagena por el caso de la desaladora de Escombreras, alquilada por la Comunidad Autónoma al grupo ACS.

-En los papeles de Panamá aparece la concejala del PP de Vendrell.

-Los jueces dicen que con la reforma del PP para acortar los plazos de instrucción 400.000 casos pueden quedar en la impunidad y no habría sido posible investigar la trama Gürtell, el caso Noos, la Púnica,… y por supuesto que Fabra seguiría siendo presidente de la Diputación.

-Margaliza dice que Esperanza Aguirre fue informada de un pelotazo en Valdemoro.

-La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación penal contra Rita Barberá por 500 facturas suntuarias y de lujo por importe de 278.000 euros.

-El juez Salvador Alba, que fabricó una acusación contra la juez Victoria Abril, electa en las listas de Podemos, es imputado por la Fiscalía Anticorrupción.

-La Audiencia Nacional imputa a Deloitte por su auditoría en la salida a bolsa de Bankia.

-Una jueza investiga contratos millonarios adjudicados por la Diputación de Lugo (PSOE) a PwC. (El ex ministro socialista Jordi Sevilla trabajaba para PwC durante los años en los que los contratos fueron adjudicados.)

-Ciudadanos se enfrenta a nuevas acusaciones de financiación ilegal de sus campañas. La Cámara de cuentas madrileña detectó que el partido había pasado la factura de hasta 35 plazas de hotel en la noche electoral del 24-M.

-Ausbanc pagó por la personación de Manos Limpias en la querella contra Iñigo Erejón por su beca en la Universidad de Málaga.

-José Antonio Corrales, abogado y presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) ha sido intermediario para la creación de sociedades offshore en el despacho de Fonseca.

-El juez Castro dice que, antes de dictar resolución sobre la Infanta, Roca quiso tenderle una trampa proponiéndole una entrevista clandestina en un lugar reservado de Mallorca.

-El Gobierno autoriza a Ana Mato a colaborar profesionalmente con la empresa Worldwide, empresa investigada por haber pagado comisiones a Vicente Martínez Pujalte.

-No es corrupción, pero es una inmoralidad saber ahora que uno de los predicadores de cómo habían de ajustarse los salarios en tiempos de crisis, Miguel A. Fernández Ordoñez, se llevara una indemnización de 350.000 euros tras cesar en su puesto de trabajo.

-Otro dato que es una reflexión interna de la Iglesia: 13 TV es una televisión propiedad de la iglesia, fundada por Rouco Varela, que le cuesta 10 MM de euros al año cuando la aportación a Cáritas es de 6 MM. Un informe interno de los obispos dice ahora que es “un medio con un discurso político cerrado que no propone el evangelio y convoca a un púbico cercano al PP de edad avanzada”.

-En Colmenar Viejo un juez tacha de “apología de la corrupción” al alcalde, al ex alcalde y a sus diez concejales del PP y pide para ellos 3,5 años de cárcel.

-El juez De la Mata ordena al PP depositar un aval de 1.200.000 euros bajo la amenaza de embargar su sede de Madrid, por su responsabilidad en el pago de impuestos y la realización de obras en dinero negro.

ESCUELA PÚBLICA
Lo que debería ser es que un empresario que quisiera dedicarse a la enseñanza pidiera créditos, contratara el personal necesario y cobrara a los alumnos los costes de su servicio, tal como hace quien monta un parvulario o un taller de reparación de coches.

Hace años el director de un colegio privado entregada a sus alumnos el recibo de la mensualidad y les daba un papel con un recordatorio a los que se demoraban.

La enseñanza concertada es un convenio por el que el Estado subvenciona a los colegios privados para que cubran las necesidades de enseñanza y “para que los alumnos tengan derecho a elegir”. Con la media el gobierno no ha de construir nuevos centros, ayuda a la empresa privada y el colegio tiene libertad para impartir su ideario.

El temor a una reducción de las subvenciones a algunos colegios concertados exaspera a sus representantes que hablan de “marxismo-leninismo” mientras nada dicen de que no haya dinero para colegios públicos o que se cierren algunos de los que hay o que existan aulas en barracones.

La enseñanza privada -dicen- da mejores resultados que la pública. Doy un dato: Un padre va con sus tres hijos a inscribirlos en un colegio de monjas. Uno de ellos tiene un cierto grado de deficiencia mental. La religiosa que le atiende le dice que puede matricular a los dos “normales” pero que lleve al tercero a una escuela pública “porque ellos no disponen del profesorado especial que ese chico necesita.”

Quienes recortaron en la enseñanza pública y regalaron solares en Valencia para facilitar la enseñanza privada se suman ahora a la protesta contra los “marxistas leninistas.”

PD. Según datos que recoge el diario Levante, los colegios públicos perdieron 606 unidades durante los recortes del PP mientras los conciertos en la privada se ampliaban en 78 grupos. Otro dato recogido del mismo periódico: La enseñanza concertada ha perdido dos aulas en la Comunidad Valenciana tras ganar 95 en los últimos cuatro cursos.