Las responsabilidades que deja un año fatal.
El covid19 convirtió el 2020 en un año fatal. Así que demos las gracias qué por fin se acabó y confiemos que el 2021 sea mejor. Podemos decir que el 2020 lo recordaremos como un año calamitoso por las muchas personas a las que ha privado la vida y la salud. Del pasado año, no debemos olvidar la debilidad, que hemos podido ver, del Estado para garantizar el derecho a una atención sanitaria adecuada ante una pandemia como la que nos ha sacudido. De esa falta de medios sanitarios adecuados, para responder al virus, a mi entender, nace una responsabilidad política, pero no penal, como explicaré luego. De la noche a la mañana, un montón de personas se revelaron expertas en virus, y acusaban al Gobierno de no tomar las medidas oportunas, pues según ellos, a pesar de tener datos de lo que iba a ocurrir, y ponían como ejemplo de buena gestión, y que se sabía cómo controlar el virus, a Portugal, Alemania, Suecia u otros países. Países que, precisamente, en estos momentos, están siendo desbordados por el virus. Esas personas, si fueran honestas. deberían reconocer dos cosas: era una temeridad presumir saber sobre el virus, lo que la comunidad sanitaria, todavía hoy declara no conocer bien, y que lo que les movía, no era ayudar a salvar vidas, sino criticar e injuriar al gobierno. Que nadie espere que alguno, de esos “sabelotodo”, reconozca que mejor hubieran estado callados.
Las querellas contra el Gobierno de España por las muertes causadas por el covit19, fundamentalmente le imputan, las muertes que puedan tener su causa en la falta de material sanitario adecuado, y que haya dado orden de prohibir que personas ingresadas en residencias de mayores, fueran trasladadas a centros sanitarios. Respecto la falta de material sanitarios, hay que tener presente que la competencia de dotar de material sanitarios, es competencia de las Comunidades Autónomas, por lo que en ningún caso puede haber una responsabilidad penal del Gobierno de España, como pretenden las más de 40 querellas presentadas. Tampoco creo que llegue a condenarse a las CCAA. Ello es así, porque la responsabilidad penal requiere una conducta dolosa que intencionadamente busque producir daños. En este caso, muertes. O una conducta temeraria, es decir, que, a pesar de tener datos irrefutables, de lo que iba a ocurrir, se ha actuado sin importar las muertes que se podían producir. Supuesto que no se da en el presente virus, porque se trata de un virus, apenas conocido para la ciencia médica, cuya evolución resultaba imprevisible, hasta el punto que ha puesto en serios apuros a todos los gobiernos del mundo donde el virus ha llegado. Por otra parte, la decisión, es decir, la orden, de trasladar o no a una persona de una residencia de mayores a un centro hospitalario, es por su propia naturaleza un acto médico, que solo a un médico corresponde tomar. Así que el médico competente de cada caso, deberá explicar si la decisión fue suya, sus razones. Y si las asumió de un cargo político, será ese cargo quien las deberá explicar. Como la actuación administrativa se rige por el principio de eficacia, es decir, de obtener los mejores resultados posibles de acuerdo los medios disponibles, si se demuestra que con esas decisiones obtuvieran los mejores resultados posibles, quedaran sin responsabilidad penal. Todo ello, sin olvidar que solo una autoridad de una Comunidad Autónoma, por ser de su competencia, podía dar la orden de no trasladar, y no el Gobierno de España.
En ningún caso digo que, en la gestión de los medios disponible, no haya condenas al Estado. Las habrá y a centenares, por falta de medios de seguridad para los sanitarios, reclamaciones por horas extras realizadas sin cobrar, responsabilidad penal por falta de atención medica debida a casos concretos, etc. Pero esas condenas no afectaran personalmente a las altas autoridades del Gobierno de España. Se condenará a las Comunidades Autónomas que son las competentes para gestionar y prestar la atención sanitaria, y a alguna persona, por la falta de diligencia o temeridad en la prestación de la atención sanitaria.
En el supuesto, previsible, que el Gobierno de España quede libre de responsabilidad, que nadie espere que finalice el acoso y derribo contra el mismo, por parte de quienes niegan su legitimidad. Entonces se le atacará no estar más pendiente de la gestión económica. Ninguna consideración se tendrá que este Gobierno haya tenido que gestionar una situación, imprevisible, y sin experiencia, ya que antes nunca se tuvo que gestionar. Además, la deslealtad política de la oposición, ha convertido el estado de alarma en un enfrentamiento y descoordinación de todo el Estado. El Gobierno, al igual que otros gobiernos, como el de Alemania, ha tenido que gestionar el virus con una legislación que no está desarrollada para gestionar una situación de pandemia, porque era inesperada. Este gobierno se presentó para gestionar un Estado de bienestar y ha tenido que gestionar un Estado de supervivencia en el que la subvenciones han pasado a ser una prioridad. Ahora se encuentra con una patronal que no quiere pagar impuestos, pero quiere recibir subvenciones, eso generará un vacío de las arcas públicas. El Gobierno tendrá que afrontar mayores demandas de gasto público con menos presupuesto. Así las cosas, serán inevitables los recortes de servicios públicos, servicios sociales, así como el reajuste de plantillas de personal. Otra vez, los que niegan la legitimidad de este Gobierno, aprovecharan para crispar a la ciudadanía, sin importarles la incoherencia de pedir bajar los impuestos a la patronal y a la vez que se les subvencione.
