Nueva normalidad: conseguir que lo inaceptable sea normal

Algunos quieren una nueva normalidad, para que lo inaceptable sea normal. Pondré un ejemplo.  Que yo recuerde, desde hace más de 40 años, el artículo 53.4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico de 1978, dispone que "...en la red de abastecimiento de agua se indicarán las fuentes de la misma, el caudal..." mientras en su artículo 70.3 establece “Los proyectos de urbanización deberán resolver el enlace de los servicios urbanísticos con los generales de la ciudad y acreditar que tienen capacidad suficiente para atenderlos”. El Tribunal Supremo, interpretó que los planes urbanísticos deben acreditar la suficiencia de recursos hídricos para atender las nuevas demandas de agua. A pesar de ello, muchos Ayuntamientos seguían aprobando nuevos planes urbanísticos sin tener disponibilidad de agua. El resultado era urbanizaciones sin agua potable durante parte del año.

Para acabar con planes sin disponer de agua, primero el gobierno de Aznar, mediante la Ley 13/2003, posteriormente, el gobierno de Zapatero con la Ley 11/2005, exigieron que los nuevos planes que generaran nuevas demandas de agua, deberían contar con informe favorable de la Confederación Hidrográfica correspondiente. 

En 2004, Zapatero ganó las elecciones y formó el gobierno de España, del cual dependen las Confederaciones Hidrográficas.  En esas fechas, el gobierno de la Generalitat Valenciana, formado por el PP y presidido por Francisco Camps tenia de Conseller de Territori i Vivenda al condenado por delincuente Rafael Blasco.  Como la Confederación Hidrográfica del Júcar empezó a emitir informes desfavorables, en aquellos planes que no podían acreditar la disponibilidad de agua, mediante la Ley 16/2005, 30 diciembre, de la Generalitat, modificaron el artículo 19.2 Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, referido al uso sostenible del agua, que entre otras cosas dispuso:

“un incremento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de informe del organismo de cuenca competente, o entidad colaboradora autorizada” (…) “La suficiente disponibilidad a la que se refiere el párrafo primero podrá ser justificada mediante el compromiso de ejecución de infraestructuras generadoras de recursos hídricos a través de la aplicación de nuevas tecnologías, como la desalación de agua de mar o aguas subterráneas salobres,”.

Es decir, trataron de saltarse el informe de la Confederación, para evitar informes desfavorables. Las vías eran:

1º.- Decir que el Plan Hidrológico Nacional de Aznar, aprobado en el 22.06.2005, le aportaría agua en el futuro.

2º.-  Comprometerse a construir una desaladora.

3º.- Si no se podía justificar, con el PHN o una futura desaladora, bastaba obtener informe favorable de una entidad colaboradora, creada por el entorno de la Consejería y los promotores como sociedad privada, para ese fin.

El Tribunal Supremo declaró la nulidad de esa modificación legal que pretendía amparar la especulación de suelo sin disponibilidad de agua, por la vía de marginar la administración competente, en materia de aguas, como es la Confederación Hidrográfica de Júcar.

Ahora resulta que Blasco ha creado escuela. Me Explicaré. El abogado V. García Nebot, ha asesorado, a lo largo de su tramitación, de más de 15 años, el PAI de Sant Gregori de Borriana. Personalmente, ha vivido la experiencia de ver como desde hace unos cuatro años los informes de los técnicos municipales, son contrarios que se mantenga la condición de urbanizador, al promotor designado en su inicio, por estimar que no se cumplen las exigencias legales y desconfían de su solvencia económica. Es decir, se oponen que los actuales promotores inicien y ejecuten el plan. Así las cosas, el Ayuntamiento tuvo que contratar servicios jurídicos externos privados, que justifique su decisión de mantener al promotor y autorizar su ejecución y empiece a cobrar las cuotas de urbanización a los propietarios.

Hace unos meses, el nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana, nombro al Sr. García Nebot, Director General de urbanismo: Enseguida el Consell, el 15 de mayo aprobó el Decreto que crea las entidades colaboradoras urbanísticas valencianas (ECUVs), cuya finalidad es la de emitir informes favorables a las licencias de obras que se soliciten. La excusa es qué los técnicos municipales van saturados de trabajo. Sin embargo, mi opinión es que tratan de evitar que en los expedientes puedan haber informes contrarios a la actuación urbanística que se pretenda, sustituyendo e ignorando a los técnicos municipales, en aquellos casos que sepan que su opinión no es favorable a los intereses del promotor, como les pasa en el PAI de Sant Gregori.

Para agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos, no es necesario crear empresas privadas, que serán creadas por promotores y técnicos de su entorno. Esas empresas jamás harán un informe contrario a quien les contrata y al interés de los promotores que controlarán esas empresas. Los proyectos de edificación y urbanización, pagan sus tasas. Así que los ayuntamientos que tengan atasco de expedientes urbanísticos, pueden contratar técnicos, cuyos honorarios podrán pagarse de los ingresos obtenidos por las tasas que deban pagar los proyectos que analicen. Sin embargo, en este Decreto se faculta a los Ayuntamientos y promotores a elegir que los informes emitidos por las “entidades colaboradoras” sustituyan a los técnicos municipales.

Las potestades urbanísticas siguen siendo municipales. Pero el Decreto pretende que los expedientes solo cuenten con el informe técnico hecho, a instancias del interesado. Ello es así, porque los técnicos municipales no podrán opinar si no se les asigna el caso. Se quiere que la administración reduzca su control sobre actuaciones urbanísticas y cederlo a los promotores para los cuales ha trabajado mucho el Sr. García Nebot, que sobre el Decreto (ECUVs), ha declarado: “El urbanismo valenciano y sus instituciones vuelven a ser pioneros y ejemplo en el panorama estatal”. Creo que olvidó añadir, que gracias a nuestro ejemplo la crisis de 2008, afectó con mayor gravedad a las empresas constructoras a las entidades bancarias e instituciones que apostaron por la construcción y que costo a los españoles 60.000 MM de euros, dados para salvar la banca.