Indultar no legitima a insultar, injuriar o calumniar
Un amplio sector de la derecha española, solo reconoce legitimidad democrática a las decisiones políticas que ellos aceptan. En la hemeroteca, podemos encontrar muchos ejemplos.
El indulto es una medida de naturaleza política, que no admite discusión. Y, por mandato constitucional, la política es competencia exclusiva del gobierno. (Art. 97 CE) Otros podrán opinar, entre ellos el Tribunal Supremo (TS), pero la decisión la toma el gobierno. El TS lo podrá anular, si no se cumplen los requisitos formales de su tramitación. Pero, en ningún caso, la opinión del TS puede condicionar a priori la decisión del Gobierno. Desde los gobiernos de Felipe González, Aznar, Rajoy y Zapatero, se han dado unos 13.000 indultos, que incluyen a todo tipo de delitos. Incluso delitos de atacar con armas el estado de derecho y a sus representantes. En ninguno de esos casos, desde la derecha se intentó armar ruido mediático contra los indultos de manera organizada y coordinada. La razón es que ellos estaban de acuerdo. Tampoco la izquierda hizo campaña organizada y coordinada. Por supuesto que la decisión política de indultar, es criticable, como toda decisión política. Pero la crítica política, no incluye el insulto, la injuria y la calumnia, como ocurre ahora, por la propuesta de indulto de los miembros del “procés”.
La decisión de indultar, corresponde a criterios de oportunidad política y de interés general del país. El TS, hace muchos años, que ha establecido la jurisprudencia, según la cual “la oportunidad política” y “el interés general” son conceptos jurídicos indeterminados que corresponde definir, en cada caso concreto, al gobierno o la administración, que resulte competente del caso que se trate. Así las cosas, en democracia, se puede discrepar de las decisiones de naturaleza política, por consiguiente, manifestar la crítica política que se estime oportuna. Pero en ningún caso, insultar, injuriar y calumniar al gobierno cuando toma decisiones políticas ejerciendo funciones constitucionales, porque se piense que la decisión, ni es oportuna, ni responde al interés general.
A quienes no reconocen el derecho constitucional del Gobierno a indultar, por estimar que políticamente es oportuno y bueno para el interés general de España, les recuerdo lo siguiente: tras la muerte del dictador, se iniciaron amplias movilizaciones sociales reclamando “LIBERTAD, AMNISTIA Y ESTATUT DE AUTONOMIA”. La derecha del Gobierno de Suarez intentó neutralizar esas movilizaciones aprobando el Real Decreto de Amnistía de 30 de julio de 1976. Eso significó que salieron a la calle y quedaron limpios de antecedentes penales todos los presos políticos, incluidos los miembros de ETA, FRAP y GRAPO, condenados o imputados por asesinatos. Ello a pesar que los tres, seguían actuando como una organización terrorista, es decir, asesinando. Todo ello sin consensuar con ningún partido de la oposición. Entonces, no hubo ninguna campaña organizada, contra la amnistía, de insultos, injurias y calumnias contra el Gobierno.
Constituidas las Cortes Generales, con su nuevo parlamento, la izquierda pensaba que había que garantizar estabilidad a la democracia. Por consiguiente, políticamente era oportuno para el interés general de la democracia, tomar cuantas medidas fueran necesarias que dotaran de mayor estabilidad política. En ese sentido, entre otras cosas desde la bancada de la izquierda se valoró que la amnistía de 30.07.1076, no garantizaba la estabilidad política que necesitábamos. Pues se trataba de una amnistía que había eliminado las responsabilidades políticas de los antifranquistas, pero no de las cometidas por los franquistas. Por consiguiente, quedaba la puerta abierta para que las víctimas de la represión franquista pudieran pedir responsabilidades penales a sus autores. No se puede olvidar que los franquistas se alzaron en armas contra un gobierno legítimo. Y, durante los 40 años de dictadura se torturó, se secuestró y se asesinaron antifranquistas.
Así es que, para favorecer la estabilidad de la joven democracia, a propuesta inicial de la izquierda, se tramitó una iniciativa parlamentaria, para dar cobertura a lo que no cubría el Decreto de Amnistía de 30.07.1976 aprobado por el Gobierno. Porque dicho Decreto solo amnistiaba los delitos de intencionalidad política que hubieran afectado a “la vida o la integridad de las personas”. Fruto de esa iniciativa se aprobó la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, que declaró una amnistía total. Así se quiso ofrecer la seguridad a los franquistas, que hubieran torturado, secuestrado o asesinado, que no serían procesados. Dicho de otro modo, desde la oposición, la izquierda renunció a pedir responsabilidades a sus verdugos, y propuso una “amnistía total” como garantía de estabilidad para la apertura del proceso constituyente que se iniciaba. La Amnistía de 15.10.1977 pretende ser una amnistía total al incluir “a los actos de intencionalidad política cualquiera que fuera su resultado”, “hasta el 15 de junio de 1977”.
A mi entender, quienes en su día aceptaron la propuesta de amnistía total, sin rechistar, y ahora insultan, injurian o calumnian al Gobierno, por querer indultar a los miembros de procés, o desconocen nuestra historia reciente, o tienen la indecencia política de negar a otros, mucho menos de lo que sí, aceptaron para ellos. La amnistía, borra todo antecedente, el indulto no. Por otra parte, si tuvieran conocimientos de derecho y fueran equitativos, deberían avergonzarse de su radical oposición a los indultos que plantea el Gobierno, mientras tenemos:
- La Ley de Amnistía del 77, que no establece ninguna protección para los delitos de tortura, secuestro, desaparición, o genocidio, es decir, los crímenes de lesa humanidad.
- El derecho internacional que prohíbe amnistiar los delitos de lesa humanidad. Y, España había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el 28.09.1976.
- Unos Tribunales españoles que interpretan la Ley de Amnistía como “ley de punto final”, en contra el derecho internacional. Tampoco esa interpretación es coincidente con la jurisprudencia internacional, como señaló el Relator Especial de la ONU de misión en España, Pablo de Greiff.
En fin, aceptar la impunidad de autores de delitos contra la persona, que no fueron molestados, ni un solo día, y ahora negar el indulto a quienes fueron procesados y han cumplido parte de su condena, delata la falta de responsabilidad de estado de la derecha, que en el 77 tuvo la izquierda.
