Adriana Lastra y el derecho a la participación política

"Las actitudes son más importantes que las aptitudes". Churchill

Las personas tenemos derecho a discrepar, y criticar la política que hacen nuestras autoridades. Es decir, en democracia es legítimo, y signo de salud democrática, que se critiquen abiertamente los programas políticos que no son de nuestro agrado. Lo que no es legítimo, y es síntoma de falta de educación democrática, tratar de descalificar, por cuestiones personales, a las autoridades que no aplican la política que a nosotros nos gustaría. La lista de insultos y descalificaciones personales dedicadas a las autoridades, que se discrepa de la política que hacen, sería interminable. Yo me centraré, solo en una, por su contenido discriminatorio. Me refiero considerar no se es apto para ocupar un cargo público, si no se tiene una “carrera universitaria”.  Dedicarse a descalificar, e insultar, a las autoridades públicas, por el hecho de carecer de título universitario, me parece discriminatorio. Ahora le ha tocado el turno a la señora Lastra, según dicen, porque no tiene carrera universitaria. Sin embargo, yo soy de la misma opinión que Churchill, ante asuntos difíciles, y la gestión política lo es, es más importante la motivación personal que los conocimientos que se tengan.

Descalificar, para cargo público a quien carece de estudios, delata el desconocimiento que se tiene sobre el derecho a la participación política y la función pública. Así se deduce que se quejen que para tener cargo público no se necesita tener estudios ni pasar examen, como ocurre para ser funcionario.  Esas personas, ignoran, por desconocimiento o interesadamente, tres mandatos que rigen en todo Estado de derecho, por consiguiente, también, en nuestra Constitución, Como son:

· Todas las personas tienen el derecho a acceder a un cargo público, si han sido elegidas por sufragio universal.

· Se accede a ser empleado público (funcionario), de acuerdo con los principios de mérito y capacidad.

· Queda prohibido discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.        

Es decir, el acceso a cargo público, solo exige ser elegido por las urnas o por quienes tienen la legitimidad de las urnas. Ser funcionario, exige tener la titulación académica que exige el puesto, que se vaya a ocupar, además, mostrar mayor capacidad que otros aspirantes. Excluir de tener cargo público a quien carece de estudios universitarios, supone una discriminación, por razón de estudios académicos, prohibida por nuestra Constitución. Así las cosas, quienes descalifican a la señora Lastra, para ocupar cargo público, por no tener estudios universitarios, mal que les pese, en este punto, su posición es anticonstitucional.

Las diferencias de exigencias para acceder a puesto de funcionario o cargo público, se deben a que para acceder a un cargo público solo hay que tener la confianza de las personas que tiene la competencia para elegir, y se pierde el cargo, por el plazo marcado por la ley, o por la pérdida de confianza de quien lo ha elegido. Mientras el puesto de trabajo de funcionario, suele ser de por vida, y la Constitución dice que se accederá según mérito y capacidad. Por otra parte, mientras el funcionario debe tener conocimientos técnicos del ámbito de la administración pública que va a gestionar. El cargo de representación política solo debe saber coordinar y asumir la política de su partido, así como interpretar los intereses de la administración que representa, según su criterio.  Es decir, la legitimación y las exigencias, para ser funcionario o representante político, son distintas porque sus funciones también lo son. El cargo público lo que tiene que hacer es, gestionar con eficiencia y en plazos razonables los asuntos.

Según mi parecer, la capacidad de trabajo, así como la creatividad, no se obtiene con títulos universitarios.  Y, si se tiene, se puede desarrollar sin necesidad de desarrollar estudios universitarios. Hay centenares de tareas, cuya gestión dota de unos conocimientos y una agilidad en la gestión y toma de decisiones que no se adquieren en ninguna carrera universitaria. Es decir, la capacidad de trabajo, para gestionar problemas, unir y coordinar voluntades, no tiene nada que ver con tener los conocimientos académicos que da una carrera universitaria. Si se tienen las dos cosas mejor. Pero entre confiar la solución de un problema a una persona con conocimientos académicos, pero sin capacidad de trabajo y de gestión, prefiero confiar la solución a quien tenga capacidad creativa y de gestión, aunque no tenga estudios universitarios.

Seguro que todas las personas, podemos citar ejemplos de personas, sin estudios, que han gestionado asuntos con mayor éxito que otras, con importantes títulos universitarios. Pensemos en los empresarios, sin estudios, que crearon importantes empresas que quebraron cuando las dejaron en manos de sus familiares con títulos universitarios. Sin olvidar a tantos empresarios, con apenas estudios primarios, que han sido capaces de crear y mantener centenares de puestos de trabajo, mientras otros con carrera universitaria y colección de cursos universitarios ni se les ocurre intentarlo. En varias ocasiones he sentido vergüenza ajena, al ver que abogados en ejercicio, con varios cursos posgrado y algún master no sabían redactar una denuncia de las que muchos ecologistas sin estudios, la hacen como churros. Sin olvidar a una persona como Lula, criado entre la miseria y sin apenas estudios primarios fue capaz de transformar Brasil, sacando de la pobreza a 25 millones de personas, en pocos años. Evo Morales y otros son ejemplo que se puede dirigir la presidencia de un país sin tener estudios universitarios. Yo mismo, hice tareas y obtuve resultados, cuando no tenía ni siquiera los estudios primarios, que requerían unas energías y capacidad de trabajo, que ya no tenía cuando obtuve título universitario, como consecuencia de un accidente y enfermedad. Los ejemplos podrían ser interminables

Tengo la convicción personal, que muchas de las personas, que descalifican para cargo público a quienes no tiene estudios universitarios, si estuviera en sus manos, impondrían el “voto censitario”.  O sea,  el sistema electoral de fines del siglo XVI  y XXI,  basado en el derecho a voto solo a la parte de la población que contara  determinado nivel de rentas o número de inmuebles en propiedad. Así como otras restricciones relacionadas con el nivel de instrucción, como saber leer y escribir.