Ley de la vivienda
De piedra me quedé cuando una pareja, en un espacio de participación de una entidad social en la que hago voluntariado, contaba que está pagando 750€ por una habitación que deben compartir con un señor al que ni conocen… El resto de las personas presentes tienen un “poco más de suerte” y los precios y condiciones de las habitaciones en las que viven son algo mejores, aunque los precios estén disparados y estamos llegando a unos niveles de descontrol respecto a los alquileres, que deja mucho que desear.
Me preocupa y mucho todo esto, que impide a demasiadas personas tener unas condiciones de habitabilidad mínimas, porque compartir piso con extraños no es tener más que un techo sobre la cabeza si llueve y un mínimo espacio en la cocina y en el baño para tener las necesidades de alimentación y aseo cubiertas malamente… Las privilegiadas que tenemos una vivienda para nosotras y nuestras necesidades cubiertas, no podemos ni imaginar cómo debe ser tener que pasar por una situación así, con toses, ronquidos, pedos, lamentos, miedos, llantos y suciedad compartidos, además de los precios abusivos que se piden por toda esa precariedad.
Para ser sincera, mucho me temo que esto no lo arregla la nueva Ley de la Vivienda aprobada este jueves, pues aquí entra un componente de chanchullería, incluso de redes mafiosas, que captan, acaparan y monopolizan el sector, elevando los precios y aprovechándose de la vulnerabilidad de las personas con las que aplican sus propias leyes de usura.
Esa nueva ley que, recordemos, ha sido rechazada por algunos partidos que ya no sé si es que desconocen, de todas todas, las realidades de la ciudadanía de este país (jóvenes, mujeres, personas migrantes, mayores, trabajadores y trabajadoras con salarios bajos…) o es que su interés por quedar bien con los sectores empresariales, les impiden ver más allá de su ombligo y de su situación privilegiada.
En fin, que una vez más sale a la palestra una ley con pocos apoyos pero absolutamente necesaria, y que debería ir acompañada de un buen montante económico para, por un lado, poder crear una buena red de viviendas públicas que, de verdad, ayuden a paliar las necesidades imperantes y, por otro, poder estar vigilantes a todos los abusos que se cometen de manera fraudulenta, aunque bien sabemos que, en este país de pandereta, hecha la ley, hecha la trampa.
