Reflexiones de una educadora social
¿Alguien se puede imaginar acudir al centro de salud con un dolor abdominal y que la persona que le atendiera fuera un o una doctora en economía? La conversación podría ser algo así:
- Paciente: Doctora me encuentro muy mal, tengo fuertes dolores en la zona abdominal, he vomitado en varias ocasiones y empiezo a tener fiebre…
- Doctora: ¿Pero está usted segura que lo que le pasa no será que no ha pagado usted a hacienda y el dolor le viene por la descomposición producida al recibir la notificación de embargo?
Absurdo, ¿no? Tan absurdo como si al pedir un proyecto para hacernos una casa, en vez de hacerlo y firmarlo una persona graduada en arquitectura, lo presentara y rubricara una ingeniera informática… Seguramente la profesional en informática tenga grandes conocimientos y pueda realizar excelentes proyectos informáticos, pero en cuestión de cimientos y estructuras, no sea lo más recomendable.
Pues esto, que nos parece incomprensible en otras profesiones y sería algo que no consentiríamos en otros ámbitos (nadie llama al fontanero para que le haga una instalación eléctrica), parece que para atender “lo social” cualquiera puede hacerlo, y nos encontramos con situaciones tan disparatadas como la que en estos momentos se está cocinando con la nueva Ley de Función Pública, que nos tiene a todas las profesionales de la Educación Social en pie de reivindicación, ya que en el borrador, se obvia la titulación de quienes opten por presentarse a una plaza pública de educador o educadora social.
Vamos, que cualquiera podría presentarse, aunque no haya cursado el grado o la diplomatura de Educación Social o tenga la habilitación profesional reconocida.
Si cualquiera de los supuestos comentados al inicio de esta reflexión, los calificaríamos de ilógicos, disparatados, irracionales, desatinados, incongruentes e, incluso, a los y las representantes políticos de turno que plantearan algo parecido los tacharíamos de torpes, necios o ineptos, no puedo entender, que en el caso de nuestra profesión se plantee, sin que se les caiga la cara de vergüenza a quienes representan a la ciudadanía en las Cortes, ya que esto supone una deficiente atención hacia esas personas que sufren mayor vulnerabilidad y que merecen que se las atienda por los y las profesionales que están cualificados para ello.
Espero que esto se corrija y que el lunes, cuando se apruebe la ley, podamos celebrar que se nos haya reconocido la profesión y todo esto quede como un mal sueño.
Desde aquí todo mi agradecimiento y el apoyo incondicional hacia las personas de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana que se están dejando la piel peleando por la profesión.
