Buenas noticias para la educación social

La semana pasada mostraba mis reparos ante la posible derogación de la LOMCE y las medidas anunciadas por el gobierno central para la mejora de nuestro sistema educativo, por considerarlas insuficientes ante la realidad del elevado índice de fracaso escolar y abandono prematuro, además del problema del absentismo, que viene a ser la antesala de las dos primeras… Los datos a nivel estatal y a nivel autonómico son preocupantes y quedan lejos de las recomendaciones europeas que fijan estas tasas en tan solo un 10% para el 2020.

Como madre comprometida y relacionada muy activamente en el mundo de las AMPAs, llevo años leyendo, hablando, pensando, asistiendo a foros, debates, y mesas redondas, donde se abordaba el tema del fracaso del sistema (que no del alumnado o/y de las familias), para el que no hay una solución única…

Más tarde, ya como educadora social, he podido comprobar que, efectivamente, es un tema complejo que requiere soluciones múltiples, a nivel social, educativo, administrativo, de coordinación, pero sobre todo de compromiso. Compromiso con las personas, compromiso con todos esos chicos y chicas a las que el sistema excluye, dificultándoles mucho sus trayectorias vitales. Y mi trabajo y reivindicación constante es la de la inclusión de nuestra figura profesional en las escuelas e institutos, como fórmula para paliar esos datos tan negativos que nos acompañan.

Es por eso que, al leer que el Gobierno de Canarias presentó esta semana el informe de la evaluación llevada a cabo sobre su Plan de Prevención Socioeducativa Experimenta, con un total de 36 educadoras y educadores sociales, que han intervenido en 78 centros educativos, me emocionó comprobar que la valoración ha sido muy satisfactoria y ha habido un amplio consenso sobre la necesidad de la presencia de los profesionales de la Educación Social en las escuelas, que han abordado cuestiones tan relevantes como la detección, prevención y seguimiento de casos de vulnerabilidad social y familiar, la conexión con los recursos comunitarios, el fomento de la participación y otras muchas, convirtiéndose en referentes de apoyo al profesorado.

Nuestro trabajo en los centros educativos se podría clasificar en cuatro tipos de acciones: preventivas, con actuaciones motivadoras que fomenten entre el alumnado y sus familias una actitud positiva hacia el aprendizaje y la escolarización y buscando canales de comunicación entre las familias y los docentes, para el acercamiento y conocimiento mutuo; de control, con intervenciones efectivas desde las realidades y las necesidades de cada niño y de cada niña, buscando alternativas que se adapten a las mismas; globalizadoras, asegurando la coherencia de todos los agentes responsables: centro, familias, alumnado, servicios sociales y entidades del entorno, coordinando y gestionando las acciones; y de acompañamiento, para el alumnado y las familias, que favorezcan la inclusión efectiva y eviten que se reproduzcan las situaciones de conflicto e inasistencia a los centros escolares.

Espero que la iniciativa de Canarias se extienda a la península, y el resto de comunidades autónomas tomen buena nota de esta experiencia de éxito, que, estoy segura, constituiría un hito en la historia de la educación de nuestro país.