¿Inseguridad procedimientos contratación Ayuntamiento Valencia?

Todo “Macro Concurso” que se precie en el ámbito de la Licitación Pública, tanto en Construcción como en Servicios Urbanos, (1.325 Mill. euros), se encontrará casi siempre sometido a las controversias de los Licitadores, y no cabe duda de que el relativo a la Limpieza Viaria y Recogida de R.S.U de la capital del Turia, goza de una aureola digna de las mejores empresas del sector.

Por otro lado, debo manifestar como jurista que la intervención del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales inspira confianza dada su vasta experiencia en la licitación pública.  

Las peculiaridades del procedimiento contencioso administrativo y la especial carga de trabajo que recae sobre los tribunales de este orden jurisdiccional aconsejaron al legislador español hacer uso de la posibilidad contenida en la Directiva 89/665/CEE de encomendar la competencia a un órgano administrativo independiente.

Naturalmente, al carecer de “interés legítimo”, no he tenido acceso al Expediente en cuestión, lo cual me impide fundamentar con mayor alcance el presente Artículo de Opinión.

Consecuentemente, con las reservas del caso, y ante este supuesto, he recurrido a las declaraciones del concejal de Ecología Urbana y lo publicado en distintos Medios de la Generalidad Valenciana.

Respecto a las primeras, observo, en un funcionario de su responsabilidad algunas discordancias en la síntesis de su exposición, algo parecido a un no pero sí, o un sí pero no. Nada en lo referente en lo personal, sino a las expresiones institucionales llevadas a cabo.

Ardua labor espera los intervinientes ante las controversias que ofrecen las partes a fin de disipar cualquier sombra perturbadora sobre el Concurso.

Lo sustancial de lo sucedido por ahorrarnos repetir lo que los lectores, si lo he entendido bien, que nos encontraríamos ante un nuevo concurso.

Ahora bien, no se puede ignorar que en ocasiones pueden surgir ciertos desapegos en las AA.PP  hacia los Controles de Eficiencia, Eficacia, Economía e Integridad, qué por su naturaleza, son consustanciales a la Administración.

Afamados autores como J. V. González García, A. Palomar Olmeda, J. Leguina Villa y Ramón Tamames, entre otros muchos, así como Tesis Doctoral del Autor, páginas 713 y s.s. han aseverado, entre otros puntos a lo referenciado, que:

La evaluación de la eficacia de una gestión no puede plantearse seriamente si no se dispone plenamente de una planificación asentada en unos programas en los cuales los objetivos aparezcan claramente establecidos y especificados en la medida de lo posible. Es decir, a través de la eficacia medimos la relación entre los recursos obtenidos y los objetivos esperados.

El control de la eficiencia supone el poder disponer de unas pautas o valores de referencia, frente a los cuales sea posible establecer comparaciones, o lo que es lo mismo, medir la relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos.

Abunda el Prof. Tamames, que la misión de la eficiencia es estrictamente económica, mientras que la eficacia es organizativa o administrativa, suponiendo ambas otras autotutelas de las AAPP, en su consideración de actuaciones públicas enérgicas a través de los servicios prestados.

Como colofón y resumen, hacer mención jurisprudencialmente, siguiendo la doctrina expresada por el T.C. en la S.S 178/1989 (2/11/1989) y 22/1984, sintetizadas por Alfonso Parejo, así como S.T.S.J. de Santa Cruz de Tenerife (29/10/99) y otras SALAS, en opinión de este humilde jurista, dichos principios y controles aplicables en el procedimiento de adjudicación, son además extrapolables al periodo de ejecución de los trabajos, siempre y cuando no se perviertan las reglas, sin haber comunicado posibles deficiencias o desacuerdos.

Finalmente, no se preocupen demasiado en mi admirada tierra Valenciana, pues suele ser en la gran mayoría de España, “el pan nuestro de cada día”.

Lo afirma alguien que lleva a sus espaldas tres cuartos de siglo y sigue clamando ante el un desierto hostil. ¡REGENERACIÓN POLÍTICA!