Trabajo discreto y eficaz
El año que acabamos de recibir marcará para nuestra localidad un hito histórico que debe marcar el final de la marginalidad y problemática social que históricamente hemos asociado con el grupo B y cuyos rescoldos todavía permanecen vivos en el edificio, propiedad del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), ubicado en el número 167 de la avenida José Ortiz.
El inmueble y su entorno ha sido declarado Área de Renovación Urbana (ARU) con el compromiso de tres administraciones: Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Almassora. Un acuerdo que permitirá realojar en otros lugares a aquellas familias que se encuentren en situación legal en el edificio, para después derribar el inmueble y, por último, la construcción de nuevas viviendas de protección oficial, y no sociales como son las actuales.
El convenio para llevar a cabo este proyecto fue firmado el 15 de diciembre en Madrid por la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento. Después, y ante el conseller de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda, ratificábamos dicha firma con la adhesión del Ayuntamiento de Almassora el 28 de diciembre en la delegación de la Generalitat en Castellón.
Sin embargo, el que debía haber sido el primer espaldarazo, el voto unánime de la corporación, nunca se produjo. El convenio, enviado al consistorio el viernes 10 de diciembre y elevado al pleno el 13 de diciembre, no obtuvo el apoyo de PSPV y Bloc.
Durante años hemos estado trabajando codo con codo con las administraciones implicadas a fin de dar una solución a este problemático foco de convivencia. Bien lo saben nuestros vecinos de Fátima o Pío XII, Corell o Boqueras, y también los vecinos del inmueble situado justo al lado de este edificio, que residen a escasos metros de estas viviendas sociales.
Nuestro objetivo era buscar una solución efectiva y práctica. Nos opusimos desde el primer momento a la posibilidad de restaurar el inmueble o remodelarlo, lo que nos hubiera llevado a perpetuar la actual situación. Siempre creímos que la solución efectiva debía ser el derribo. Y tras no pocas gestiones, prolongadas durante meses, años, conseguimos nuestro propósito con el apoyo, no sólo de la Generalitat Valenciana, sino también del Gobierno central, por cierto del partido Socialista, aunque los socialistas de Almassora, una vez más, se han opuesto a algo importante para nuestra población, aunque ello suponga ir en contra de sus compañeros socialistas de Madrid.
El proyecto, valorado en 8.196.912,76 euros, contempla cuatro anualidades que comenzarán a contar desde este 2011. Durante este ejercicio se contempla una inversión de 123.429,17 euros, a la que continuará otra de 370.754,23 euros en 2012. Ambas cuantías serán aportadas por el Ministerio de Fomento, si bien en los últimos dos años (2013 y 2014) entrará la inversión del Consell y el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). Así, en 2013 serán 987.200 euros aportados por Fomento, a los que se sumarán los 900.000 del Consell, para concluir en 2014 con cuantías idénticas a las que se incorporará la inyección del IVVSA, 3.928.329,36 euros.
No podíamos decir no a un proyecto que resuelve la problemática en nuestra localidad. A un plan a tres bandas que da soluciones eficaces y efectivas a la conflictividad de un entorno residencial que durante años han sufrido los vecinos de Almassora y, más concretamente, los de los grupos que se ubican en su alrededor. Por ello, reclamamos de las Administraciones públicas una propuesta con soluciones eficaces, basadas necesariamente en el derribo del conflictivo inmueble.
Una demanda que obtuvo respuesta efectiva, ya que el proyecto que se ejecutará en cuatro anualidades contempla el realojo y la demolición de estas viviendas sociales para consolidar un nuevo inmueble que no perpetuará las condiciones del actual edificio. Las viviendas tendrán un régimen de venta o de alquiler de precio público, a las que podrán optar, entre otros, jóvenes o familias que acceden a su primera vivienda.
El convenio, que desgrana las características de este proyecto, está en manos de los vecinos desde el día 29 de diciembre. Así se lo transmitimos a los residentes del entorno del edificio en una reunión convocada para exponer los detalles del acuerdo, resolver dudas y exponer las gestiones desarrolladas desde hace años con la Generalitat. Por ello, tras la firma del convenio el pasado 28 de diciembre en la delegación del Gobierno en Castellón, fueron remitidas copias a cada uno de los responsables de las asociaciones de vecinos y afectados del entorno.
Lamentablemente, y con su habitual mal entendida oposición del “no a todo”, el PSOE de Almassora votó en contra en el Pleno, sin que nadie hasta la fecha haya podido entender porqué lo que “su” Gobierno en Madrid respalda, incluso aportando importantes recursos, encuentra el rechazo de los socialistas de nuestro pueblo. Hemos de recordar que solo 2 municipios de la Comunidad Valenciana han conseguido esta financiación para resolver problemáticas similares, Almassora y Gandía. Por cierto, en Gandía gobierna el PSOE.
