La pujanza empresarial de la Comunitat
Las políticas que en materia de empleo, inversiones a la investigación, el desarrollo y la innovación se están llevando a cabo por parte de la Generalitat Valenciana durante esta legislatura comienzan a dar sus frutos. Más allá de una declaración de intenciones o anuncios fatuos, la realidad de nuestro día a día se encarga de demostrarnos con hecho y realidades. Solo es necesario acudir a las estadísticas y a los números concretos para acreditar la situación que atraviesa la industria valenciana. Por ello, más si cabe en estos momentos es necesario que todas las administraciones, desde la local hasta la central, pasando por la autonómica, todas sin excepción, aúnan sus esfuerzos en una sola dirección: inversiones en pro de la economía productiva, la que crea riqueza, la que genera puestos de empleo, la que constituye una estructura de bienestar social y la que, en definitiva, nos hace progresar.
Sin embargo, el gobierno central no ha estado a la altura de las necesidades generales en la elaboración de las cuentas de 2018 y la Comunitat Valenciana se ha visto, claramente, ninguneada y depreciada a la hora de ejecutar inversiones y obras en territorio valenciano. El Ministerio de Fomento es uno de los que debería haberse implicado más y, por tanto, reservar las partidas presupuestarias prometidas y anunciadas a finales del pasado año. La línea de cercanías C-3 es uno de los exponentes de esa marginación. Una más y llevamos ya unas cuantas en el baúl de las discriminaciones de unas autonomías frente a otras y que, a largo plazo, provoca enfrentamiento y resquebraja la cohesión social y territorial.
Conscientes de que las empresas son las principales generadoras de puestos de trabajo en las actuales condiciones económicas, los ayuntamientos debemos ser el eje sobre el que pivota la tarea de establecer un marco administrativo adecuado para que nuestros jóvenes y los parados de larga duración -en franjas más avanzadas- tengan acceso a un puesto de empleo. Por este motivo, nuestro municipio ha acogido el I Foro Logístico de Riba-roja de Túria en el que hemos participado el grupo autodenominado G6, con empresas de Riba-roja de Túria (Comunitat Valenciana), Arteixo (Galicia), Mondragón (País Vasco), Martorell (Cataluña), Mérida (Extremadura) y Antequera (Andalucía). Todas estas localidades tenemos un punto en común: somos áreas de alto potencial logístico que coincidimos en la necesidad de construir las comunicaciones y las infraestructuras adecuadas para que las empresas puedan realizar su actividad.
Es en esa línea donde los ayuntamientos tenemos mucho que decir. Establecer unas normativas que combinen el interés general de todos nuestros ciudadanos con la adecuación de estas áreas logísticas que sirven, finalmente, para generar empleo y contribuyen, por tanto, a la vertebración de la sociedad de cada localidad. En este sentido, Riba-roja de Túria habrá invertido a lo largo de esta legislatura una cantidad superior a los 1'6 millones de euros en mejoras de nuestros polígonos industriales porque consideramos que sólo y únicamente así podremos dirigirnos todos juntos -administración y empresas- en la misma dirección: el camino indisoluble del progreso, del crecimiento y del bienestar ciudadano. Se trata sólo de un ejemplo. Ahora toca al Gobierno de Rajoy mover ficha y mostrar cuál es el papel que quiere desempeñar.
