El precio del agua potable
Estamos a la espera de la resolución final de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana -en estos momentos dirigida por un miembro de Compromís, histórico dirigente del Bloc- sobre la aprobación definitiva de las nuevas tarifas del agua potable de Gandia, aprobadas por el gobierno municipal de Gandia con los votos del PSOE y un concejal de Més Gandia militante de EUPV, y con los votos contrarios de las tres concejalas de Més Gandia que son de Compromís. Hemos recurrido las nuevas tarifas porque incluyen un nuevo concepto tarifario, amortización técnico-financiera, que grava tanto el servicio como el consumo, en una cantidad muy parecida a la que hemos estado pagando desde hace diez años, tarifa de obras transitoria, que se impuso en su día para pagar las plantas desnitrificadoras que han mejorado en mucho la calidad del agua de Gandia.
Es decir, el gobierno municipal del PSOE-Més Gandia ha aprobado la sustitución de una tarifa transitoria finalista, para pagar obras de mejora de la calidad del agua, que ahora ya no tendríamos que estar pagando, por un nuevo concepto que está claramente destinado a la amortización del capital e intereses de aquel canon anticipado de 55 millones de euros que recibió el Ayuntamiento, en 2008, entonces gobernado por el tándem Orengo-Mut. O sea, que se pretende que los consumidores del agua potable paguemos en los recibos, hasta el final de la concesión, durante 17 años, lo que la empresa concesionaria calculó que era la suma del sobrebeneficio de los 25 años de concesión, para así ganar la contrata. Hay que recordar que los 55 millones del canon fueron a las arcas municipales y no se gastaron en obras o mejoras del servicio del agua potable.
El recurso que hemos presentado se fundamenta en los conceptos jurídicos que la legislación española contiene sobre el servicio del agua potable, que es un servicio esencial que deben prestar todos los Ayuntamientos, que se sirve en régimen de monopolio, es decir, que no podemos contratar otra agua potable que la de la red municipal, sea prestado por concesión o directamente por el Ayuntamiento, y que está regido su precio, su tarifa, por la ley de contratos del Estado y por un sistema tarifario ordenado, que depende de la reglamentación municipal y autonómica. El precio del agua potable de Gandia no está liberalizado, sino que está controlado legalmente y se tiene que atener al contrato de concesión y al reglamento. Por eso, estudiado el pliego de condiciones de la concesión y el reglamento, entendemos claramente que el canon anticipado no era un préstamo a devolver, que el contrato está firmado a riesgo y ventura de la empresa y, además, que el precio del agua que consumimos ya está gravado con el 13% que se considera de gastos generales y el 6% de beneficio industrial.
Ya hubo una sentencia -la número 506/2013 de la Sala número 3 de lo Contencioso Administrativo de Valencia- que anulaba el nuevo pliego de contratación que preparó el Ayuntamiento de Gandia en tiempos de Arturo Torró, que pretendía para amortizar las cantidades del canon del agua potable y otro que también se adelantó del alcantarillado, un nuevo canon de más de 90 millones de euros, con el fundamento jurídico de que “el contrato establece en su cláusula primera, el principio de riesgo y ventura del contratista, por lo que el incumplimiento de sus previsiones sobre la evolución del servicio no le libera de las obligaciones asumidas con motivo del contrato y restante legislación aplicable, ni le concede derecho a indemnización o compensación de ningún tipo”. Me pregunto, pues, si no ha habido ningún reparo o si los funcionarios del Ayuntamiento no han leído esta sentencia cuando -me imagino- habrán informado favorablemente las nuevas tarifas que ha aprobado el gobierno municipal.
Pero aquella contundente sentencia, citando sentencias del Tribunal Supremo, añade que “Si el equilibrio económico del contrato se calculó mal ab origine, no cabe pretender su restablecimiento con posterioridad (...)”. Ahí está el nudo gordiano de la actual propuesta tarifaria del agua potable que los concejales del PSOE de Gandia con el apoyo de un concejal de Més Gandia han aprobado. Se pretende mantener, con otro nombre, la tarifa transitoria de las plantas desnitrificadoras, pues con su volumen económico se calculó el canon anticipado -y no sé, ni lo puedo afirmar, ni lo afirmo, si con una promesa de que se actualizarían las tarifas a los diez años, en el momento de que se debía bajar el precio del agua.
¿Dónde está la crítica política y como consumidores qué hacemos? Pues en que el nuevo concepto tarifario no va a ir destinado a un Plan Director de mejoras necesarias para que no se siga perdiendo por las tuberías agua tratada de muy buena calidad, se sustituyan definitivamente muchos metros de tuberías de fibrocemento, etc..., Plan Director que duerme el sueño de los justos desde 2008. No. La nueva tarifa, equivalente a las obras que se hicieron en la red, es, ahora, para pagar el canon anticipado que se gastó en todo menos en el servicio del agua potable.
Si este aumento de tarifa, pues lo que se tenía que hacer es bajar el precio del agua, hubiese sido presentado junto con la ejecución del Plan Director, se podría entender. Sin obras, sin proyectos, solo para amortizar el canon anticipado del sobrebeneficio que entonces calculó la empresa que quería ganar a otras licitadoras el concurso, apoyándose en una tarifa transitoria que se presentó a la ciudadanía con luz y taquígrafos para pagar las desnitrificadoras y que era finalista en diez años, no creemos que sea ni moral ni legal y esperamos que Compromís, en la Dirección General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, como aquí las concejalas del mismo partido hicieron, diga no a ese aumento del precio del agua potable de Gandia, como lo decimos nosotros, Los Verdes. De verdad, que lo esperamos.
Algunos responsables políticos locales deberían plantearse que los servicios esenciales de la ciudad nunca debieron ser objeto de impuestos indirectos encubiertos, que pagan consumidores, empresas, hoteles, restaurantes, etc... y se presta sin competencia posible. Tampoco estaría mal que el gobierno municipal, por aquello de la transparencia, nos contara cómo y en qué se gastaron aquellos 55 millones de euros del canon anticipado que ahora pretenden -esperemos que no lo consigan- que paguemos, con intereses, todos los consumidores del agua potable de Gandia, incluso aquellos que aún no les llega el agua tratada por no haber ejecutado el Plan Director.
