¡Nuestros pueblos se mueren!

El medio rural integra al 20 por ciento de la población y comprende el 90 por ciento del territorio. El hecho de que en este inmenso terreno se encuentren la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte significativa de nuestro patrimonio cultural deberían conferirle una relevancia mayor que la concedida en nuestra historia reciente.

El Alto Maestrazgo, al igual que las comarcas vecinas, es considerado territorio rural. La densidad de población es muy baja, y los pueblos han comenzado un declive muy peligroso de cara a garantizar la supervivencia.

No se ha tratado nunca en serio el problema del desequilibrio territorial y las consecuencias las vivimos en forma de pérdida de servicios básicos, envejecimiento de la población y falta de salidas para la juventud. El peligro de todo es que estamos llegando a un punto de no retorno para los pequeños municipios.

La crisis ha incrementado algunos de los peligros existentes y los ha hecho más evidentes. Cuando un pueblo pierde la escuela, pierde el poder de atracción de parejas jóvenes para establecerse. Cuando un pueblo pierde el consultorio médico, motiva que la gente mayor prefiera ir hacia un pueblo más grande o una ciudad para tener médico y hospital cerca de casa. Si se añade el cierre de las oficinas bancarias, y otros servicios como la farmacia, el centro de día... las personas consideran llegada la hora de irse. Y cuando unos se van, otros también, hasta dejar el pueblo al borde de la desaparición.

Esta dinámica la estamos viendo en un buen número de pueblos de nuestro entorno. Tenemos ya un montón que tienen alrededor de los 200 o 300 habitantes, e incluso algunos más pequeños. Hay quien puede pensar que esto no es ningún drama, pero realmente lo es. No sólo porque gente que ha nacido en un lugar se ve obligada a marchar, sino porque dejamos el territorio desprotegido. Y el territorio sin gente es un territorio desaprovechado, sin vigilancia ni protección del patrimonio y sin capacidad de regeneración.

Los alcaldes estamos realmente preocupados por la deriva que tenemos en la evolución de la población. La mayoría de pueblos disminuyen de habitantes, no hay puestos de trabajo, y no se ve un cambio en las prioridades del gobierno como para garantizar la pervivencia de las actividades habituales. Debe haber incentivos para instalarse en pueblos pequeños, pero sobre todo se debe conseguir arraigar a los que viven y trabajan, sean agricultores, ganaderos, artesanos..., y sobre todo garantizar que los servicios básicos se mantengan, aunque su rentabilidad sea discutible.

No siempre se deben explicar los beneficios en dinero, también hay que tener en cuenta el rendimiento social.

Castellón concentra un altísimo porcentaje de su población en la franja costera, y el desequilibrio entre ciudad y mundo rural se va ensanchando. Durante unos años pareció que habíamos parado esta tendencia, gracias a la inmigración, pero la crisis ha desbaratado este movimiento, y hemos vuelto al éxodo hacia las ciudades. Un movimiento rápido e imparable a primera vista.

Estamos a tiempo todavía de frenar esta tendencia a la espera de mejores tiempos, pero hace falta una acción decidida de todas las administraciones, en colaboración con la sociedad civil. Devolver de la ciudad al campo, será mucho más difícil.

Soy consciente de las ayudas que nos llegan desde la Diputación de Castellón, gracias a la cual los ayuntamientos pequeños podemos seguir prestando los servicios básicos a nuestros ciudadanos. La línea de ayudas enmarcadas en el programa "Repoblem" permite contratar personal para nuestras oficinas de turismo, así como las ayudas a la natalidad o adopción, el incremento de Unidades Respira, el nuevo Pla135..., constituyen una línea de políticas activas que ayudan al sostenimiento de las zonas rurales de la provincia de Castellón.

Aún así, la situación es tan grave que deberíamos ir más allá, por eso y desde mi punto de vista, creo que ha llegado el momento de que los alcaldes nos tomemos en serio el tema y trabajemos para intentar encontrar soluciones. (Debo decir que el Presidente de la Diputación de Castellón, durante la reciente cumbre de Alcaldes que tuvo lugar en el Palau, anunció ya una mesa de trabajo para tratar el tema).

Considero necesario que los representantes de los municipios que nos encontramos afectados por este problema nos juntemos con el objetivo, en principio, de recoger opiniones y, posteriormente, proponer la elaboración de un Plan contra la despoblación que debería ser desarrollado por la dirección General de Ordenación del Territorio, conjuntamente con la Diputación Provincial y los Ayuntamientos implicados.

Este Plan contra la despoblación debería conllevar medidas para mejorar la coordinación de las inversiones y ayudas de todas las administraciones, de tal forma que se diseñen planificaciones específicas para las diferentes comarcas, contando con la participación fundamental de las instituciones y los agentes sociales .

Asimismo, deberíamos dirigirnos al Gobierno de España para que active con urgencia la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del mundo rural.

Solicitar al Ejecutivo central, de manera urgente, que busque fórmulas para solucionar el problema de la financiación municipal y que incluya medidas de discriminación positiva hacia las poblaciones más pequeñas y las zonas más despobladas, financiación en el que debería colaborar el gobierno autonómico y provincial en el marco de sus competencias.

Y por supuesto, solicitar a las administraciones que se trabaje para obtener de la Unión Europea soportes, financiación y cooperación en la lucha contra el retroceso demográfico.

Sé que será una tarea muy difícil, pero no nos podemos rendir, nuestros pueblos y nuestra gente merecen todos los esfuerzos que seamos capaces de hacer.