Libertad y educación pública
Como saben, el gobierno autonómico ha reordenado, como cada año, el mapa educativo. En este caso, se ha retirado el concierto de tres aulas (lo cual no obliga a cerrarlas) en un centro en Orihuela. Ello ha provocado la reacción de parte de la educación concertada y, sobre todo, la beligerancia política del tándem PP-C's. Vaya por delante que, pese a a mis discrepancias, me parece perfectamente legítima y saludable la movilización de quienes se oponen a estas medidas. Es un síntoma de salud democrática y ojalá algunos de los gobernantes que apoyan las protestas de la concertada, no hubieran criminalizado o ignorado a las que se hicieron en defensa de la educación pública.
Sin embargo, lo preocupante no es tanto que un grupo defienda sus intereses, sino el argumentario bajo el que lo hacen. El presidente del PP oriolano escribía un artículo apelando a la libertad y “los derechos humanos fundamentales”. Convendría pues recordarle el recorte del 15% de gasto público en educación; los brutales aumentos de las tasas universitarias; el descenso del 35% en el alumnado becado en Infantil, ESO y Primaria. Podríamos evocar también la pérdida de 25.000 puestos de profesorado desde 2010 y los recortes salariales de quienes aun pueden ejercer. Si al gobierno local le parece que la actual política de Conselleria es un ataque a los “derechos humanos fundamentales”; entonces, por extensión, su partido debe ser responsable de un, digamos, “genocidio educativo”, ¿o no?.
Pero no es la batalla de cifras la que interesa, sino la de ideas. PP y C's han activado una serie de falaces proclamas basadas en la libertad. Quizá algunos deberían haber aprendido algo de la filósofa Ana Mas el tiempo que compartieron Pleno con ella en Orihuela. Yo lo intenté en Bachiller y, si algo me enseñó, es que la libertad no es algo tan sencillo.
Proteger la educación pública no sólo no amenaza la libertad, sino que la blinda y garantiza. Quienes equiparan el concierto educativo a la libertad de elegir centro parecen comparar la enseñanza con un producto de diferentes marcas que pudiera comprarse en un supermercado. Parece evidente que cualquier sociedad democrática debe aspirar a que sus educandos trabajen una serie de conocimientos y valores decididos y controlados libremente en el marco de la democracia. Como bien recuerda el filósofo Fernández Liria, se exigen ciertas políticas “en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados." En otras palabras, la libertad no está tanto en poder elegir un tipo de centro u otro, sino en la garantía de una red de centros públicos que favorezcan sujetos libres para construir su identidad en el marco de su comunidad, familia, amigos y cultura.
Por otra parte, la supuesta “libertad de elegir centro” parece que es más bien una libertad condicionada por demasiados factores. ¿Qué margen real de elección tienen familias que viven al borde la exclusión?¿pueden elegir realmente las madres y padres que viven en la precariedad? “El reino de la libertad” que decía Marx, está más allá del “reino de la necesidad”. No se puede hablar de libertad de elección para muchísimas familias que viven sumidas en la necesidad y precariedad económica. Máxime, cuando algunos concertados imponen barreras económicas e ideológicas. Según la psicóloga Rosa Cañadell “los centros concertados (excepto algunas honrosas excepciones) acaban siendo centros privados que funcionan como tales, que cobran cuotas a los padres y madres, que seleccionan al alumnado y que hacen de la educación un negocio".
Ciertamente, quizá el centro Jesús María de San Isidro pertenezca esas “honrosas excepciones” . Un colegio arraigado a sus barrio y preocupado por su gente. Poco que ver con otros centros de ínfulas elitistas y medievales cuyos directores actúan como inquisidores empresariales. El problema, sin embargo, es preciso entender que el concierto educativo supone una anomalía democrática. Fruto de un país que, tras acabar la dictadura, se encontró con una educación pública incapaz de asumir una enseñanza en práctico monopolio de la Iglesia Católica. El concierto educativo, algo casi inexistente en el resto de Europa (en Finlandia, el 97% del alumnado pertenece al sistema público), quizá tuviera sentido como medida transitoria de emergencia, pero acabó, con la complicidad de unos y otros, por cronificarse. Queda una transición pendiente (otra más) hacia una enseñanza pública universal y de calidad. Eso no supone negar la libertad de nadie, al revés significa ampliar la de todas y todos. En ese sentido, quizá centros concertados deben elegir: o ser munición barata en manos de la guerra privada del PP, poco interesado en el bienestar de familias y alumnado; o aceptar ese proceso de transición y que colegios que han hecho una digna labor contribuyan hoy, desde un diálogo crítico pero constructivo, a consolidar una red pública digna.
Nuestra mano, y asamblea, sigue abierta para un dialogo crítico y constructivo. Desde la certeza de que sólo la universalidad de la educación pública nos garantiza la libertad de ser humanamente diferentes, haciéndonos socialmente iguales.
