La justicia es un servicio público
Lo triste de la cuestión es que el interminable e inacabado debate sobre el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, esconde día tras día la innumerables carencias de la Administración de Justicia, que es lo que realmente le importa a los ciudadanos no políticos: que se resuelva “su asunto”, y más ahora en tiempos de crisis económica en que es más que necesario que el tráfico mercantil se agilice y se pueda acudir al Juzgado a resolver todas las cuestiones y controversias que tengan que ver con contratos, concursos, deudas y demás, so pena de agravar la cuestión.
Ese velo de procedencia política es el que esconde la cruda realidad de la Administración de Justicia española: la falta de medios personales y materiales. Desgraciadamente cada cierto tiempo ocurren “desgracias” por llamarles de alguna forma, que no se pueden tapar por ser sumamente escandalosas. El último episodio notable que lamentar fue el caso “Mari Luz”. De repente todos los políticos se apresuraron a salir dando soluciones al problema primigenio de la Justicia en España. Vamos a centralizar Registros, vamos a informatizar la justicia, vamos a hace compatibles las diferentes aplicaciones informáticas que existen entre las distintas Administraciones que gestionan la Justicia, vamos………Al menos eso dijeron.
Nadie les ha echado en cara todavía, que hace tan solo diez años no había tantas aplicaciones informáticas que compatibilizar. Bueno, en algunos lugares sencillamente no había nada que compatibilizar porque no existían. Ahora existen diferentes aplicaciones no compatibles incluso dentro de la propia Administración. Tampoco nadie les ha echado en cara que hace casi diez años se produjo un Pacto de Estado por la Justicia, que se guardó en el cajón del olvido porque a nadie le importaba un bledo. Pero mira, a fuerza de escándalos los españoles acabamos enterándonos del interés real que se tiene en algunas cosas como la Justicia, y de paso lo ineficiente y caro que resulta el estado autonómico que sufrimos.
Lejos de aprender la lección desde el Ministerio de Justicia se ha optado por seguir en la línea del populismo, dedicándose a vender humo tecnológico, reformas virtuales y a comprar voluntades al más puro estilo paternalista echando mano del corporativismo de algunos grupos. Huele a que el único planteamiento serio que se han hecho es lo que les va a costar, lo que no está de más, viendo como está la economía, sino fuera porque el resultado es casi tragicómico, sobre todo, cuando se escucha en sus mentideros que esto cuesta cuatro duros.
Sr. Ministro; a ver si me explico: si usted tiene un ejército desmoralizado con generales desmotivados, todos hastiados de ver que combaten montados a caballo y armados con trabucos y escopetas en el mejor de los casos, al que además últimamente les ha puesto equipos de radio, pero en los que se puede hablar solo en un idioma y distinto en cada aparato, contra ejércitos tecnológicamente modernos, solo pueden ocurrir dos cosas: primero que perderá usted todas las batallas y en definitiva la guerra si sigue así; y en segundo lugar, o que se gasta usted el dinero o a su ejercito, además de parecerse al de Pancho Villa, le quedan “dos telediarios”.
Para acabar, si le da a usted por pertrechar a su ejercito y no consulta con los generales ni con la tropa, y como mucho le plantea la cuestión al grupo de los alférez porque es más barato, ya solo cabe una línea de pensamiento: que a usted su ejercito le importa una “boñiga”.
Para un servidor de usted, que trabaja o trata de hacerlo en la Administración de Justicia, la cuestión es radicalmente distinta: todas las administraciones involucradas en la gestión de los medios materiales y personales de la Administración de Justicia han de invertir en este sector parar superar la falta de medios acuciante que se sufre; resulta imprescindible formar e involucrar al personal en la reforma del sistema y en la utilización de las nuevas tecnologías, y además, hacerlo de forma pacífica y pactada. Imponerlo “a las bravas”, sin contar con el personal -con todo el personal, desde el Juez al último funcionario- es condenar al fracaso cualquier intento serio de reforma.
