2 junio, un día poco europeo para la bicicleta

Este 2 de Junio día Europeo de la Bicicleta deberíamos estar de celebración por la expansión de este medio de transporte y deporte en nuestra sociedad durante los últimos años. Generalización de los sistemas de préstamo en las grandes ciudades, mejora de alguna infraestructura, bicicletas disponibles para todas las necesidades y para todos los bolsillos.

Sin embargo queda aún mucho por avanzar para ponernos a nivel de cualquier país europeo y fundamentalmente de los más avanzados. Entre estas conquistas pendientes está la apuesta decidida de las Administraciones por la bicicleta como medio de transporte al centro de trabajo o de estudios. En Francia, sin ir más lejos existe una ley que abona unos céntimos por kilómetro a quienes acuden diariamente a su puesto de trabajo desde casa en bicicleta, además de pequeños beneficios fiscales para las empresas con trabajadores usuarios de bici.

Las infraestructuras son otro aspecto importante. Mientras en España durante la etapa ZP, se inauguraron numerosas vías verdes y se redactaron planes y estudios para extender redes de comunicación en bicicleta. La crisis ha frenado en seco estas inversiones, aun siendo económicamente viables en tiempos de crisis y socialmente mucho más rentables y necesarias dando el incremento del precio de la gasolina y el transporte público.

Un ejemplo lo podemos encontrar en la conexión Vila-real – Castellón, distan apenas 8 kilómetros y ninguna administración ha sido capaz de invertir un solo euro en crear la más mínima infraestructura que una los dos núcleos poblacionales y económicos de la provincia, ni una sola señal de advertencia, seguridad o mínima infraestructura para que se circule en bicicleta con cierto sosiego, demostrando así mismo el nulo compromiso medio ambiental.

Con estos mimbres, la DGT decide sacar un reglamento con el que pretende obligar a los ciclistas a usar obligatoriamente el casco, no ya en estas vías interurbanas como ocurría hasta ahora, sino también en las urbanas. Proporcionando para ello datos genéricos de accidentes, que no detallan quien usaba casco o no en el momento del accidente. Algo inaudito si atendemos a que seríamos el único país de Europa que pasaría de la recomendación a la obligación sin mediar un aumento de la accidentalidad de los ciclistas o campañas de sensibilización y seguridad vial previas dirigidas a conciencias a conductores y ciclistas, lo que podría explicar esta medida. La única razón que algunos han podido aventurar es precisamente la amenaza que la expansión de la bicicleta puede suponer, especialmente en tiempos de crisis, a las industrias automovilística, del petróleo y las aseguradoras, por las que el gobierno central ha mostrado y demostrado debilidades y concesiones.

Las principales ciudades de España, pero también de la CV, Valencia, Alicante, Elche, Gandía, Castellón o Vila-real han aprobado recientemente por práctica unanimidad declaraciones institucionales contrarias a esta medida dirigidas a la Directora General de la DGT Maria José Seguí, antigua trabajadora de seguros. Sabedores de que sus costosos sistemas de préstamo pueden estar en peligro, con el riesgo que supone la vuelta al caos de tráfico anterior a su puesta en marcha. Algunas como Alicante, Gandía, Benidorm y Altea han hecho un esfuerzo por sincronizar sus sistemas de préstamo, lo que las hace más eficaces y accesibles a más usuarios. Algo que no han sido capaz de lograr Castellón y Vila-real aun disponiendo de un sistema de tarjetas compatibles, que permite dar un servicio común aunque cuando no estuvieran conectadas ambas ciudades. La propuesta de conexión viaria fue formulada hace 6 meses por los colectivos de bicicleta en la DGT de Castellón en una reunión con la Guardia Civil y técnicos de Infraestructuras, suponiendo un mínimo coste. Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta, ni se han iniciado planes para su estudio.

Por último, no podemos olvidarnos de la escandalosa ola de robos de bicicletas que está peinando la población de Castellón. Hace unos meses hicieron estragos en los barrios del Raval Universitario y Sensal. Los últimos días en la zona de Ribalta parece que sin freno hacia el centro de la ciudad. Los robos sobrepasan el centenar y cada golpe supone la desaparición sin rastro de al menos una decena de bicicletas, unido al destrozo de trasteros y demás infraestructuras. Hace ahora 3 años, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Castellón, propuso crear un registro municipal de bicicletas gratuito que dotara a los usuarios de la ciudad de una seguridad en caso de pérdida o sustracción gracias a la dotación un chip GPS integrado en el cuadro, lo que facilitaría su localización. Llevado como moción al pleno, fue aprobada por los grupos, aun cuando el PP discrepaba de su gratuidad y de que se dotara de GPS. Fue aprobada y desde entonces el equipo de gobierno popular ha sido incapaz de ponerla en funcionamiento, con el resultado y las consecuencias tan negativas que ahora están comprobando a diario los vecinos de Castellón.

Recordamos que el PP también se opuso a las propuestas socialistas de ampliación del horario de préstamo, que finalmente aplicó excepto en festivos y a la eliminación de las acera-bici, que va haciendo desaparecer a cuenta gotas sin que nadie se dé cuenta. La última sesión para no dejar rastro tuvo lugar el día de la jura de bandera en La Farola.

Estos despropósitos reiterados de las distintas Administraciones del PP, llevan a pensar que su capacidad de gestionar los recursos públicos, se limitan a una visión corto placista, buscando sólo el falso rédito electoral. Sin caer en la cuenta que la oposición y los ciudadanos/as proponen mejoras que en muchos casos son urgentes y no pueden esperar a que despierten del sueño de los justos, tratándolos injustamente con desdén y olvido. Llegando incluso a negar la abrumadora evidencia y poner en riesgo la integridad del peatón, del ciclista y de las propias bicicletas, con medidas injustas, innecesarias, ineficaces y que llegando a disuadir del uso de la bicicleta, limitándose a vanagloriarse de “su sistema de préstamo” del que no ofrecen datos de usuarios desde que es de pago y que el propio equipo de gobierno, con el alcalde a la cabeza, no dan ejemplo con su uso a diario.