Jueces para la Democracia ante el Día Internacional contra la Violencia de Género
En el Día Internacional contra la Violencia de Género, Jueces para la Democracia muestra su preocupación ante los efectos negativos de la crisis económica sobre la prevención y actuación efectiva ante la violencia contra las mujeres. En los últimos años se han reducido un 10% las denuncias por violencia machista. Y en este último año un 12% de las mujeres que presentaron denuncia la retiraron después. Las dificultades económicas, la precariedad laboral, los problemas para hacer frente a las cargas familiares y los recortes en las prestaciones sociales están provocando unas consecuencias especialmente negativas. La situación económica está provocando un incremento de la discriminación y de la desigualdad social, lo cual afecta de manera directa al fenómeno de la violencia de género, ante la mayor indefensión que sufren muchas mujeres. Además, se ha producido una importante disminución de los servicios institucionales de apoyo a las mujeres y menores víctimas de esta forma de violencia, así como de las medidas directas de protección social.
El menor número de denuncias no supone un descenso de la violencia de género. Más bien lo que se ha incrementado es la cifra oculta de mujeres que sufren esta violencia y no la denuncian. En el presente año han muerto 43 mujeres víctimas de violencia de género y la gran mayoría no habían presentado denuncia. Ello nos demuestra los riesgos de que exista un alto porcentaje de violencia de género oculta que no llega a nuestros juzgados.
Resulta necesario reclamar un gasto público adecuado para que se pueda ofrecer un apoyo institucional eficaz a las mujeres que padecen la violencia machista. También debe incrementarse el apoyo y atención a los/las menores, que han sido las víctimas olvidadas de esta forma de criminalidad. El 70,6% de las mujeres que están sufriendo episodios de malos tratos tiene menores a su cargo; y el 61,7% de los casos cuenta directamente con menores presentes en el hogar.
Deben ponerse en funcionamiento en todos los juzgados de violencia sobre la mujer y en los juzgados de instrucción de guardia las unidades de valoración del riesgo integral, de acuerdo con lo previsto legalmente. Las mismas deben examinar y valorar también a los menores, y efectuar en sus informes las indicaciones profesionales que sean más adecuadas en cada caso. Procede llevar en cada caso un estudio riguroso, profesional e individualizado de las limitaciones y exclusiones, lejos de aplicaciones apriorísticas que pueden resultar en su aplicación gravemente perjudiciales para los/las menores.
Por otro lado, se observa con preocupación el incremento de la violencia de género entre los sectores más jóvenes de la población. Entre menores de edad el aumento es considerable. En 2011 se incoaron 473 procedimientos por estos hechos y en 2012 se registraron 632 asuntos. Estos datos muestran una tendencia preocupante, al reproducirse entre jóvenes los roles característicos de la violencia machista entre personas adultas.
Esta situación nos demuestra la importancia de reforzar los valores educativos en materia de igualdad. Por ello, desde Jueces para la Democracia queremos poner de manifiesto el retroceso que supondrá la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), pues en la misma no se contempla la educación en igualdad de sexos, ni la formación para la prevención y resolución de conflictos, de acuerdo con las previsiones de la Ley de Igualdad y de la Ley Integral. La educación es un medio imprescindible para avanzar en la igualdad y en la erradicación de la violencia de género.
Desde Jueces para la Democracia consideramos que resulta necesario un mayor compromiso de los poderes públicos en su actuación asistencial a favor de las víctimas. Y queremos recordar que la actuación más eficaz ante este tipo de delitos requiere no solo de la disuasión penal, sino también especialmente de una intervención dinámica y positiva de las instituciones y del conjunto de la sociedad, que neutralice las raíces y causas de esta forma de criminalidad.