La injusticia de la legalidad: Imputado es igual a culpable

En los términos tanto de justo–injusto como de legal-ilegal habitualmente se pierde la ciudadanía, sobre todo cuando unos únicamente se apoyan en el tecnicismo jurídico para recrearse en él el tiempo que sea necesario frente a otros cuya necesidad es la de un resultado rápido para poner las cosas en su sitio. Hay que comenzar diciendo que cuando un juez imputa un delito y el imputado argumenta su inocencia, el togado suele hacer elogios sobre las ventajas del estatus de imputado. Ventajas que el inocente no percibe por ninguna parte puesto que, acto seguido, debe contratar un abogado, lo que le supone un coste económico; y, además, tiene que dar un sinfín de explicaciones en su entorno, lo que le supone un coste social añadido que depende del rango que ocupa el imputado.

Todo ello como consecuencia de la noción que la sociedad tiene del concepto: IMPUTADO ES IGUAL A CULPABLE. Por eso en ocasiones, los enemigos celebran mucho más la imputación que la condena en sí misma. La imputación es el primer castigo y, muchas veces, el único al que se somete al ciudadano que, por una u otra razón, ha terminado en manos de la justicia, llevando además acarreado el desprestigio del cargo o institución que representa cuando se trata de una persona pública.

Además, se trata de una acusación sin consecuencias jurídicas. El juez no incurre en ningún tipo de responsabilidad por la desimputación posterior, ni tampoco se le podrá reclamar la vuelta a la normalidad del imputado que, posiblemente, no pueda recuperar jamás.

¿Cual es, entonces, el porqué de la condena social paralela con la que se ejecuta al imputado? Encontramos una primera explicación lógica en la excesiva lentitud de la justicia, y la necesidad social de un juicio más rápido, algo que castigue o absuelva al sospechoso. ¡Y qué mejor que la figura del imputado para discernir la controversia a priori! Por ello la perversidad de los juicios paralelos podría evitarse con una justicia dinámica y rápida, que ofreciera un resultado en un plazo de tiempo razonable y no como a las demoras a las que nos tienen acostumbrados.

De este modo, en la actualidad, asistimos a procesos cuyo resultado es observar cómo un expresidente de la Generalitat Valenciana sale inocente de los cargos de los que se le imputaba, pero que ya se ha visto obligado a abandonar sus responsabilidades públicas. Vemos, igualmente, a un expresidente de la CAM que nunca hubiese sido presidente de dicha entidad si la justicia hubiese dictaminado antes la falsedad de las cuentas de la institución a la que representaba en 2006. Y, asistimos, en los últimos días, a la imputación de Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante más popular, cercana y accesible de todos los tiempos, a que le puede costar el puesto mucho antes de que pueda defenderse. La imputación, es decir, el atribuirle a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable, debe demostrarse.

Espero que ahora se pueda entender el titulo de este articulo y la evidente reivindicación de una legalidad que no tropiece con la justicia y que impida, de una vez por todas, los juicios paralelos.