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Por Cristóbal Navarro - Presidente CEPYME Alicante
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El derecho a la huelga ¿quién gana y quien pierde?

    Este próximo jueves, 29 de marzo, asistiremos al ejercicio de un derecho constitucional, el de la huelga. Esperemos que nadie olvide que los que queremos trabajar también tenemos nuestros derechos y que tienen igualdad de rango en el texto constitucional; que, además, unos y otros tenemos derecho a la libertad de movimiento y de expresión. Esperemos, también, que no se quiera imponer un “derecho” por la fuerza y que no se retenga a nadie en contra de su voluntad. Todo ello debe ser una esperanza que no debemos perder y que aunque en el pasado no haya sido realidad, un día podrá serlo.

    Esperemos que sea en este día 29 y que podamos desterrar los miedos. Es muy triste que, en un país de libertades como es el nuestro, en sedes y edificios de CCOO y UGT, lucen orgullosos sus letreros luminosos identificativos y, sin embargo, los de la patronal no tienen prácticamente distintivos para evitar el ensañamiento de algunos exaltados, no sólo en las jornadas de huelga sino el resto del año.

    Es más triste todavía que muchos trabajadores pidan la baja de enfermedad para secundar la huelga y evitar así que les descuenten el día de la nomina. Es penoso que se boicotee a las personas que quieren ir a trabajar cortándoles el paso a los transportes públicos que están cumpliendo los servicios mínimos y bloqueando accesos y entradas a los puestos de trabajo. Estamos en un país donde los “liberados sindicales” tienen un coste desconocido, pues no sabemos el número de individuos que mantenemos, aunque los cálculos sitúan la cantidad por encima de los 1.500 millones de euros.

    Estos profesionales de la huelga dicen que superan en número los 50.000, cantidad muy importante a la hora de valorar el coste, pero muy pequeña cuando se trata de abordar la tarea de paralizar un país que se encuentra al borde del cataclismo económico y social. Esto si es productividad y eficacia, en sentido negativo, claro. Ellos no renuncian a sus prebendas, no ceden ni un milímetro de sus ventajas personales (que no colectivas) y no aportan ninguna solución, únicamente colaboran en el sostenimiento de su nefasto negocio.

    Personalmente opino que una huelga general es más propia de otro tiempo, cuando podía provocar los efectos deseados, conquistar derechos para los trabajadores y mejorar por ende su trabajo y su vida. Pero nos encontramos ante nuevos tiempos, con situaciones pendientes de evaluar y, sobre todo, que hay que tratar de analizar bajo un prisma distinto a los esquemas utilizados con anterioridad.

    ¿Hay, proporcionalmente, más trabajadores en la miseria que empresarios o están, ambos colectivos, tristemente empatados? Con la huelga general, ¿se ataca a las grandes corporaciones y lobbies de presión o se consigue realmente que PYMES y trabajadores pierdan aún más su poder adquisitivo? ¿A quién maltrata más el sistema financiero, a trabajadores, ciudadanos, PYMES ó a todos por igual?

    Entonces ¿por qué debemos sufrir esta huelga? Si nos paramos a pensar el coste estimado que soportará el 29M (1.000 Millones de Euros, con un seguimiento del 35 %), resulta una cifra que podría paliar un 20% del déficit forzado que hemos tenido que aceptar para no hundir nuestra economía. ¿Hemos valorado que, con el coste de la huelga, en la provincia de Alicante, podríamos salvar la SGR varias veces? ¿Por qué no se salía a protestar a la calle cuando los “Faraones” del pasado más inmediato, protegidos por los colores de uno y otro partido, despilfarraban sin ningún control, hipotecando el futuro de nuestros hijos?¿Acaso han servido para algo la multitud de huelgas generales que se han hecho en Grecia?

    Sufrimos un abandono completo de la cultura del esfuerzo, que ha desplazado -por desgracia- la filosofía del sacrificio necesario para conseguir las cosas importantes. Seria más positivo el ejercicio de calcular que, con la producción de 30 días de trabajo de la mano de obra activa, se conseguiría cubrir completamente el déficit publico de España y nos situaríamos a la cabeza de Europa. Entonces sería el momento de exigir, con las medidas que fuesen precisas, el incremento de los derechos de trabajadores, ciudadanos y pequeños comerciantes y empresarios; mientras tanto, estaremos jugando al peligroso juego de querer vivir del esfuerzo de otros y no del nuestro, convirtiendo, por tanto, el ejercicio constitucional del derecho a la huelga algo completamente injusto, anacrónico, inoportuno e insolidario. Perdemos todos.

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