La democracia que nos han robado
Hoy España no es un estado libre ni tampoco lo son sus ciudadanas y ciudadanos. Su soberanía languidece y tras ella, girando contra su voluntad hacia el abismo, la voz de miles de familias continúa siendo ignorada, ninguneada por la mayoría absoluta de un Gobierno que se cree con autoridad para hacer y deshacer a su antojo, pasando por encima de la ética y del decoro, y pisoteando, con una desvergüenza pasmosa, principios y valores democráticos, todo ello sin en el menor rubor visible en el endurecido rostro del Presidente del Gobierno, como si los votos que lo catapultaron justificasen el autoritarismo y la prepotencia con la que gobierna.
Un voto no es un cheque en blanco, es una delegación -condicionada- de parte de quien realmente ostenta el poder en una democracia: el Pueblo. Esto significa que el Partido Popular no recibió el apoyo de la mayoría del electorado para luego poner en práctica las políticas actuales y que nada tienen que ver con su programa electoral. Por esta razón, millones de ciudadanas y ciudadanos se sienten estafadas/os, puesto que las actuaciones del Gobierno no obedecen al mandato que se le encomendó a través de las urnas. Prueba de ello es que si hoy se celebrasen elecciones anticipadas el PP no obtendría ni la mitad de los votos que obtuvo en 2012. Por todo ello, no es descabellado considerar que estamos ante un fraude electoral, que este Gobierno no es legítimo y que debería dimitir de inmediato.
Muy poco se podía esperar del Partido Popular, dicho sea de paso. Nada bueno podría surgir de una banda de apariencias mafiosas y posiblemente fundada con el único propósito de delinquir, concebida en las mismas entrañas del franquismo, en oscuras mansiones tal vez habitadas por criminales y golpistas, enemigas/os –ayer y hoy- de la democracia, pistoleras/os que una noche se acostaron siendo fascistas y despertaron a la mañana siguiente como demócratas, amnistiadas/os por una Constitución de papel-cartón hoy caduca, totalmente inservible, vilipendiada y que urge constituir de nuevo, desde abajo, no desde arriba como ya sucediera en el año 2011 a iniciativa del PSOE y del PP.
En aquella ocasión la reforma constitucional se auspició para servir a los intereses de la banca, anteponiendo el pago de la deuda pública a las inversiones en educación, sanidad, cultura, investigación, empleo, vivienda… y, en definitiva, a todo aquello que signifique progreso y bienestar social. El artículo 135 de la Constitución Española, urgido a espaldas del pueblo, supuso darle un puntapié al Estado Social con el objeto de atender las exigencias de los acreedores financieros -y a ese nido de cuervos que nos gobierna, a quien nadie a votado: La Troika-. El punto 3 del citado artículo reza así: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en los Presupuestos Generales del Estado y su pago gozará de prioridad absoluta”.
Llegados a este punto, parece lógico pensar que este Gobierno no nos representa, que solo sirve a sus propios intereses y a los intereses de las oligarquías con las que se codea, y que no mira por esa España a la que tanto dice defender. Por esta razón, su dimisión viene exigiéndose desde hace tiempo. El mal llamado “Caso Bárcenas”, renombrado recientemente como “Caso de la financiación ilegal del PP” y que no es más que el “Caso de los sobornos a la cúpula del Partido Popular”, incrementa justificadamente los motivos por los cuales este Gobierno debería marcharse a su casa –sino a la cárcel- dejando paso a unas nuevas Elecciones Generales, a la libertad de decidir de un pueblo, y a la vida.
