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Por Carme Santamaría - Secretaria Igualdad PSPV-PSOE Castelló
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El PP deja caer sobre los hombros de las mujeres el peso del cuarto pilar del bienestar

    Con la aprobación de la Ley de la Dependencia por parte del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, se reconocía el derecho de las personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad necesitaban apoyos para desarrollar las actividades de la vida diaria a recibir la atención necesaria de los Poderes Públicos. Se intentaba así, reflejar la preocupación del Estado por las personas que no podían valerse por sí mismas. Esta ley ha sido el mayor avance social en décadas, una ley que aspiraba a atendernos a todas y todos con dignidad e igualdad, y que estaba llamada a convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar.

    La Ley de la Dependencia, junto con la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, fomentaba además la corresponsabilidad de la vida laboral y familiar de todas las personas, y apostaba por un modelo en el que las instituciones, los agentes sociales y las políticas públicas se comprometían con el fomento de la conciliación de la vida familiar y laboral evitando así la feminización de la pobreza, puesto que las dificultades para conciliar siguen siendo un lastre para el desarrollo económico y social de las mujeres. Sin embargo, los recortes aprobados por el PP el pasado mes de Julio, nos conducen inexorablemente a la desaparición de esta ley, una conquista mayoritariamente femenina, cuya derogación encubierta supondrá una tragedia para la vida de muchas mujeres. Como lo será también para la economía y para el bienestar social.

    Las mujeres son el 67% de las personas que se benefician de la ley. La mayoría tienen más de 80 años, ingresos bajos y falta de recursos para ser cuidadas en su entorno. Recordemos que las mujeres tienen pensiones mucho más bajas que los hombres porque han cotizado menos, y su mayor esperanza de vida hacen que vivan más tiempo solas. A ellas les cuidan sus hijas y sus nueras. A ellos, además les cuidan sus cónyuges.

    En la actualidad, el 95% de las cuidadoras son mujeres entre 55 y 65 años. De entre las mujeres cuidadoras, un 43 % son hijas, un 22 % son esposas y un 7'5% son nueras de la persona cuidada Una parte muy sustancial de cuidadoras comparten el domicilio con la persona cuidada y en la mayoría de los casos no existe una ocupación laboral remunerada de la cuidadora. Ellas también son frágiles y vulnerables. Se calcula que el 83% de las cuidadoras sufre el conocido “Síndrome del Cuidador Quemado”, una dolencia que conlleva problemas de salud física, psíquica y una alteración de la vida social y laboral, que se evitaría en gran medida con una buena aplicación de la ley.

    El PP además de rebajar entre un 15% y un 30% la prestación a los dependientes por cuidados en el entorno familiar, también elimina las cotizaciones a las cuidadoras, que en muchos casos les servían para poder completar períodos cotizados y tener derecho a una pensión de jubilación en el futuro, incrementando así la pobreza de las mujeres que cuidan a todas las edades y eliminado su acceso a la tarjeta sanitaria como derecho individual.

    Todas estas acciones manifiestan a las claras la ideología del PP: quieren que la mujer siga siendo la cuidadora del familiar dependiente, sin retribución ninguna y no se plantee ingresar en el mercado laboral. El modelo ideológico del PP, contrario al Estado del Bienestar y la Igualdad, supone un retroceso fundamental en los derechos de las mujeres y exigimos al Gobierno de Mariano Rajoy que libere a las mujeres de la obligación de cuidar, reconociendo su deber público de asumir esta responsabilidad social. De lo contrario, corremos el riesgo de que “el cuarto pilar del Estado del Bienestar” continúe recayendo, como siempre, sobre los hombros de las mujeres.

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