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Por Cristóbal Navarro - Presidente de Cepyme Alicante
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¿La construcción, culpable de todos los males?

    Hoy parece “pecado mortal” todo lo que tenga que ver con la construcción y ni siquiera se la puede nombrar. La tenemos arrinconada, proscrita y abandonada a su suerte, pero tengamos en cuenta que, cuando la construcción suponía un 20% del PIB, el paro alcanzaba únicamente el 7%. Sin embargo, cuando en 2011, la construcción suponía un 14% del PIB, el índice de desempleo alcanzó la preocupante cifra del 21%, el triple.

    Ni que decir tiene que, en 2013, con cifras de desempleo alarmantes que suponen el 29% de la población activa, el peso del sector en el PIB es bastante menor y, una vez más, queda demostrado que si nos empeñamos en destruir algo, finalmente, lo conseguimos.

    Ya, nuestro anterior presidente, “ZP” se empeñó en ponerle un palo a la rueda y lo consiguió. Fue el primero en demonizar la construcción, como si la actividad no tuviese la misma historia que la propia Humanidad pero, claro, pensábamos que un cambio de gobierno llevaría una política distinta y un poco de sentido común. Craso error, la política es casi la misma: “salvar la casta” y, el sentido común igual, el de un “homínido” sin mucha capacidad de reflexión.

    Ahora, las pocas empresas de construcción que quedan y que no construyen viviendas nuevas, no pueden acudir a ningún banco, porque no existe financiación de ningún tipo para esta actividad “maldita”, y es que nuestros “mandamases” se han empeñado en unir las desgracias de la economía a una de las actividades más antiguas que podemos recordar. Pero seamos un poco serios. La construcción es algo más que hacer viviendas en un secarral, eso no lo han hecho verdaderos constructores, esto lo han llevado a cabo amigotes de políticos, que ni siquiera eran del sector y que han actuado con la impunidad del todo vale. También, las grandes empresas constructoras han recibido ingentes cantidades de crédito, llegando a poner en peligro a las propias entidades financieras, todas éstas han renegociado sus deudas y siguen manteniendo tanto sus beneficios como el acceso al crédito, sin cerrar casi ninguna.

    No han corrido la misma suerte las pequeñas empresas que han sufrido los desatinos de políticos y banqueros y que, durante estos últimos cinco años, han sido objetivo de hundir el sector como sea, para terminar combatiendo sectores emergentes como la rehabilitación de edificaciones y la eficiencia energética, funcionando como auténticos descerebrados. Y, así, nos encontramos con firmas como ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A.) que, en su reglamento, recoge la prohibición expresa de atender a ninguna empresa con el epígrafe de “construcción”.

    El MAB (Mercado Alternativo Bursátil) no permite la salida a este foro de ninguna pyme, si pertenece al mencionado epígrafe, el de la construcción. La banca nacionalizada, a la que el FROB les ha impuesto tajantemente que no pueden ni estudiar siquiera ninguna operación de crédito de empresas de construcción. De camino, quedan fuera también todos los auxiliares, anexos, derivados, complementos y suministros de la construcción, que automáticamente se resienten y que conforman una parte importantísima de la economía y del poco empleo que queda en este país.

    Cuando la recaudación de impuestos estaba alimentada, en su parte más importante, por esta actividad, nadie se quejaba. Todo el mundo veía con buenos ojos los incrementos de recaudación en Impuestos de Sociedades, en IAE, en ICIO, en IVA, absolutamente en todo, pero ahora ya nadie quiere salir en la foto. Entonces ¿Qué hacemos? ¿Por qué no prohibimos la construcción? ¿Quién va a mantener las obras públicas? ¿Quién va a adaptar las construcciones a los necesarios conceptos de eficiencia energética? Un poco de sentido común por favor.

    Una cosa es no financiar la construcción de viviendas “a lo loco” como se venía haciendo y otra, muy distinta, dejar de financiar a las Comunidades de Propietarios para poder adecuar las construcciones a las nuevas normativas. Es normal que no se quiera ni se deba financiar la adquisición de terrenos rústicos para jugar a la “ruleta rusa” urbanística y otra cosa bien distinta que no se pueda invertir en eficiencia energética, porque las empresas que tienen que adaptar estos conceptos a las viviendas y edificios, tienen el maldito epígrafe de construcción.

    Lo dicho, un poco de sentido común: no se puede criminalizar a todo un sector. Las actividades empresariales no tienen la culpa de nada, las culpables son las actitudes humanas y, para ello, se han servido mucho más de la política y de la especulación que de la actividad y del trabajo en sí mismos. No condenemos ahora a las empresas que han marcado la distancia con las malas prácticas, únicamente por una coincidencia en el “maldito epígrafe del IAE”.

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