Adiós al último reducto del grupo B
El inmueble y su entorno ha sido declarado Área de Renovación Urbana (ARU) con el compromiso de tres estamentos: Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Almassora. Un acuerdo que permitirá el realojo de las familias que se encuentran en situación regular en el edificio, el derribo del inmueble y, por último, la construcción de nuevas viviendas de protección oficial, y no sociales como ocurre actualmente.
El primer aval a este proyecto fue concedido el 15 de diciembre en Madrid por la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Fomento. El segundo, suscrito entre la Conselleria de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda y el Ayuntamiento de Almassora, obtuvo formalidad el 28 de diciembre en la delegación del Gobierno en Castellón.
Sin embargo, el que debía haber sido el primer espaldarazo, el voto unánime de la corporación, nunca se produjo. El convenio, enviado al consistorio el viernes 10 de diciembre y elevado al pleno el 13 de diciembre, no obtuvo el apoyo de PSPV y Bloc.
Durante años hemos estado trabajando codo con codo con las administraciones implicadas a fin de dar una solución a este problemático foco de convivencia. Bien lo saben nuestros vecinos de Fátima o Pío XII, Corell o Boqueras, y también los inquilinos del inmueble situado justo al lado de este edificio, que residen a escasos metros de estas viviendas sociales.
Por ello, nuestro objetivo era buscar una solución efectiva y práctica. Nos opusimos desde un primer momento a la posibilidad de restaurar el inmueble o remodelarlo. Creímos siempre en que la solución efectiva era el derribo. Y tras no pocas gestiones, prolongadas durante meses, años, conseguimos nuestro propósito con el apoyo, no sólo de la Generalitat Valenciana, sino también del Gobierno central.
Y el proyecto, valorado en 8.196.912,76 euros, contempla cuatro anualidades que comenzarán a contar desde este 2011. Durante este ejercicio se contempla una inversión de 123.429,17 euros, a la que continuará otra de 370.754,23 euros en 2012. Ambas cuantías serán aportadas por el Ministerio de Fomento, si bien en los últimos dos años (2013 y 2014) entrará la inversión del Consell y el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA). Así, en 2013 serán 987.200 euros aportados por Fomento, a los que se sumarán los 900.000 del Consell, para concluir en 2014 con cuantías idénticas a las que se incorporará la inyección del IVVSA, 3.928.329,36 euros.
No podíamos decir no a un proyecto que resuelve la problemática en nuestra localidad. A un plan a tres bandas que da soluciones eficaces y efectivas a la conflictividad de un entorno residencial que durante años han sufrido los vecinos de Almassora y, más concretamente, los de los grupos que pivotan alrededor de este sector. Por ello, porque creemos en el desarrollo de nuestra población, reclamamos de las Administraciones públicas una propuesta con visión de futuro.
Una demanda que obtuvo respuesta efectiva, ya que el proyecto que se ejecutará en cuatro anualidades contempla el realojo y la demolición de estas viviendas sociales para consolidar un nuevo inmueble que no perpetuará las condiciones del actual edificio. Las viviendas tendrán un régimen de venta o de alquiler de precio público, a las que podrán optar, entre otros, jóvenes o familias que acceden a su primera vivienda.
El convenio, que desgrana las características de este proyecto, está en manos de los vecinos desde el día 29 de diciembre. Así se lo transmitimos a los residentes del entorno del edificio en una reunión convocada para exponer los detalles del acuerdo, resolver dudas y exponer las gestiones desarrolladas desde hace años para dar soluciones prácticas y eficaces a este edificio. Por ello, tras la firma del convenio el pasado 28 de diciembre en la delegación del Gobierno en Castellón, fueron remitidas copias a cada uno de los responsables de las asociaciones de vecinos y afectados del entorno.
Por tanto, este 2011 arranca con el compromiso de seguir empeñados en la búsqueda de soluciones al crítico escenario laboral, con la convocatoria del III Programa Municipal de Empleo dotado con 200.000 euros. También el compromiso con las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, subsidios a los que hemos destinado 200.000 euros para atender los dramas que muchas familias nos presentan. Pero también será el año del desalojo del inmueble, de la desocupación de este edificio que debe dar paso a un derribo efectivo en cumplimiento de los compromisos suscritos en el convenio avalado por Estado, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Almassora.
