Justicia gratuita

El derecho a la justicia gratuita es un pilar en el Estado social que disfrutamos junto a una sanidad o educación gratuita, permitiéndose así una igualdad efectiva de todos los ciudadanos sean ricos o pobres, para acceder a la Justicia, para defender sus derechos e intereses legítimos y litigar con igualdad de armas. Es lo que se consagra en el artículo 24 de la Constitución como un derecho fundamental de todas las personas a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales, en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Y, todo ello supone que la Justicia para quien la necesite sea sufragada por los recursos públicos siendo gratuita para el ciudadano que no disponga de bienes para litigar. Por ello, es de reconocer ese gran logro de nuestro Estado del Bienestar a la altura de otros servicios públicos fundamentales.

Según los datos ofrecidos por el Consejo General de la Abogacía de Española el año 2008 se ha atendido a Un millón cuatrocientas mil personas que han sido defendidos por 35.000 abogados/as, más los correspondientes Procuradores y peritos. Esta tarea ha representado el 7,6% de la “carga de trabajo” de los Juzgados y Tribunales españoles habiendo supuesto para las Administraciones Públicas un coste económico de 220 millones de euros, un 11,2% más que el año anterior. Y, el aumento del volumen de asuntos este año 2009 ya está superando de media el 20% siguiendo un crecimiento progresivo e ininterrumpido ya desde hace años.

Así pues, se convierte en necesaria la mejora en la calidad del servicio con una reforma del marco normativo y de gestión. Hay que tener en cuenta que, hoy en día, el 63% de la población es mileurista con lo que millones de ciudadanos tienen acceso potencial con creces a ese derecho. Este aumento implica para las AAPP un problema presupuestario muy grave que requiere una solución ya y mis soluciones al respecto pasan por reconocer que ya han transcurrido 13 años desde la entrada en vigor de la Ley 1/96, de 10 de enero, de Asistencia jurídica gratuita, y es hora de adoptar medidas para mejorar de dicho servicio público.

La situación actual, con la transferencia de gestión a varias CCAA y el progresivo aumento de solicitudes hace que deba revisarse para adecuarla a los actuales tiempos de forma eficiente, racional y justa.

La nueva ley debería recoger nuevas propuestas como la gestión telemática y las nuevas tecnologías; la libre competencia en la prestación de servicios; mejorar los sistemas de control de calidad del servicio y un control económico efectivo al usuario que no tiene derecho y ha disfrutado de él.

Y, por otra parte dos decisiones muy importantes se deben igualmente abordar: Elegir qué tipo de gestión se desea para el futuro, directa o indirecta, prestada por empresas o por los Colegios profesionales y, en segundo lugar, mejorar y modernizar el funcionamiento de las Comisiones de Justicia Gratuita con adecuados recursos humanos y materiales y aplicación informática común en toda España para que se pueda realizar el reconocimiento del derecho en el término de un día ayudándose de las nuevas tecnologías en colaboración con la Agencia Tributaria.

En definitiva, dos claves muy importantes y necesarias: El Gobierno de la Nación debe ponerse a trabajar y utilizando su iniciativa legislativa debe modernizar la ley y la gestión de la misma para así poderse reducir el coste económico del servicio sin perder la calidad optando por un sistema de gestión más racional y eficiente.