Tasas judiciales

Para que unos colectivos tan del orden como los jueces, magistrados y fiscales, y otro de tan de “ir cada uno a la suya” como somos los abogados, nos hayamos puesto de acuerdo para reclamarle al gobierno del PP que retire la Ley de Tasas Judiciales, muy mal anda la cosa.

Usted ya habrá escuchado y leído en los medios de comunicación lo que ello supondrá para la defensa de sus derechos. Hasta ahora la Justicia pocas veces es gratis. Si usted quería pleitear, tenía que contratar a un abogado y un procurador. Y, si perdía el pleito, cabía la posibilidad de que incluso tuviera que pagarle las costas a su enemigo procesal. O sea que aquello, de “Pleitos tengas y los ganes” no iba muy desencaminado.

Pleitear contra ayuntamientos, Generalitat o Estado es una batalla descompensada, ya que usted está pagando también, a través de sus impuestos, los abogados y procuradores del contrario. Pero ahora, además, usted pagará también indirectamente las tasas de una administración que se vea obligada a pagar si usted le gana el pleito. Aun si la administración lo recurre, por ejemplo, para ganar tiempo y no pagarle una indemnización debida.

Pero, ahora bien, la vía penal está exenta de tasas judiciales. Y con ello se va a producir un efecto de “penalización” de los conflictos judiciales. Es decir, si existe el menor atisbo de que en una relación mercantil o civil ha habido un intento de engaño por una de las partes, eso se va a transformar inmediatamente en un presunto delito de estafa. Si alguien quiere utilizar la Justicia como instrumento de presión y negociación con la contraparte, sólo le queda una vía, la jurisdicción penal. No sé si el antaño centrista de pro, el ministro Gallardón, lo había tenido en cuenta.