Irresponsabilidad, inconstitucionalidad e impunidad

Me he pasado la semana leyendo y analizando todas las opiniones que se han ido presentando en todas las tertulias y columnas periodísticas de medios ajenos al Gobierno, para poder analizar desde la objetividad y la distancia los hechos.

Sigo convencido de que los culpables del caos del tráfico aéreo del último puente vacacional, fueron los controladores, pero una vez escuchadas a las partes, y muy especialmente a los profesionales del Derecho Constitucional, tengo que incluir varios adjetivos calificativos más a la labor del Gobierno.

Antes todo, cabe denunciar su IRRESPONSABILIDAD, ya que teniendo trufado de espías el cuerpo de controladores aéreos desde hacia ya muchos meses, y conociendo sus movimientos en cada momento, por los informes que recibían de estos señores ( por lo visto en el último mes, eran informes diarios los que se le pasaban al Gobierno) hicieron coincidir el momento de la publicación del Decreto que motivó la crisis, exactamente en vísperas del Puente del 4 al 9 de Diciembre.

No pueden alegar ignorancia, ya que el mismo Gobierno había prevenido a los controladores aéreos militares de lo que iba a ocurrir el viernes día 3 de Diciembre, luego ellos eran conscientes de la reacción a su Decretazo.

Dijeron, que los controladores aéreos de Santiago y Las Palmas, habían abandonado su puesto de trabajo, cuando según oí yo en diferentes medios y he podido leer, esos controladores notificaron con diez días de antelación, que su cupo de horas trabajadas, según lo pactado el 31 de Julio entre Fomento y USCA (su sindicato)ya se iban a cumplir en la fecha indicada, y que al no poder trabajar horas extraordinarias, en virtud de ese acuerdo, deberían de ausentarse del puesto de trabajo, una vez trabajadas el máximo de horas permitidas.

Además según han manifestado los representantes de los controladores, la decisión de cerrar el espacio aéreo español, la toma AENA, a petición del Gobierno, cuando los controladores seguían en sus puestos de trabajo, ya que ningún controlador había abandonado su puesto, ni lo habría hecho, mientras en sus zonas de responsabilidad, se detectaran aviones en trafico, despegando o aterrizando.

Todas estas declaraciones, las han realizado y reconfirmado los representes de los controladores en diversos medios, que les dieron la opción de expresarse.

A la IRRESPONSABILIDAD, hay que añadir la INCONSTITUCIONALIDAD, ya que la Ley del Año 1981, por la que se regula el ESTADO DE ALARMA, y a petición del SR. SATORIUS, incluyo una enmienda por la que dicho estado no seria aplicable para solucionar temas de conflictos sociolaborales, como era el que nos ocupa.

Y buena prueba de ello, es que hasta este momento nunca se había hecho uso de dicha posibilidad, en casos de huelgas ya fuesen legales o ilegales.
Este punto lo desconocía cuando escribí mi columna anterior, pero en la noche del viernes dia10 de Diciembre, tuve al gusto de ver en el programa de la cadena VEO 7 a un profesor de Derecho Constitucional, expresando clarificadoramente la ilegalidad de la aplicación de dicha medida, y por si su opinión no era suficientemente autorizada, comentó que un Ex Presidente del Tribunal Constitucional, D. Pedro Cruz Villalón, se había expresado y manifestado en el mismo sentido.

Con la cantidad de Letrados de la que dispone el Gobierno, eso no lo podían ignorar, por muy ignorantes que sean, que sin duda lo son.

Es decir, que este Gobierno Socialista, ni le importa aplicar leyes del franquismo, ni burlar las mismas leyes que posteriormente fueron adecuadas durante el período democrático, con tal de adecuar a sus conveniencias y necesidades del momento cada medida que toman.

Tratar de combatir un conflicto que dura 6 años, con un Decreto Ley, después de tantas idas y venidas, y de tantos pactos “entre pillos”, además de un absurdo, es una INMORALIDAD.

Pero lo más lamentable, y en lo que todos los analistas políticos no socialistas, están de acuerdo, es que el Estado Español, es cualquier cosa menos un Estado de Derecho, desde que se fulminó la separación de poderes, y el Poder Judicial queda supeditado y controlado sin la menor duda por el Poder Político.

Y por si quedaba alguna duda, el Fiscal General, Sr. Conde Pumpido que teóricamente debería de ser neutral y hacer gala de esa neutralidad, se sienta en un Consejo de Ministros para aprobar el Estado de Alarma, como tratando de darle una cobertura legal a la decisión política del Gobierno.

Eso no lo digo yo, lo dicen lo mismos magistrados de APM (Asociación de Profesionales de la Magistratura), que concluyen, que desde el mismo momento que el Fiscal General, deja de ser neutral, para convertirse en un asesor del Gobierno, descalifica a ese Ministerio Publico para instruir causas, ya que queda palmariamente demostrado que es un instrumento del Gobierno, y la prueba evidente es que estaba allí, en el Consejo de Ministros, cuando se autorizó el Decreto del Estado de Alarma.

En definitiva, que ese uso indebido de todo el entramado judicial español, del que hace uso el Gobierno, para moverse a su gusto, le garantiza una IMPUNIDAD que en ningún caso debe de tener, y más cuando es un Gobierno formado por un grupo de personas incompetentes como viene demostrándose desde hace varios años.

No soy jurista, y por lo tanto me he limitado a leer, a informarme y a tratar de esbozar de una forma general, mi sensación de desprotección, de mal gobierno y de abandono legal, en la que nos encontramos todos los españoles en manos de esta recua de insensatos, que ni saben ni pueden administrar un Estado como el español, por mucho que quieran perpetuarse en él.

No merecen ninguna consideración, y el mismo Congreso de Diputados, pierde día a día credibilidad institucional, ya que son ellos los que deben de controlar todos esos desmanes, y en vez de hacerlo, se comportan como mercachifles de un mercado persa, en el que todo se compra y se vende, con la diferencia de que no son ellos los que pagan, sino que somos todos los españoles los que con nuestros impuestos confiscatorios, les mantenemos a ellos en una situación de privilegio que no se merecen, ya que no cumplen los fines para los que les elegimos, cuyo razón fundamental, es fiscalizar al Gobierno, cuando no actúe correctamente.

Y todo eso no es óbice, para denunciar que los controladores “han metido la pata hasta el corbejón”, y en la penitencia de su militarización pagan su pecado de soberbia, y el poco tacto que han tenido, para torear en una plaza tan complicada y tan llena de trampas, una situación que admitía mil posibilidades y negociaciones, antes de estrellarse contra tu propio orgullo.