Doscientos crímenes… sin castigo justo (en mi opinión)

En todos los hechos similares se analizan los hechos, se investigan las razones por las que se llevan a cabo, se localiza a los inductores y se les juzga con los ejecutores, aplicándole a cada uno de ellos las penas que conforme a Ley les corresponden.

Se trata de ir un poco mas allá para tratar de estudiar los beneficiarios de los hechos, por unas u otras razones, y los casos no se cierran nunca en falso porque ni a los afectados ni al resto de los españoles ni al sistema JUDICIAL, en mayúsculas, ni al ESTADO, en su totalidad, le conviene que quede la más mínima duda sobre las responsabilidades en los hechos juzgados.

Lamentablemente, en este caso todos los estamentos oficiales tuvieron prisa en cerrar cuanto antes este vergonzoso episodio de la historia de España, salvando cada cual su propia imagen, y entre todos corrieron un tupido velo sobre lo que realmente sucedió.

Ahora, en los últimos días y aprovechando ese quinto aniversario, han vuelto a salir a la luz algunos hechos que por lo confusos y poco convincentes han vuelto a sensibilizar a todos aquellos que ya habíamos quedado convencidos de que algo no estaba claro.

Las asociaciones de las víctimas de ese episodio han reclamado por activa y por pasiva la recepción de las indemnizaciones correspondientes, y por lo que he leído y oído en los medios de difusión, quedaba mucha gente por ser indemnizada.

Sin embargo, y curiosamente, se les habían satisfecho unas indemnizaciones aparentemente exageradas a tres personas que tuvieron una importancia decisiva en el desenlace del juicio.

En “El Mundo” del 11 de marzo de 2009 se menciona a los tres testigos que identificaron a Jamal Zougam (único condenado vivo, como autor del atentado), pero con algunas controversias, y habiendo cobrado ya los tres unas indemnizaciones desproporcionadas para los efectos secundarios sufridos por ellos como víctimas.

Uno de ellos sitúa al inculpado en el vagón número 4, donde estalló una bomba. Este ciudadano rumano no acudió al juicio y ya cobró 60.000 euros por una lesión auditiva leve.

Veinte días después, una mujer rumana aseguró verle en el vagón nº 6. Esta Sra. sí acudió al juicio, y obtuvo también una indemnización de 53.800 euros por una afección similar.

Finalmente, un año después del atentado (buena memoria la suya), otra amiga suya rumana corroboró su versión, acudió al juicio y cobro 48.000 euros por daños psicológicos.

Aparentemente se presentaron otros cinco testigos asegurando haberle visto en otros puntos, pero como se supone que el Sr. Zougam no podía tener el don de la ubicuidad y era imposible estar en sitios tan alejados los unos de los otros a la vez, sólo se aceptaron las versiones de estos tres rumanos, cuyas indemnizaciones les fueron satisfechas con una diligencia nada coincidente con las de la mayoría de los damnificados.

En base a estos tres testimonios, llenos de contradicciones y muy alejados en el tiempo y el espacio, según se analiza en el mencionado periódico, se determinó la autoría del atentado.

Ni lo he creído nunca ni puedo creerlo ahora, y para mí este árabe ha sido un “chivo expiatorio” que ha servido para cerrar un caso que había un inusitado interés en cerrar, para evitar males mayores.

Y no se han querido dar cuenta quienes tenían la ineludible obligación de hacer justicia, de que no hay mal mayor que la INJUSTICIA y que no se puede cerrar una masacre así en falso, sin determinar las razones, los inductores, los autores materiales y los beneficiarios de dicho atentado, ya que hay muchos miles de españoles que, como yo, ni han podido creerse las explicaciones dadas, ni aceptar el veredicto como justo, en vista de las lagunas racionales que se han producido.

Al parecer, hay uno de los damnificados, que ha conseguido recuperar unas muestras de los explosivos que se utilizaron, y que desmontan totalmente la versión oficial, y que en base a eso, podría reabrirse el caso.

Me encantaría que así fuese y se pudieran sacar a la luz todos los trapos sucios que no se sacaron en su momento por la razón que fuese.

Pero aunque sólo fuera por respeto a los que murieron, a los casi 2000 que quedaron lisiados o lesionados en mayor o menor medida y a sus familias, el Estado español tiene la obligación moral de llegar al fondo del asunto, despejando cualquier sombra de dudas que pudiera quedar sobre el juicio.

Y en estos momentos, esas sombras siguen superando en mucho a la luz que quisieron aportar con una sentencia que dejó satisfechos a los partidos políticos porque les exculpó de toda responsabilidad, pero no a los ciudadanos, que siguen sin saber “quién” “porqué” y “para qué” tuvieron que matar a tanta gente.