Balanzas fiscales del estado español

Por vez primera en nuestra sufrida democracia, podemos decir que ya sabemos cada español que esté interesado en el tema, cual es la situación muy aproximada de los ingresos y gastos de cada una nuestras Autonomías, y de los saldos positivos o negativos entre lo que pagamos los ciudadanos en impuestos en cada Autonomía y lo que recibimos para cubrir los servicios que se nos garantizan en cada una de ellas.

Hasta ahora el secretismo que existía alrededor del tema, nos llevaba a elucubrar a nosotros, y a enredar a los políticos en cada lugar, tratando de desviar la responsabilidad del desgobierno, o la mala gestión de sus recursos en el Gobierno Central, que era el encargado de redistribuir los Fondos aportados entre todos, para cada autonomía.

En la Comunidad Autonómica Valenciana, el Presidente Alberto Fabra pidió un estudió sobre el tema a un equipo de economistas independientes, entre los que estaban algunos de los mas brillantes especialistas, como los Profesores Barea, Velarde, Tamames y Schwarts entre otros, cuyo resultado detallado fue pasado posteriormente al Gobierno Central.

Por lo visto, ese pormenorizado estudio, creo la inquietud no solo entre nuestros dirigentes regionales, sino en el seno del Gobierno Central, y por eso encargaron a otro equipo diferente, formado por Economistas sin vínculos políticos con ningún partido, ni la obligación de someterse a los caprichos o intereses de nadie, un Estudio Analítico similar, pero referido al total del Estado Español.

El economista Ángel de la Fuente del Servicio de Estudios de Economía Aplicada FEDEA, ayudado por el Profesor de la Universidad de Zaragoza Ramón Barberán y por Ezequiel Uriel de la Universidad de Valencia, llevan varios meses analizando los flujos fiscales entre el Estado y las Comunidades Autónomas, entrando detalladamente en cada partida de ingresos y gastos.

Estos señores han pedido abiertamente que se despolitice el debate de las balanzas fiscales o cuentas públicas territorializadas, a fin de poder dejar al descubierto sin ambages ni rodeos, la pura realidad de las mismas.

Han llegado a la conclusión de que el sistema de financiación existente, es malo porque no es equitativo, al no garantizar a todos los ciudadanos españoles los mismos servicios y derechos, vivan donde vivan, y abogando por el elemental principio de que en aquellas autonomías que se quieran dar servicios extra a sus ciudadanos, se pongan impuestos extra para costearlos.

Parece de sentido común, y así debería de ser.

Pero a la vista de sus conclusiones, aparece un Índice de Financiación a Competencias Homogéneas, que es el que presenta los “Servicios recibidos a igual esfuerzo fiscal”, en el que se considera 100% en punto de equilibrio, y en el mismo encontramos a la Comunidad Valenciana, como las segunda más perjudicada después de las Baleares, alcanzado apenas un 85 % de financiación, es decir con una infrafinanciación de un 15%, respecto a Cataluña y Castilla la Mancha, que representan el 100 %, y mas lejos de Madrid con el 103 % y a una distancia sideral de Navarra 190% y País Vasco 205 %, las dos Comunidades Forales con Regímenes Especiales y por tanto las mas favorecidas.

Si consideramos que la situación arranca desde 1999, y el análisis que se lleva a cabo es el del año 2011, entenderemos las razones del desequilibrio presupuestario que sistemáticamente hemos venido sufriendo en nuestra Comunidad.

Exclusivamente en 2011 ese Déficit de Financiación, se ha calculado en 2.018 millones de euros, por lo que no parece exagerado valorar en unos 20.000 millones de euros, lo que andaluces o catalanes llamarían Deuda Histórica, que a ellos se les reconoció y se les pagó en otros tiempos, con mucho menos apoyo documental del que se dispone ahora en nuestro caso.

Ahora parece comprensible y explicable la constante queja de Alberto Fabra al decir que con el dinero que se recibía del Estado, ni siquiera se cubrían las necesidades de Educación, Sanidad, Asistencia Social y Justicia de nuestra Comunidad, y por eso han tenido que aplicar una política de austeridad a rajatabla, para poder acercarse a los objetivos que se les marcaron, a sabiendas de que eran imposibles de cubrir.

Podemos criticar a Zaplana y a Camps por no haber sabido reivindicar en su momento a Aznar y a Zapatero con la debida contundencia, lo que ahora si ha sabido hacer Fabra.

Podemos culpar a los Gobiernos anteriores de nuestra Generalidad de malos gestores e incluso de malversadores.

Ni supieron ni quisieron llevar un control estricto del gasto público, ni de las instituciones financieras a las que acabaron arruinando, como por otra parte ha ocurrido también en otras autonomías con las Cajas de Ahorros.

En cuanto se les ha permitido a los políticos gestionar entidades financieras, con dignas excepciones, las han llevado a la bancarrota, y entre ellas las valencianas a la cabeza si se quiere.

Pero lo que no parece de recibo, es querer responsabilizar ahora a Alberto Fabra de haber administrado con absoluta austeridad la ruina que había heredado, como tampoco se le puede hacer el mismo reproche a Rajoy.

Y quizás el mejor ejemplo, que nadie ha seguido ha sido el cierre de Canal 9, que le ha hundido a nivel de popularidad entre los afectados, pero le ha dignificado entre quienes entendemos que eso deberían de hacerlo todos los canales autonómicos en ruinas y que se tragan varios miles de millones de euros al año, para ensalzar a bombo y platillos a los que consienten ese despilfarro partidista o nacionalista.

Al menos con la publicación de las Balanzas Fiscales, cada uno sabrá donde se encuentra, y si bien es cierto que Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares somos los mayores contribuyentes por ese orden a las arcas del Estado, en el ranking de financiación por habitante a igual esfuerzo fiscal, los que mayor derecho tenemos a quejarnos somos los baleares y los valencianos, y esperemos que de una vez por todas, el Gobierno Central, sepa encontrar la manera justa de hacer el reparto, ya que los impuestos, los pagamos los ciudadanos no los territorios, y nosotros debemos recibir los servicios que pagamos con un equilibrio total entre todos los españoles, recibiendo salarios iguales para iguales trabajos en todo el suelo nacional, y servicios idénticos tanto en Educación, como en Sanidad, Justicia y Asistencias Sociales, pese a estar transferidas esas competencias.

Si algún gobierno autonómico quiere mejorar las percepciones salariales de sus servidores públicos, deben instaurar sus propios impuestos autonómicos para subvenir a esas necesidades que ellos mismos ser crean.

Exactamente lo mismo vale para quienes quieran crear representaciones nacionales en otras autonomías, o internacionales en otros países.

Ellos deberán de cubrir esos gastos con sus propios ingresos, y seguramente si así lo hicieran y lo publicaran, muchos de los que les votan ahora y ponderan su nacionalismo independista, serían los primeros en reprocharles ese derroche innecesario, para colocar a amigos, conocidos o parientes en cargos muy retribuidos, que no aportan la menor productividad ni riqueza a sus propias autonomías.

En fin, que espero que de algo haya servido este estudio objetivo e independiente de las Balanzas Fiscales, para que todos sepamos donde estamos, y porque nuestras situaciones actuales son las que son.