Se abrió la veda del banquero-político

Con el ingreso en prisión de Blesa, parece ser que se ha “levantado la veda”, y se inicia la caza del banquero-politizado, que han utilizado todos los partidos en sus manejos de las Cajas de Ahorros, para sus propios fines e intereses.

Debieron empezar antes con Hernández Moltó, que fue el precursor y primer intérprete de todas las acciones necesarias para hundir y arruinar a una Caja de Ahorros (Caja Castilla la Mancha) pero por la poca repercusión social y política de esa entidad, se prefirió echarle tierra encima.

Ahora por lo visto, un Juez ha podido acumular las pruebas suficientes y necesarias para mandar al trullo al Sr. Blesa por unas pocas horas, las pocas que ha necesitado para reunir los 2,5 millones de euros que le marcó como fianza para evitar la cárcel.

Y es que, alguien que había conseguido arruinar a una entidad financiera de la solvencia de Caja Madrid, no ha debido de tener la menor dificultad en encontrar ese dinero para recuperar su libertad.

Como tampoco la hubiera tenido de haberle exigido 20 millones, ya que el blindaje que recibió al salir de dicha entidad, y sus suculentos estipendios mientras trabajo para arruinar a su empresa, bien le hubieran permitido pagar lo que le hubieran pedido.

Pero lo que más me ha llamado la atención, ha sido el conocer que el mismo día de su perdida de libertad, Comisiones Obreras puso el grito en el cielo, contra el Juez que se atrevió a encarcelarlo.

Y analizando el Consejo de Administración que acompañaba al Sr. Blesa cuando se autorizó la compra de la entidad financiera americana, que le ha llevado a presidió, uno entiende una vez más lo que ha venido denunciando desde hace mucho tiempo.

Las castas políticas y sindicales, de todos los colores se protegen entre ellas, porque han sido todas ellas las causantes de la actual situación en España.

En dicho Consejo de Administración, aparecían ocho miembros del PP, cuatro del PSOE, uno de Izquierda Unida, cuatro sindicalistas de Comisiones Obreras y uno de UGT, y todos ellos eran co responsables, de aquella decisión.

Imagino que los actuales responsables de Comisiones, se pusieron a temblar cuando se plantearon la nada improbable posibilidad de que acabaran encausándoles a todos y exigiéndoles fianzas millonarias para evitar la perdida de libertad.

PP, PSOE y UGT, como conocen mejor el paño, ni se alteraron para no entorpecer en los medios, el normal desarrollo de la Justicia, ya que saben muy bien que sin duda todo volverá al cauce que convenga a sus intereses.

Pero lo innegable, es que todos ellos forman parte del mismo entramado, y todos comen y beben de los mismos recursos, ya sean fondos públicos o instituciones financieras gestionadas por ellos.

Y como “perro no come carne de perro” (no importa si los perros son de derechas o de izquierdas, todos se saben perros) políticos y sindicalistas se protegen entre ellos.

Mi duda en estos momentos es la siguiente:

¿Cuándo empezará la Justicia a exigirles a esos cientos de componentes de los Consejos de Administración de las Cajas de Ahorros, y a sus gestores, que malversaron o robaron los miles de millones que hemos pagado todos los españoles con nuestros impuestos, que los devuelvan (de la forma que sea) antes de dejarles en libertad?

A mi personalmente no me basta con que les condenen y encarcelen, ya que con eso no se recupera ni un solo euro, y además les tenemos que mantener.

En mi opinión es prioritario EXIGIRLES la devolución, no sólo de lo que robaron o malversaron, sino de lo que cobraron a partir del momento que se inició la gestión fraudulenta.

Y para los componentes de los Consejos de Administración, no vale la excusa de no ser experto en materias de macro o micro economía, para eludir las responsabilidades de haber estampado su firma en los acuerdos de los Consejos de Administración, ya que eso debieron de pensarlo antes de incorporarse a los mismos, a cambio de suculentas percepciones “por no hacer nada” mas que firmar las actas.

A los gestores les vino de perillas incorporar a incompetentes para poder hacer lo que les diera la gana con total impunidad, y a los incompetentes les resulto muy rentable su incompetencia, pero cada uno de ellos debe de afrontar ahora sus responsabilidades, y devolver al erario público todo lo robado, malversado o cobrado de una forma indecente.

De este modo, los ladrones, malversadores y aprovechados al servicio de la política, acabarían pagando sus delitos o faltas, y el Estado reduciría de una forma importante su deuda pública.

Y al mismo tiempo los ciudadanos viviríamos conscientes y responsable de nuestros actos de cara al futuro, evitando tentaciones de seguir robando, malversando u ocupando cargos para los que no estamos debidamente preparados.