A quienes la soberania energética les suena a “retardismo”
Estos días la campaña de Compromís “Con la energía, comencemos por el tejado” (comencemperlateulada.com / comencempelsostre.com) está siendo objeto de debate, y esto siempre es bueno, aunque en ocasiones se atribuyen calificativos que más que a enriquecerlo, contribuyen a crisparlo y polarizarlo. Ha sido plantear la fotovoltaica como una gran oportunidad para descentralizar y democratizar el sistema eléctrico y avanzar en una transición energética justa y enseguida nos acusan de “acientíficos”, “populistas solares” y “retardistas”.
Para empezar siempre viene bien un poco de contexto. La Generalitat Valenciana se puso como objetivo en 2020 alcanzar una potencia fotovoltaica instalada de 6000 MW en 2030, el 16,3% del objetivo estatal de acuerdo con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Vale la pena recordar que la superfície de la Comunitat Valenciana representa el 4,6% de la superficie de España y, también, que la orografía no es una característica uniforme. Para conseguir este ambicioso objetivo, se aprobó el Decreto Ley 14/2020, para impulsar la instalación de fotovoltaica en edificaciones y suelos urbanizados y urbanizables y en suelo rural e incrementar el uso los recursos autóctonos y distribuidos y el autoabastecimiento.
¿Había estudio de potencial técnico de autoconsumo fotovoltaico? Es decir, ¿cuánta fotovoltaica es técnicamente posible instalar en los tejados existentes en la Comunitat Valenciana (CV)? No. Por eso el IVACE se lo encargó al Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) y lo tuvimos disponible este año. Este estudio estima un potencial técnico de 14.000 MW en tejados y sirve para comprender la importancia de reducir los obstáculos legales, administrativos y socioeconómicos que impiden realizarlo. Y para eso está la política al servicio de la sociedad.
Así, desde Compromís planteamos priorizar el autoconsumo y el uso de suelos artificializados próximos, porque además de proteger el territorio, avanzamos en un modelo energético más democrático, descentralizado y distribuido. ¿Planteamos que el autoconsumo fotovoltaico es la única opción para hacer una transición energética justa? No. Defendemos la planificación ordenada en el territorio de las centrales solares en suelo rural, contando con los ayuntamientos y la gente, para minimizar los impactos negativos ambientales, territoriales y paisajísticos, y también sociales. Porque creemos que, al igual que cualquier uso (masivo) de suelo, la autorización de las grandes instalaciones fotovoltaicas requieren tener en cuenta la capacidad de carga del territorio, minimizar las afecciones sobre los ecosistemas y los servicios ecosistémicos que nos brindan y abordarlos desde una perspectiva de vertebración territorial y justicia en el reparto de los costes y beneficios, no sólo monetarios, asociados a ellas.
Estos días, hemos podido identificar diversos argumentos para denostar nuestra propuesta. Veamos cada uno de ellos.
1. “El estudio en que se basa la propuesta de Compromís aplica una metodología poco clara”
La lectura del documento donde se detalla la metodología desmiente esta afirmación. Según se explica en el estudio, se realizó un análisis detallado de ámbito autonómico en el que estimó cuál es el potencial técnico de fotovoltaica en tejados y cubiertas de edificaciones en la CV. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, se analizó la superficie de cubiertas y tejados cruzando diversas fuentes de datos y descartó aquellas que no cumplían con una serie de requisitos para obtener la superficie viable total, clasificándola según uso y tipología de edificio. A partir de ahí, se analizó las superficies de superfices residenciales e industriales teniendo en cuenta la diversidad de tipologias de edificaciones y aplicando coeficientes reductores de acuerdo con la orientación, inclinación, ocupación, huecos, etc. para obtener la superficie útil disponible.
A partir de la superficie útil disponible, teniendo en cuenta la tecnología fotovoltaica más generalizada, se estimó el potencial técnico de instalación en techos y cubiertas: 14.000 MW. Y partiendo de esa potencia y aplicando los datos de irradiación e inclinación, se estimó la electricidad anual que se podría generar si se instalara todo el potencial técnico fotovoltaico: 22.880,8 GWh/año.
Se citan y justifican las hipótesis en las que se sustentan los resultados, por lo que no resulta convincente calificar de “opaca” la metodología del estudio.
2. “El estudio de potencial técnico de IVACE sobreestima el potencial técnico en tejados”
Considerando que en el Anexo I del estudio realizado por el ITE se aportan todos los datos anteriores a escala municipal, podemos comparar estos resultados por ejemplo para el caso del municipio de Valencia. En este estudio se estima que su potencial técnico se situa en 477,7 MW. Sin embargo, en el estudio realizado por la Cátedra de Transición Energética de la Universidad Politécnica de València, y publicado en la revista científica Renewable Energy (número 174 (2021)) se estima que el potencial técnico del municipio de València es de 640,8 MW.
3. “Lo que dicen es imposible: el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) estima 71 GW de potencial técnico estatal y el estudio en que se basa Compromís habla de 14 GW solo para la Comunidad Valenciana? No cuadra que digan que el potencial técnico de autoconsumo de la Comunitat Valenciana sea del 20% cuando el territorio valenciano apenas supone el 5% de la superficie estatal y el 10% de población”
En este punto resulta curioso que los detractores de nuestra propuesta utilicen este reparo aquí, pero no en relación con objetivo general de instalación de fotovoltaica de 6000 MW para 2030 que, recordemos, implica el 16,3% del estatal.
4. “El potencial técnico no es el real. Hay que ver si es económicamente viable y tiene aceptación social. La Hoja de Ruta de Autoconsumo estatal asigna a la Comunitat Valencia sólo 1054 MW de potencial real (económica y socialmente viable) en autoconsumo en 2030.”
Vamos por partes. ¿De qué depende que la instalación de autoconsumo fotovoltaico sea viable económicamente? De diversos factores: la necesidad de energia que se pretende satisfacer (¿es individual o colectiva?), la disponibilidad de tejado (¿sólo he de contar con el mío o hay posibilidad de utilizar tejados que otros compartan?), si se plantea con almacenamiento (individual o compartido) o es complemento al servicio eléctrico de la red (¿cuál es coste del almacenamiento? ¿cómo está regulado el pago de excedente vertidos a la red y hasta qué cuantía se puede compensar? ¿existe balance neto?), el coste de la inversión y funcionamiento y quien lo asume (¿he de hacerme cargo de toda la inversión o se comparten esos costes con otros beneficiarios? ¿hay subvenciones? ¿qué costes cubren? ¿hay otras medidas o incentivos como reducciones en impuestos? ¿durante cuánto tiempo?), el coste de oportunidad (¿cuál es el precio de la electricidad suministrada por la red convencional?, la vida útil de la instalación. A partir de las respuestas a estas preguntas podemos ver cuál es periodo de amortización de la inversión y el retorno de la inversión; y decidir si es económicamente viable o no.
Si analizamos de qué dependen las respuestas a estas preguntas, observamos que la gran mayoria de ellas depende del marco regulatorio y de medidas económicas y fiscales de las administraciones públicas en relación con el autoconsumo. Es decir, de decisiones que se enmarcan en el ámbito de la política. Decisiones políticas como el impuesto al sol de Rajoy hicieron que la práctica totalidad de las instalaciones técnicamente viables fueran económicamente inviables; por tanto, con un potencial técnico similar, el potencial económico se quedaba en nada.
También juega un papel importante el coste de la electricidad suministrada a través de la red. El potencial económico recogido en la Hoja de Ruta del Autoconsumo del Ministerio de Transición Ecológica responde al contexto de precios de la electricidad de 2020. A nadie se le escapa cómo estos precios se han incrementado desde mediados de 2021. Lo que implica que el ahorro monetario generado por el autoconsumo es mucho mayor ahora que hace dos años y, por tanto, la rentabilidad (y viabilidad económica) de una instalación fotovoltaica ahora es mucho mayor que hace dos años.
Ahora, la segunda parte: “puede que sea técnica y económicamente viable, pero ello no quiere decir que todo el mundo esté dispuesto a instalar fotovoltaica en su tejado”. Y, otra vez, preguntémonos de qué depende la disposición social a iniciativas de autoconsumo. Pues de factores como el nivel de renta, el ser o no propietario, el uso del edificio, conocer la tecnologia y cómo poner en práctica el autoconsumo (en sus diversas modalidades), conocer los incentivos y medidas fiscales aprovechables asociadas al autoconsumo, la tardanza y complejidad de la tramitación tanto del proyecto como de subvenciones y/o incentivos, el interés y las motivaciones (ambientales, económicas, sociales), la confianza o no en este tipo de proyectos, el peso del individualismo...
Para el estudio de potencial real en el que se basan los objetivos de autoconsumo de la Hoja de Ruta del Autoconsumo del Ministerio de Transición Ecológica se realizó en 2020 una encuesta para analizar la percepción y disposición social respecto del autoconsumo y, por ejemplo, se detectó que un porcentaje no desdeñable de los encuestados aún creía que continuaba vigente el impuesto al sol de Rajoy, que había sido derogado en 2018.
Todos estos factores de índole social no son inamovibles, sino que pueden trabajarse desde la acción política, a través de la adaptación de la legislación, los procedimientos y acciones para dar respuesta a las distintas circunstancias, incorporando innovación organizacional y social, estrategias de información, concienciación, sensibilización y formación (tanto a la ciudadania como a quienes toman decisiones políticas y administrativas), ofreciendo asesoramiento integral a ciudadania y empresas en materia de ahorro y eficiencia energética y autoconsumo individual y compartido y difundiendo las buenas prácticas y sus claves, por ejemplo, a través, de oficinas de la energia; impulsando la participación de las administraciones locales y autonómicas, junto con asociaciones, ciudadanos, empresas o cooperativas a través de comunidades energéticas; desburocratizando y simplificando la tramitación para las iniciativas de autoconsumo y comunidades energéticas...
Otra vez las decisiones políticas juegan un papel muy importante. Aunque desde 2018 el gobierno español ha mejorado la legislación e incentivos económicos para la generación y almacenamiento distribuido de electricidad, la eliminación de obstáculos regulatorios al autoconsumo aún existentes sigue siendo lenta. Queda bastante camino por andar (un tema que da para otro artículo, y este ya se está haciendo bastante largo).
Sin ir más lejos, en la Comunitat Valenciana, en 2020 se instalaron en autoconsumo fotovoltaico 49 MW, en 2021 104 MW y en los primeros 9 meses de 2022, 208 MW. 354 MW instalados a 30 de septiembre de 2022. Haciendo una estimación conservadora, manteniendo el ritmo de instalación de 2022, en 2025 la Comunitat Valenciana alcanzaria el potencial real autonómico previsto por la Hoja de Ruta del Autoconsumo del Ministerio para 2030.
Por eso, desde Compromís queremos intensificar las líneas de trabajo ya existentes, y crear nuevas, tanto a nivel autonómico como municipal, para actuar sobre los diversos factores mencionados a lo largo de este artículo con el objetivo de impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas. Por ello planteamos, y celebramos haber conseguido, la creación de la Agencia Valenciana de la Energía con capacidad para producir, distribuir y comercializar electricidad, y ofrecer asesoramiento a la ciudadania, entidades locales y empresas, para impulsar desde la iniciativa pública, por ejemplo: el autoconsumo compartido a través de comunidades energéticas, especialmente, para aquellos que o bien no tienen recursos para realizar la instalación en sus tejados, o bien no cuentan con tejados suficientes; el autoconsumo compartido aprovechando cubiertas industriales, y también de edificios públicos, involucrando a los ayuntamientos, empresas y ciudadanía; el suministro de electricidad de proximidad, por ejemplo, a través de plantas fotovoltaicas situadas en suelos urbanizados industriales en desuso, suelos degradados, etc.; el impulso de proyectos de generación fotovoltaica de proximidad aprovechando canales o balsas de riego artificiales, infraestructuras portuarias o lineales de transporte.
5. “Y además de todo, ¡con la fotovoltaica no hay bastante para la transición energética!” Efectivamente, por eso es fundamental continuar trabajando intensamente en la reducción de las necesidades energéticas de nuestra sociedad -cambiando patrones de producción y consumo, hábitos y percepciones de lo que significa una vida buena, ahorrando y haciendo un uso eficiente de la energía- , así como en la diversificación del mix energético renovable y el modelo de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de la energía, adaptándolo lo más posible a cada contexto socioeconómico y territorial.
Y dicho todo esto...
Resulta sorprendente que se acuse esta propuesta de Compromís de “retardista”. Traer al centro del debate de la transición energética la potencialidad del autoconsumo fotovoltaico no implica decir que no vayan a ser necesarias instalaciones fotovoltaicas en suelo (y otras energias renovables). Por eso planteamos que se priorice la ocupación de suelos artificializados y degradados, y si es necesario ocupar suelo rural, que se planifique en dónde y para qué; preservando lo más posible los valores naturales, agrarios, patrimoniales y paisajísticos del territorio; escuchando las necesidades tanto a los ayuntamientos como a la gente del territorio; y acordando cómo los territorios y pueblos afectados pueden beneficiarse. Queremos instalaciones planificadas teniendo en cuenta el interés público, no instalaciones donde mejor le vengan a las multinacionales o los fondos de inversión, sólo interesados en maximizar sus beneficios con la macroplantas y las líneas de evacuación de muy alta tensión.
Porque sino, lo que se genera es degradación del territorio y los ecosistemas, extracción energética que beneficia los bolsillos de unos pocos, mantiene la ciudadanía cautiva del oligopolio y deja sin futuro el medio rural. Porque no sólo nos enfrentamos a una crisis energética y climática, también a una crisis de biodiversidad, de degradación y fragmentación de los ecosistemas acuáticos y terrestres, de pérdida de vida en el suelo y el agua, de pérdida de la soberanía alimentaria y del acceso al agua potable. Por ello, hemos de abrir el foco más allá de la crisis energética y plantear proyectos y medidas para afrontar conjunta y sinérgicamente la crisis climática y la crisis de biodiversidad, para mejorar las condiciones de habitabilidad del planeta y garantizar condiciones dignas de vida a la gente.
Y llegados a este punto, ¿cuál es el problema de que defendamos profundizar la democratización de la electricidad aprovechando el gran potencial de los tejados (14.000 MW) para conseguir el objetivo de 6.000 MW en 2030? ¿Quién se siente amenazado? ¿Cuáles son sus intereses? Conformarse con el buenismo de objetivos poco ambiciosos en autoconsumo implica asumir que la transición energética es un mero cambio de tecnología para que todo siga como hasta ahora: el oligopolio eléctrico forrándose y llamándonos tontos; y el conjunto de la ciudadanía, a callar y pagar. Otros vemos en el autoconsumo y las comunidades energéticas una gran oportunidad no sólo para ser más sostenibles sinó para ser agentes activos y corresponsables de la transición energética y para situar los valores de cooperación y solidaridad como ejes de la transformación social que la crisis energética, climática y de biodiversidad requieren.
