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Por Miguel Barrachina
El desahogo semanal - RSS

De la supresión de municipios

    España, y la mayoría de municipios que la conforman, por su profunda raíz histórica, no puede ser tratada como una mera estructura política artificial, modificable, incluso suprimible, en función de la última liquidación presupuestaria.

    No, no se puede, ni suprimir, ni fusionar pequeños municipios con perdida de identidad. Podrán hacerlo en lugares donde los municipios sean creaciones recientes originadas por la industrialización, pero eso no sucede en Castellón donde la práctica totalidad de ayuntamientos son anteriores, por ejemplo, al nacimiento de Estados Unidos.

    Como alternativa a la supresión de ayuntamientos, planteada como medida de ahorro por la Unión Europea, las diputaciones deben canalizar las agrupaciones de servicios municipales para lograr idéntica o mayor reducción de gastos.

    Las diputaciones nacidas con la primera, y ya bicentenaria Constitución liberal de Cádiz, cuyo ambiente recrea magistralmente en “El Asedio” Arturo Pérez-Reverte, tienen esa obligación desde entonces.

    El artículo 325 de la Pepa establece que “en cada provincia habrá una diputación llamada provincial, para promover su prosperidad…”

    Y hoy nuestras leyes recogen, entre otros fines de la provincia, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Luego, no solo es deseo, sino obligación de las diputaciones actuar en favor de la continuidad de la totalidad de municipios.

    Así de la misma manera que nuestra institución provincial hoy presta en municipios pequeños los servicios de secretaría, intervención, recaudación de impuestos, contratación, recogida de residuos o depuración de aguas, debe crecer competencialmente para poder ayudar a los ayuntamientos a prestar con menor coste los mejores servicios a sus vecinos. De la misma manera que las diputaciones están abandonando los ámbitos de la cultura, la educación, la sanidad o los servicios sociales, atribuidos con exclusividad a las comunidades autónomas.

    La existencia de los municipios es un bien en sí mismo, la pervivencia del entorno rural depende de ellos, y nosotros les vamos a ayudar.

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