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Por Miguel Barrachina
El desahogo semanal - RSS

Indispensable austeridad

    Tan solo devolviendo el protagonismo a la sociedad civil España recuperará la senda del crecimiento. La frase puede parecer hueca pero no lo es, y solo entendiendo su auténtico significado encontraremos el camino de la recuperación del bienestar, el mismo que hallamos en 1996 y que desgraciadamente se ha perdido.

    Los dos efectos más evidentes del desplazamiento de la sociedad civil por el excesivo poder público son los referidos al empleo y al crédito.

    En la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero mientras en el conjunto nacional se perdían tres millones de empleos en el sector privado, el público crecía en 312.000 y cerraban 150.000 empresas.

    No se conceden préstamos a particulares porque los necesitan las administraciones, que han aumentado su nivel de endeudamiento en un 80% en cuatro años, y provocado el conocido efecto expulsión, crowding-out, que literalmente significa “exclusión del populacho”, de los más humildes, que son los que más cruentamente sufren las crisis socialistas.

    La función pública es imprescindible, y el papel de los empleados de las administraciones insustituible, de hecho, la entrega y el alto nivel de nuestros funcionarios sorprendería a muchos ciudadanos.

    Acabo de tomar posesión como diputado provincial en Castellón como responsable de hacienda, contratación, y recaudación y uno de los hechos más llamativos, que pasan desapercibidos a la opinión pública, es la enorme dedicación y cualificación de las mujeres y hombres que los dirigen, grandes profesionales escasamente retribuidos, lo cual, es perfectamente compatible con el necesario redimensionamiento de la administración.

    Por ello, es un considerable acierto de Javier Moliner, que sus primeros pasos como presidente de la Diputación hayan estado guiados por la austeridad, prescindiendo de dos vicepresidentes y reduciendo en un 30% el gasto en asesores, y que su gestión se guíe por el rigor presupuestario y la contención en el gasto público.

    La Diputación de Castellón, con Carlos Fabra en la presidencia, ha venido pagando a los proveedores con excepcional prontitud, una de las pocas administraciones que lo hace antes de 50 días, y ello supone que las empresas no se ven dañadas por innecesarios retrasos.

    En esta situación, que no se daba hace cuatro años, el granito de arena castellonense aportado a la reducción del elevado endeudamiento público, es necesario, para que regrese la iniciativa privada, y autónomos, pymes, y grandes empresas vuelvan crear empleo.

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