Mutxamel inicia el proceso para modificar la Ordenanza Fiscal y cumplir con la subida de la Tasa del Servicio de Recogida de Residuos

El Ayuntamiento de Mutxamel ha aprobado en la última sesión plenaria la modificación inicial de la Ordenanza Fiscal de la tasa del servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos que contempla un aumento de la misma para cumplir con la obligatoriedad que marca la Ley 7/2022. El trámite ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular, la abstención de Partido Socialista, Compromís y Unides Podem; VOX por su parte ha votado en contra. Con ello se abren treinta días de exposición para que los distintos grupos políticos presenten alegaciones, una vez cumplido dicho período la ordenanza se presentará de nuevo al pleno para un dictamen concluyente.

La ley, que afecta a todos los municipios con una población igual o mayor a 5.000 habitantes, establece la obligatoriedad de que las entidades locales establezcan una tasa específica antes del diez de abril de este año. Como ha explicado la edil de Hacienda, Felicia Aracil “hemos agotado el plazo marcado con el fin de no aplicar la subida y beneficiar a la ciudadanía durante estos tres años”. Ha remarcado que “a pesar de que la ley incide en que la tasa debe sufragar el 100% del coste del servicio, en nuestro caso y según los estudios realizados por tesorería que reflejan un crecimiento del municipio en los próximos años; hemos ajustado la modificación de la tasa con un retorno de la cobertura del 80%; se prevén nuevas incorporaciones de viviendas al padrón municipal y con ello los ingresos, por tanto no hemos querido sumar un importe mayor a esta regulación impuesta de la tasa porque la viabilidad económica del coste del servicio está completamente garantizada”.

La nueva Ordenanza Fiscal fija las cuantías de la siguiente forma, en casco urbano se pasará de sesenta a ciento diez euros; en urbanizaciones y diseminado de ciento seis a ciento cuarenta y seis o ciento cincuenta y tres. Aracil ha incidido en las bonificaciones que se van a aplicar “que beneficiarán a las familias monoparentales y numerosas con un 10% de descuento y en el caso de las familias en riesgo de exclusión se mantendrán las cuotas reducidas, es decir, no verán aplicada ninguna subida pagarán lo mismo que hasta la fecha”. Respecto a su entrada en vigor ha puntualizado que “cuando la ordenanza se apruebe de forma definitiva su aplicación no se hará efectiva, es decir no afectará al ciudadano hasta el 1 de enero de 2026”.

Rechazo global de todos los grupos políticos

Durante la sesión plenaria se ha presentado una declaración institucional por parte de los Grupos Municipales Partido Popular, Partido Socialista, VOX, Compromís y Unides Podem- Esquerra Unida, en la que han manifestado de forma unánime el profundo rechazo a la obligación de establecer una tasa de residuos por las entidades locales, teniendo que repercutir el coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento de residuos a los ciudadanos a partir del próximo 10 de abril de 2025. De esta forma, la corporación municipal ha dejado clara su postura, aunque se tenga que aplicar la ley ya que es un dictamen nacional que no se puede obviar.

El alcalde, Rafael García Berenguer, al hilo de la declaración institucional ha mostrado su desacuerdo en la subida de esta tasa marcada por el Gobierno de España que “supone un ataque contra la autonomía municipal al impedir que los Ayuntamientos y Entidades Locales hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos, sin considerar el tamaño, población, recursos económicos o situación financiera de cada municipio. Es precisamente la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local la que determina que son los municipios o en su defecto las entidades locales las que deben establecer sus propios tributos. Sin embargo, la imposición de esta normativa a los Ayuntamientos supone una clara invasión de sus competencias locales. Por otra parte, las implicaciones de esta medida son numerosas y su aplicación está ocasionando una gran incertidumbre e inseguridad jurídica en los Ayuntamientos por la indefinición y falta de rigor técnico en la redacción de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular”.