Mulet lamenta que el Gobierno utilice el veto presupuestario a una iniciativa para un problema que afecta la vida de 800.000 interinos en abuso
El senador señala que los efectos económicos sobre las administraciones públicas no se corresponden con la apreciación del Ejecutivo y pueden ser superiores a los 7.000 millones de euros
La Mesa del Senado se ha lavado las manos ante la solicitud de reconsideración realizada por el portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, al segundo veto del Gobierno a la Proposición de Ley de medidas para garantizar en el ámbito del empleo público, el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.
Mulet rechaza que se justifique un veto “claramente político” a iniciar un proceso regulado que garantice el cumplimiento de la normativa y sentencias comunitarias ante el abuso que han vivido numerosos funcionarios y, por otro lado, que la Mesa omita valorar consideraciones jurídicas del Gobierno que no son ciertas, ya que en su veto se refiere a un acuerdo que ni siquiera está incluido en la Proposición de Ley que veta.
La coalición ha realizado aportaciones surgidas de reuniones con los afectados, expertos en Derecho y grupos de trabajadores de todo el Estado. La Proposición proponía que el Gobierno constituyera un grupo de expertos con el cometido de diagnosticar las causas del incorrecto funcionamiento de los sistemas de selección del personal y propondrá posibles mejoras para evitar la formación de bolsas de temporalidad en el empleo público con organizaciones sindicales representativas en el ámbito del empleo público. Asimismo contempla un plazo máximo de un año para proceder a la conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas mediante convocatoria extraordinaria de consolidación de empleo público temporal de plazas de carácter estructural desempeñadas durante tres o más años, con un procedimiento de selección que valore méritos, servicios prestados en la Administración y experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria y la conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas, para el personal que estuviera ocupando los puestos o plazas afectadas.
Finalmente propone la conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas, para el personal que estuviera ocupando los puestos o plazas a que se refiere el artículo tercero, se realice mediante la declaración de “Personal a extinguir”, ya existente en nuestro ordenamiento jurídico interno.
El Gobierno se ha retratado por segunda vez ante un problema de gran envergadura que lleva años afectando a miles de personas. “Desde Compromís hemos realizado con la mejor de las intenciones propuestas para eliminar la tasa de reposición del personal, hemos pedido la comparecencia del ministro y de expertos como Javier Araúz y José María Goerlinch Peset y Remedios Roqueta Buj, catedráticos del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de València ante la Comisión de Función Pública, conseguimos que se aprobara una moción pidiendo al Gobierno una solución al problema de los interinos, así como una solicitud de reunión al propio ministro Miquel Iceta que sigue sin responder. A pesar de ello en sus últimas intervenciones nos alegra que vaya poco a poco convergiendo con la necesidad de unas actuaciones que hace un año que reclamamos”, ha agregado Mulet que ha recordado que este problema “podría tener un coste de entre 7 y 11 mil millones de euros” en caso de condenas y resoluciones favorables al colectivo de interinos, lo que implicaría un incremento de la conflictividad laboral y serias repercusiones económicas para pequeños ayuntamientos entre otras.
