Mulet ve ‘escandaloso’ que el Gobierno no colabore con la justicia universal poniendo a su disposición a Martín Villa

El Gobierno ha asegurado que “respeta la independencia del Poder Judicial” para justificar su negativa a facilitar la acción de la Justicia Universal en el caso de la Querella Argentina, que imputó al exministro de Franco, Rodolfo Martín Villa. El senador valencianista, Carles Mulet, preguntó por las medidas que iba a adoptar el actual Gobierno para acabar con la impunidad de este presunto criminal y genocida, cargo franquista al que se le imputan homicidios y crímenes contra la humanidad.

En 2014 la jueza María Servini ordenó detener a Martín Villa, quien se mostró dispuesto a colaborar y declarar. En octubre de ese año se dictó la orden de detención universal contra ocho exministros franquistas, como Utrera Molina, un excapitán, siete expolicías, dos antiguos jueces, un ginecólogo y un abogado. La sección argentina de Interpol pidió su arresto preventivo, aunque la sección española alegó en la Secretaría General de Lyon de la institución para evitar detener a los 19 reclamados.

El entonces ministro, ministro de Justicia, Rafael Catalá, tardó poco en anunciar que España no atendería la extradición solicitada por Argentina. Pero Villa aseguró que no se iba a "esconder": pidió declarar ante Servini y comparecer ante el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre este asunto "si hay cauce" para hacerlo, subrayó en declaraciones a RNE. El Consejo de Ministros dejó claro el boicot a la Querella Argentina y al intento de Servini de tomar declaración en España a Martín Villa, confirmando que no detendría a los franquistas imputados. El Gobierno de Mariano Rajoy justificó en una respuesta parlamentaria que sobre estas órdenes prima el derecho interno de cada país.

España es un Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE), cuyo diseño institucional, y de las funciones de los Poderes Públicos, está vertebrado por el principio de separación de poderes, clave para la existencia y funcionamiento de cualquier democracia constitucional. La actuación de los órganos jurisdiccionales se limita a las atribuciones previstas en el ordenamiento jurídico constitucional conforme al principio de legalidad, reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

La Audiencia Nacional rechazó que Argentina tomara declaración al exministro franquista en octubre de 2018. El juez José de la Mata argumentó, entre otros motivos, que según la legislación española los delitos que le atribuye habrían prescrito y que se vulneraría la Ley de Amnistía. También exponía De la Mata que el imputado se puso a disposición de Servini para declarar en Argentina y que ella lo habría rechazado. La jueza volvió a reclamar la toma de declaración indagatoria el 28 de marzo de 2019 y a día de hoy Martín Villa todavía no ha declarado. “Los delitos de los que se le acusa son imprescriptibles y no vemos motivos por los que el Gobierno tenga que rechazar una declaración en un procedimiento iniciado en otro país ante la impunidad de la que ha gozado el franquismo en el nuestro”, ha señalado Mulet.

Para el portavoz de la coalición en el Senado “hay quien hace unos meses se rasgaba las vestiduras por movimientos similares cuando llevan dilatando y poniendo palos a la acción de la Justicia, limitando el alcance del principio de Justicia Universal en una reforma realizada por el PP en 2014 rechazada por toda la oposición en bloque, por lo que toca ahora reconstruir estos procedimientos para que acusaciones de delitos tan graves sean clarificadas y personajes que han gozado de impunidad paguen por sus hechos si finalmente se les considera culpables”.