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El PP denuncia que el gobierno de Morella sigue sin derogar el "castigo fiscal impuesto a los vecinos"

El PP denuncia que el gobierno de Morella sigue sin derogar el "castigo fiscal impuesto a los vecinos"
  • Todo ello 15 días después de que Diputación anunciara un convenio para sufragar la obra, afirman

Morella sigue sin derogar el castigo fiscal impuesto a los vecinos el pasado 16 de julio en pleno con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención del PSOE.

Pasados quince días desde que la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, anunciara el rescate de la población para evitar cargar sobre los hombros de los vecinos un recibo que alcalde y socialistas habían acordado quintuplicar, “hoy seguimos esperando a que se nos convoque al pleno que debe derogar el acuerdo adoptado”.

Así lo ha manifestado Jesús Ortí, portavoz del PP en Morella, quien explica que el trámite es preceptivo para poder suspender el acuerdo por el que a partir de mañana jueves, 1 de agosto, se impondrá un incremento del precio del metro cúbico de agua. De los 1,53 euros/m³ a los 8,21 euros/m³, “cinco veces más para pagar una obra que la Diputación Provincial de Castellón ya ha anunciado que financiará sin que sea necesario imponer a los ciudadanos esta medida tan injusta”.

Desde el PP de Morella piden al alcalde “que explique a los vecinos” los motivos por los que el pleno extraordinario sigue sin convocarse. “Es irresponsable prolongar esta situación y generar inquietud entre los ciudadanos. Merecen una reacción inmediata, información y garantías”, señala. “Guardar silencio y opacidad solo genera dudas entre la población”.

Cabe señalar que el convenio anunciado por la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, se formalizará tan pronto como esté derogado el acuerdo plenario avalado con el apoyo del equipo de gobierno y la abstención del PSOE. El PP, recuerda Ortí, votó en contra de la propuesta. “Vamos a seguir reclamando al alcalde una reacción, porque los vecinos no deben pagar una decisión injusta e irresponsable que gracias a la Diputación evitará que paguen una carga económica absolutamente desproporcionada”.

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