Compromís lamenta 'la indefinición del Gobierno respecto a las desaladoras de Castelló'
El senador de Compromís de Compromís y portavoz de Grupo Mixto en la Comisión de Medio Ambiente en el Senado Jordi Navarrete, ha preguntado hoy en este foro por las previsiones de futuro respecto a las desaladoras de Cabanes y Moncofa.
Navarrete ha lamentado que la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, se haya dedicado a excusar la inacción del Gobierno apuntado a responsabilidades del ejecutivo de Zapatero, que fue quien aprobó estos proyectos y se ha dedicado a exponer "vaguedades" como "supuestos contactos" con los ayuntamientos para renegociar los convenios (aspecto negado desde las propias comparaciones), pero sin llegar a concretar cuando y en qué plazo se van a poder abordar estas renegociaciones.
"Hemos salido de la Comisión con las mismas incógnitas con las que hemos entrado. Simplemente nos han explicado que algún día funcionaran, pero no se sabe cuando, ni cómo, ni de qué manera, todo ello a pesar de estar finalizadas desde hace años" y en teoría obligados a ponerlas en funcionamiento para no ser sancionados económicamente por la UE. "O realmente el Gobierno no tiene ni idea de qué hacer con estas desaladoras, o no quiere contarlo", ha dicho Navarrete.
El senador por Castelló ha recordado que estas dos desaladoras nacieron en 2005 para permitir grandes actuaciones urbanísticas que no se llegaron a materializar (los grandes PAIs de Cabanes-Orpesa, Moncofa y Xilxes), con la connivencia del PSOE en el Gobierno Central y el PP y PSOE en los gobiernos municipales que firmaron los convenios.
"Todo el proceso de estos proyectos, ha estado trufado de irregularidades, errores de cálculo, sobrecostes, negligencias técnicas, políticas, administrativas e incluso posibles delitos", ha recordado.
Navarrete ha recordado que las desaladoras fueron construidas con 55 millones de coste cada una. Se invirtieron fondos FEDER de la Unión Europea; 17,2 millones de euros para la de Cabanes y 17,9 para la de Moncofa. Desde su finalización hasta ahora nos encontramos en una encrucijada: "o las ponemos marcha lo que implica empezar a pagar el coste de la parte de la construcción financiada por la administración central, el del mantenimiento de la infraestructura y el de la desalación de un agua que nadie demanda, o no la ponemos en marcha y entonces devolvemos las ayudas FEDER y dejamos otra infraestructura sin utilizar. La opción más lógica sería que el Gobierno Central se hiciera cargo del proyecto y la puesta en marcha de las mismas, como ha hecho en numerosas otras infraestructuras".
Según Navarrete, la representante del Gobierno no ha disipado estas dudas, cuando "necesitamos ya de una vez, una propuesta sobre la mesa. Una solución para que los ayuntamientos de ahora, que han heredado las decisiones irresponsables de sus predecesores, dejen de tener sobre sus cabezas esta espada de Damocles. Una solución sensata y abierta a la incorporación de nuevas variables de uso y demanda, pero el Gobierno continua con la táctica del avestruz, lamentablemente", ha agregado.
