Mollà anuncia el cálculo de índices de costes de producción para diseñar medidas de compensación y protección a agricultores

Indicadores transparentes de los costes de producción, líneas de repercusión para el campo de la política fiscal medioambiental y mantenimiento de la aportación a los seguros agrarios para minimizar el impacto de la subida de precios de las pólizas son algunas de las propuestas que la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha expuesto este lunes durante la reunión que ha mantenido con los representantes de una decena de organizaciones agrarias, de regantes o de las cooperativas agroalimentarias.

Entre los anuncios destaca la iniciativa que coloca a la Comunitat Valenciana como la primera comunidad autónoma en plantear el cálculo objetivo de los índices de precios de cada cultivo, en "oficializar" los costes de producción para diseñar medidas de compensación, para reclamar cláusulas de protección y para forzar al eslabón de la cadena a que se paguen precios justos.

Mollà ha defendido la puesta en marcha de una política fiscal medioambiental compensatoria para el sector agrario en tanto que asienta población y actúa como protector del entorno, freno a la desertificación y sumidero de carbono, todos ellos efectos que reducen el impacto del cambio climático.

"No vamos a recortar ni un euro la aportación a seguros agrarios. Estamos orgullosos de ser la Comunidad Autónoma que más aporta, 24,5 millones de euros". "Nos mantendremos vigilantes para que en los próximos Presupuestos Generales del Estado suba la aportación del Estado pero en el 'mientras llegue' apoyaremos al sector para poder contar con esta medida de protección", ha subrayado.

La consellera se ha referido también al compromiso de su departamento a implantar un calendario de trabajo que "no espere a que lleguen los cambios normativos anunciados por el Ministerio", en referencia al reglamento de las elecciones al campo, un mecanismo de garantía de la representatividad del sector, o de la trasposición de la directiva europea para modificar la ley de la cadena alimentaria. Mireia Mollà ha recordado el carácter "obligatorio" de esta medida presentada por el Gobierno, ya que la Unión Europea exige su aplicación antes de que acabe el año 2021.

Los representantes de los agricultores (el encuentro ha contado con la presencia de Asaja, AVA, COAG, Fecoreva, Federació de Cooperatives Agroalimentàries, Fepac-Asaja, La Unió y UPA) han coincidido en detectar el problema, la renta agraria, y han repasado, a su juicio, algunas de las problemáticas como la competencia en desigualdad de condiciones motivada por los acuerdos comerciales, la amenaza fitosanitaria, la falta de una voz potente en Europa o incluso la falta de relevo generacional o las divisiones del sector.

En este sentido, la Conselleria ha recordado que la reciprocidad en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y terceros países es una constante en las demandas al ministro de Agricultura, Luis Planas, al que exigen cláusulas de salvaguardia, controles rigurosos en los puertos entrada y tratamiento en frío para las importaciones. Reivindicaciones que también dirigen a los comisarios europeos a los que instan a recuperar los principios de "preferencia comunitaria", que son "esencia" de la construcción de un mercado europeo común y que "se ha ido perdiendo".

La titular de Agricultura y Desarrollo Rural ha recogido el planteamiento del sector sobre el traslado de su voz a Bruselas y ha instado a trabajar de forma conjunta. "Allí donde tengamos presencia debemos mantener una postura común y construir una ramificación de defensa de nuestros intereses: desde pedir que se mantengan las cuantías en la nueva PAC hasta presionar para que no se nos excluya de otros paquetes como el del Pacto Verde Europeo".

Finalmente, la consellera también se ha mostrado abierta a congregar al resto de actores de la cadena alimentaria como distribuidores o incluso consumidores para buscar puntos de encuentro.