Merino considera que el “sometimiento” de Sánchez a los independentistas costará 1.793 millones de euros a los valencianos este año

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha lamentado que el “sometimiento” del Gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas y su renuncia a continuar con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024 tendrá un impacto de 1.793 millones de euros para los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, ya que la prórroga de los PGE de 2023 implica la congelación de los recursos del sistema de financiación autonómica para este año.

Según ha explicado la consellera, la “irresponsabilidad” de Sánchez de eludir el mandato constitucional de elaborar los PGE al no tener asegurados los apoyos de los partidos independentistas catalanes para aprobarlos tras la convocatoria de elecciones en Cataluña supone un “grave perjuicio para las Comunidades Autónomas”.

En concreto, la prórroga de los PGE de 2023 implica que las CCAA no recibirán las entregas a cuenta actualizadas conforme a las previsiones comunicadas por el propio Ministerio de Hacienda, al mismo tiempo que reducirá de forma significativa la liquidación del ejercicio 2022, que se abona en 2024, porque varios de los fondos que lo componen tienen naturaleza presupuestaria y con la prórroga no pueden aumentar.

“Pese a que la ministra de Hacienda presume de que las comunidades autónomas recibirán este año la mejor financiación de su historia, la realidad es que esto no se ha traducido de momento en una mejora de los ingresos este año y no será así mientras el Gobierno no actualice estas entregas”, ha detallado la consellera de Hacienda.

Según ha recordado Merino, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, informó “tarde y mal” a las comunidades de los recursos del sistema de financiación para este año, una información necesaria para elaborar sus respectivos presupuestos, pero que el Ministerio no ofreció hasta diciembre a pesar de que la consellera de Hacienda se la había solicitado por escrito ya en septiembre.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el importe de las entregas a cuenta comunicado para 2024 asciende a 12.555 millones, mientras que la liquidación provisional del ejercicio 2022 se eleva a 2.699 millones de euros. En total, los recursos que la Comunitat Valenciana debía recibir este año superan los 15.254 millones de euros, 1.793 millones más que los liquidados en 2023 por ambos conceptos.

Actualizar las entregas por Real Decreto-ley

Tanto las entregas a cuenta como la previsión de liquidación del sistema de financiación están reflejadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cuando las cuentas se prorrogan, como sucederá este año con las de 2023, el Gobierno tiene la posibilidad de aprobar un Real Decreto-ley que permita actualizar las entregas a cuenta para cumplir con las autonomías.

Por ese motivo, la consellera de Hacienda ha exigido a la ministra Montero y a Pedro Sánchez que, del mismo modo que pusieron en marcha toda la maquinaria para acelerar la aprobación de los presupuestos, ahora “demuestren la misma urgencia para aprobar el Real Decreto-ley que permita a las comunidades autónomas disponer cuanto antes de los recursos a los que el Gobierno se comprometió este año”.

Merino ha recordado que existe un precedente muy claro en 2019 cuando, en octubre de ese año, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley en el que las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se actualizaron sin tener aprobados los Presupuestos Generales del Estado del año en curso.

El propio Ministerio de Hacienda, al frente del cual se encontraba María Jesús Motero, destacó entonces que esta medida sentaba un “precedente claro” al tiempo que suponía un refuerzo de “la autonomía financiera de las comunidades”.

Por ese motivo, la consellera Ruth Merino ha considerado que María Jesús Montero “no tiene excusas para aprobar cuanto antes el Real Decreto-ley que permita a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana disponer de los recursos adicionales previstos para este año”. “Espero que la ministra no recurra de nuevo a un informe jurídico para quedarse los recursos que por justicia nos corresponden a las comunidades autónomas”, ha concluido.