Lima insiste en limitar los precios de los alimentos básicos y cree que el bono social es “insuficiente”

La síndica de Unides Podem en Les Corts Valencianes, Pilar Lima, ha insistido hoy en la necesidad de definir una cesta de la compra básica con alimentos esenciales que deben rebajar o congelar sus precios como medida para que el conjunto de las familias pueda afrontar la inflación, y ha explicado que el bono social de 30 euros que está impulsando el Consell es “insuficiente”.

Lima, tras la última Junta de Portavoces de la legislatura, ha recordado que esta ayuda no sería compatible con la Renta Valenciana de Inclusión y su coste lo sufragarían en 95 por ciento la Generalitat y en 5 por ciento las grandes distribuidoras.

La síndica ha advertido que la propuesta del Consell “reconoce lo que venimos denunciando desde Unides Podem hace semanas y que visibilizamos mediante una PNL registrada en las Corts: que los precios abusivos de los alimentos básicos están colocando en una situación muy complicada a muchísimas familias” y ha alertado de que la propuesta “puede paliar el problema de forma temporal, pero es insuficiente para afrontar la dramática situación en la que estamos inmersos”. En cualquier caso, ha garantizado que “cualquier medida que ayude a las familias en situación de vulnerabilidad a acceder a productos y alimentos básicos contará con nuestro apoyo”.

Lima ha recordado que la ley de Comercio en España “dice que se pueden intervenir los precios máximos de productos básicos, por tanto, en un momento de necesidad urgente la prioridad debe ser limitar el coste de alimentos esencial aunque esto implique recortar márgenes de beneficios” y ha añadido que “si las grandes plataformas de distribución no dan el paso y no empiezan a reducir el precio de alimentos básicos y frescos para las familias en situación de vulnerabilidad, el Gobierno debe adoptar medidas y la Generalitat debería exigir su aplicación inmediata”.

Por otro lado,  Lima ha destacado que el último pleno de la legislatura abordará la creación de dos herramientas muy importantes en materia de vivienda que sitúan a la Comunitat Valenciana a la vanguardia de esta materia: el Decreto Ley sobre Acoso Inmobiliario y la Ley de Viviendas Colaborativas.

Así, ha aludido al proyecto de ley de Viviendas Colaborativas, cuyo debate acoge el pleno la próxima semana y ha enfatizado que la nueva norma “nos permitirá impulsar una alternativa habitacional y residencial en la Comunitat, una nueva forma de vivir donde prima lo común sobre lo privado, donde el derecho a la propiedad no opera bajo las reglas de la especulación inmobiliaria y abre la puerta a dinámicas cooperativas sin ánimo de lucro enfocadas en combatir la precariedad y la soledad en todas las etapas de la vida, pero sobre todo en la vejez”.

Asimismo se ha referido al decreto sobre el acoso inmobiliario, el Decreto ley 3/2023, de 17 de febrero, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana, que se abordará también en pleno.

En este sentido, ha indicado que la norma “es el resultado de una lucha social y una  herramienta para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad ante un el contexto de encarecimiento de la vida que tiene especial incidencia en el ámbito inmobiliario debido a la subida exponencial de los alquileres y una subida de los tipos de interés que tiene impactos sobre las hipotecas”.

Así, ha abundado en que supone “una respuesta contundente frente a conductas encaminadas al acoso de las familias por parte de fondos buitre y por parte de grandes propietarios para que abandonen sus viviendas” y ha recordado que introduce multas de hasta 950.000 euros para sancionar las conductas de hostigamiento inmobiliario, además de un sistema de inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa, así como la creación de un registro de grandes tenedores para aportar información sobre su actividad inmobiliaria, que redundará en una mayor transparencia.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Estefanía Blanes, se ha referido al debate de la ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo, que producirá también la próxima semana en el pleno, y que “nace con el claro compromiso del Gobierno valenciano de implicar la ciudadanía en los asuntos públicos”. Blanes ha puesto en valor el modelo colaborativo del cual parte la futura ley, un proceso de elaboración que “ha contado con un amplio proceso participativo”. Entre las principales novedades que aporta la ley destaca la desaparición del límite de edad para participar en los asuntos públicos, el refuerzo de la formación en participación y la creación de un nuevo Consejo de Personas Valencianas en el Exterior para favorecer su retorno.

Por otro lado, en cuanto a la imposibilidad de renovar la composición de diversos órganos estatutarios, la portavoz adjunta ha criticado que “lo que evidencian los hechos es que nunca hubo voluntad de consenso por parte del Partido Popular. Ahora deberán dar explicaciones de por qué prefieren mantener los mandatos caducados y no han atendido su responsabilidad como cargos electos para renovar los órganos que les corresponde, se deben responsabilizar de su política inexplicable de bloqueo permanente”.