Esquerra Unida defiende que la supresión de la zona azul supone un paso más en la revisión y supervisión de los servicios públicos
Después del anuncio oficial de la no renovación y, por lo tanto, extinción del contrato de explotación de la zona azul de la Vall d'Uixó, desde el grupo municipal de Esquerra Unida se quiere reivindicar que este es un paso más dentro del proyecto de legislatura para «la revisión y optimización de los contratos públicos», en la línea de otras intervenciones previas como la mejora y supervisión estricta del de recogida de residuos y limpieza viaria, o la remunicipalización de la gestión de los parques y jardines, tal como ha precisado esta mañana el portavoz municipal y candidato a la alcaldía, Antoni Llorente.
Por lo que respecta al caso concreto de la eliminación de la zona azul, José Antonio Verdú, miembro del Consell Polític de Esquerra Unida la Vall e integrante de la candidatura a las próximas elecciones municipales, ha detallado que «las implicaciones de eliminar este contrato van mucho más allá de regular o no el estacionamiento en la vía pública. Es sobre todo una cuestión de gestionar de manera responsable el dinero de todas y todos». Verdú explica que «este es un ejemplo de esos contratos realizados por el Partido Popular en los que lo que menos importaba era el servicio que se prestaba a la ciudadanía, porque se prevalecían los beneficios que alguna empresa concreta podía obtener».
La zona azul «no ha tenido en cuenta en ningún momento los intereses generales y estamos convencidos que tampoco los particulares de los comercios, porque desde que se implantó este sistema, es muy habitual ver en horas punta amplias áreas reguladas por este mecanismo de pago completamente vacías en pleno centro, lo cual demuestra la poca eficiencia que esta opción ha tenido en nuestra ciudad», ha concluido Verdú.
De hecho, Antoni Llorente ha remarcado que «tenemos la convicción que la zona azul no es un servicio público» y por tanto, «obligar a la gente a pagar no tiene ninguna justificación». Pero además, es que «era muy mal contrato, porque el principal pagador era el Ayuntamiento, que tenía que abonar el coste de la ocupación de las plazas del Mercado de los viernes, o en diversas calles y plazas cuando estaban reservadas para actos festivos». A parte, no había ninguna supervisión, ni se entregaban las memorias de funcionamiento, «en resumen, todo aquello negativo a lo que nos había acostumbrado el Partido Popular en cuanto a la gestión de los recursos municipales».
El portavoz de Esquerra Unida ha querido remarcar que esta decisión no tiene que ver «con el modelo de movilidad por el cual apostamos, tal y como hemos demostrado a lo largo de la legislatura, en la que siempre hemos priorizado la recuperación de los espacios públicos para las personas. Este es un caso muy claro de regulación y control de los contratos públicos y de transparencia en la gestión de los recursos de todas y todos».
En este sentido, Llorente también ha incidido en que esta medida no supone un hecho aislado, como se ha demostrado desde 2015. «La protección de los servicios públicos y su prestación con garantías, es una prioridad para Esquerra Unida, y esto pasa para asegurar a los ciudadanos que pagarán el precio justo por esos servicios». En esa línea, ha avanzado que una apuesta firme de la agrupación, con la vista puesta en la próxima legislatura, es el estudio del contrato de gestión del suministro de agua potable. «Posiblemente es uno de los más importantes y lleva años blindado por una adjudicación muy similar a las que hemos estado modificando estos cuatro años. Ahora que se aproxima el final de este acuerdo, tenemos la oportunidad y la obligación de revisarlo y adaptarlo a las necesidades reales de los ciudadanos y no a los intereses de cualquier que sea la empresa adjudicataria».
