El juez da carpetazo a la causa contra Mónica Oltra: archiva el proceso al no existir indicios de delito
El juez instructor señala que la posibilidad de que existiera una directriz para desacreditar a la víctima y encubrir al exmarido de la entonces vicepresidenta del Consell ha quedado como una mera sospecha
Carlos Mazón: "Total respeto a las decisiones judiciales pero cada día que pasa sin pedir perdón a la menor que sufrió abusos no es de recibo"
Veintidós meses después de que la ex vicepresidenta del Consell, con Ximo Puig, y líder de Compromís, Mónica Oltra, dimitiera de todos sus cargos tras la imputación por la gestión de los abusos de su expareja a una menor tutelada, el titular del Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa que seguía desde 2021 contra Mónica Oltra y otras 15 personas.
“No existen en suma indicios de la comisión de delito alguno y ello aun cuando en la denuncia y querella iniciales se hicieran de manera meramente provisional calificaciones jurídico-penales que resultan insostenibles con arreglo a lo actuado”, concluye el magistrado.
El auto, que puede ser recurrido tanto en reforma como en apelación, recuerda la existencia de diligencias que habían sido solicitadas por las acusaciones particular y popular y que aún no habían sido resueltas, pero matiza a continuación que éstas no se estiman necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Tras conocer la decisión del sobreseimiento provisional, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado "total respeto" a las decisiones judiciales pero "cada día que pasa sin pedir perdón a la menor que sufrió abusos no es de recibo".
El juez detalla pormenorizadamente y de forma cronológica en la resolución los hechos acreditados durante la instrucción de estas diligencias, desde que la víctima sufrió los abusos sexuales continuados, entre finales de 2016 y 2017, por parte del educador -hechos por los que fue condenado a cinco años de cárcel- hasta 2019, cuando la Fiscalía recibió un informe de la Conselleria realizado por el Instituto Espill relativo a la menor.
El juez considera que todos los indicios que fundamentaron en su día “las imputaciones judiciales provisionales” contra las personas investigadas en esta causa “se han desvanecido por completo una vez practicadas todas las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos investigados”.
Así, una vez recibida declaración a todos los investigados, entre los que figuran técnicos y antiguos altos cargos de la Conselleria, a los testigos y examinada la “copiosa documental obrante en autos (…) no subsiste indicio racional alguno de criminalidad contra los imputados ni, en consecuencia, fundamento alguno para dictar una resolución de imputación judicial definitiva contra los mismos”, precisa.
El magistrado admite que determinadas conductas seguidas por algunos de estos investigados podrían haber sido “distintas a las que fueron”, pero no cabe de ello “derivar consecuencias jurídico penales” para los mismos.
De este modo, el instructor no aprecia indicios de delito de prevaricación administrativa ni tampoco de abandono de menores ni de omisión del deber de perseguir delitos.
Respecto a Mónica Oltra, señala que no se ha acreditado, “ni siquiera al nivel propio de los indicios”, que tuviera conocimiento alguno hasta el 4 de agosto de 2017 de los hechos que atribuía la menor tutelada a quien entonces era su marido.
Asimismo, las sospechas expuestas en la denuncia y la querella iniciales acerca de que pudiera haber existido una directriz, orden o similar de la entonces consellera de Igualdad o de cualquiera de los altos cargos de la Conselleria para desacreditar a la víctima o encubrir al educador “finalmente no han alcanzado la categoría de indicios de criminalidad y quedan como meras sospechas, especulaciones o conjeturas sobre los que no puede basarse una imputación judicial definitiva”, añade el magistrado.
En esta línea, el titular del Juzgado de Instrucción 15 destaca la declaración como testigo en esta causa de la menor que sufrió los abusos, que no fue capaz de aportar una versión de los hechos diferente a la que resulta de la documentación existente en la causa y a las declaraciones de los investigados.
