Igualdad garantizará que las personas mayores tengan una plaza residencial cerca de su entorno familiar
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas garantizará que todas las personas mayores que soliciten atención residencial tengan acceso a un plaza pública o pagada con fondos públicos en igualdad de condiciones, con mayor libertad de elección y lo más cerca posible de su domicilio y de su entorno familiar, de manera que se sienta "como en casa".
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante la presentación de 'Queda't a prop', el Plan de Reordenación del Sector Residencial para personas mayores de la Comunitat Valenciana, que supone "una reforma del sector teniendo en cuenta las necesidades del usuario, la calidad del servicio y garantizando unas condiciones laborales dignas para los profesionales de los centros".
Reordenación del sector
La vicepresidenta ha explicado que las personas son el centro de las políticas del Consell, y por ello este plan se ha estructurado teniendo en cuenta las necesidades de las 10.508 personas que ocupan una plaza sostenida con fondos públicos, y de las alrededor de 3.400 que están a la espera de poder entrar en una residencia, y que no lo han podido hacer por la falta de infraestructuras en este ámbito.
Así, ha denunciado la falta de inversión en esta área en los últimos 20 años, dos décadas durante las que el antiguo gobierno apostó por un modelo "mercantilizado" en el que no se tenían en cuenta las necesidades de los residentes, con un "modelo de accesibilidad pervertido que privilegiaba a unos pocos, un negocio de amigos que se situó por encima de las personas".
El objetivo, ha indicado, es garantizar la cercanía al propio domicilio del usuario, por lo que en los casos en los que las residencias sostenidas con fondos públicos no dispongan de una plaza e menos de 20 kilómetros de distancia, la Conselleria ofertará una prestación de garantía para que el usuario pueda permanecer lo más cerca de su entorno familiar, algo que hasta ahora no siempre ocurría.
La vicepresidenta ha explicado que esta medida, que implica el establecimiento de un precio público por plaza, beneficiará a las rentas inferiores a los 1.000 euros mensuales, ya que ahora el usuario sólo deberá aportar el copago que ya está establecido en función de su renta, garantizándole un mínimo de dinero para su autonomía, 200 euros al mes, además de las dos pagas.
El plan para la reestructuración del sector público se ha elaborado teniendo en cuenta los criterios objetivos de las necesidades poblacionales, para lo que previamente se ha elaborado una mapificación de los recursos disponibles, a partir de la cual se han orquestado diversas medidas, entre las que se incluye la construcción de nuevos centros y un incremento presupuestario del 11,55 por ciento en el presupuesto de mejora y acondicionamiento de centros, hasta alcanzar los 3,1 millones de euros.
Colaboración con diputaciones y ayuntamientos
La vicepresidenta ha señalado que este plan también incluye una colaboración estrecha con diputaciones y ayuntamientos, que se va a plasmar a través de la ampliación de las plazas municipales concertadas, que crecerán en 547 en centros de día y en 137 en centros diurnos, y con la recuperación de proyectos que la falta de inversión del antiguo gobierno paralizó y que ahora se quieren recuperar.
Otro aspecto que se aborda desde este plan, es la creación del concierto social para las residencias del tercer sector, lo que permitirá que las 1.363 plazas que actualmente gestionan esta entidades pasen del modelo de la subvención al concierto, medida que incrementa la estabilidad y reduce la burocracia.
"Este cambio termina con la discrecionalidad de las ayudas, permite mejorar las condiciones laborales y la seguridad de la entidad, además de crear un marco legal que repercute en la mejora de los derechos de los usuarios" ha señalado la vicepresidenta, quien ha explicado, que para ello se va a modificar la ley de Servicios Sociales, y posteriormente se desarrollará el concierto social a través de un decreto en 2018.
Respecto al sector de accesibilidad, a principios del próximo año se procederá a la concertación de un total de 3.300 plazas, a través de un concurso abierto a todas las empresas, con la incorporación de las cláusulas sociales, cláusulas antimonopolio, y primando la calidad por encima del coste.
"Con esta medida cumplimos con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declaró ilegal este tipo de modelo, acabando con un sistema de adjudicación privilegiado para unos pocos y favoreciendo y garantizado la pluralidad del sector", ha explicado la vicepresidenta.
Frente al abandono que durante años ha padecido este sector, la conselleria apuesta por un cambio de modelo en el que el único interés y el centro de la gestión de los recursos públicos sea "una atención de calidad y la dedicación a los residentes", con el objetivo de "humanizar" los centros residenciales para personas mayores, de manera que se parezcan "cada vez más a un hogar donde los usuarios encuentren un entorno afectivo y familiar", ha afirmado Oltra.
