El Gobierno defiende que las medidas económicas han frenado los despidos por el coronavirus

El ministro de Inclusión,  Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado que “se aprecia en las últimas semanas una estabilización en el empleo” después de la intensa de pérdida de puestos de trabajo en los días anteriores y posteriores al decreto del estado de alarma (14 de marzo). En su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, ha recordado que la crisis de la COVID-19 ha tenido un “fuerte impacto” en la afiliación a la Seguridad Social, ya que en 21 días de marzo y abril se han perdido tantos empleos como en los 102 días de mayor destrucción de puestos de la crisis de 2008-2009.

No obstante, Escrivá ha subrayado que, tras una fase con una intensa destrucción de empleo, “desde el 24 de marzo hemos entrado en una fase de estabilización, que continúa durante la primera mitad de abril”. Tras la caída de más de 600.000 afiliados a la Seguridad Social en los días en torno al decreto de alarma, se aprecia que, a partir del día 24 “no hemos vuelto a ver las caídas en afiliación de los niveles de los días anteriores y posteriores al decreto de alarma (14 de marzo)”, con la única excepción del 31 de marzo, aunque en este caso, la evolución está condicionada por el habitual fin de contratos a final de mes.

Esta tendencia de estabilización ha continuado durante los primeros días de abril, en los que incluso, ha habido varios días con creación de empleo. Además, el ministro de Inclusión ha indicado que esta tendencia a la estabilización en el mercado laboral es común a toda la geografía española y ha destacado que hay ocho provincias donde crece la afiliación en la primera mitad de abril (Badajoz, Huelva, Cádiz, Murcia, Albacete, Baleares, Huesca y Tarragona).

Medidas de protección del empleo

José Luis Escrivá ha subrayado que el cambio de tendencia en el mercado de trabajo “se debe en parte a las medidas de protección del empleo tomadas por el Gobierno a partir del 17 de marzo. En este sentido, ha subrayado que las medidas aprobadas “son muy extensas y podrán proteger las rentas de 6 millones de personas, más del 30% de la población activa ocupada”. Esta protección de rentas “es la absoluta prioridad del Gobierno en este momento”, ha señalado.

En este sentido, ha destacado que la respuesta del Ejecutivo ha permitido proteger a más de 5 millones de personas, entre las casi 4 millones de personas acogidas a ERTEs, el casi millón de autónomos que se calcula que podrán recibir la prestación y las personas empleadas de hogar y temporales sin derecho a prestación, que serán cubiertas por las últimas medidas aprobadas. Además, hay que recordar que ha habido más 400.000 personas beneficiarias de prestaciones de Incapacidad Temporal asimiladas a accidente de trabajo por COVID-19, que suponen una mayor protección. Por ello, Escrivá ha subrayado que la respuesta española ha sido de las “más ambiciosa y de las más rápidas” entre los países de nuestro entorno en cuanto a la cobertura de rentas se refiere, por encima de países anglosajones y en línea con países como Italia o Francia.

ERTEs y exoneraciones

De las medidas puestas en marcha para garantizar las rentas y mantener el empleo la que mayor efecto ha tenido son los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que en el caso de considerarse por fuerza mayor asociada a la COVID-19, conllevan una exoneración del pago de cotizaciones sociales. El ministro ha señalado que casi 4 millones de personas, el 16% de la población activa, están incluidas en ERTEs y a más del 50% de estos expedientes ya se les ha efectuado la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social de  sus trabajadores.

Prestación extraordinaria para autónomos

Escrivá ha subrayado que el grueso de la pérdida de empleo ha sido en el régimen general y ha recaído, en concreto, sobre trabajadores con contrato temporal. Por el contrario, el régimen de autónomos ha tenido un comportamiento más positivo, con una pérdida de 56.000 afiliados desde el 12 de marzo. En concreto, mientras que el régimen general registra una caída del 6%, el de autónomos no llega al 2%.

Además, el ministro de Inclusión ha destacado la acogida de la  prestación extraordinaria por cese de actividad puesta en marcha  para las personas cuya actividad quedó suspendida por el decreto de alarma o con  una  caída  de  la  facturación  del  75%,  que  ya  ha  registrado casi 950.000 solicitudes. Esta prestación, que supone un beneficio económico mínimo de 950 euros al mes, será percibida este viernes por más de 800.000 beneficiarios. La prestación se está concediendo casi al total de las personas que la han solicitado, con una aceptación del 97% de las solicitudes.

Aplazamientos y moratorias

Además, para favorecer la liquidez de las empresas, se han aprobado dos medidas. En primer lugar, la posibilidad de aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social con un interés del 0,5% (siete veces inferior al habitual) para las cuotas pagaderas en los meses de abril, mayo y junio. Hasta el 12 de abril, se habían solicitado más de 92.000 aplazamientos, de los que un 30% correspondían a trabajadores por cuenta propia.

Esta medida, que puede ser solicitada por cualquier empresa que no tenga otro aplazamiento en vigor, conlleva, además, el incremento de las cuantías de las deudas aplazables exentas de garantías para favorecer la liquidez del tejido productivo.

En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado una moratoria de seis meses para las cotizaciones que se tienen que pagar en los meses de abril, mayo y junio. En los próximos días se publicará una Orden Ministerial con el detalle de los sectores que podrán acogerse a esta medida.

Otras medidas

El ministro ha subrayado también la simplificación de los trámites administrativos que se ha llevado a cabo para facilitar el acceso a los servicios públicos por parte de los ciudadanos en un momento, como éste, en el que están restringidos los desplazamientos. En este sentido, ha indicado que se permite operar con la Seguridad Social sin certificado electrónico y que se permiten pruebas alternativas para obtener prestaciones. Por ejemplo, para solicitar la prestación de nacimiento, si no se tiene la documentación del Registro Civil, se acepta provisionalmente el informe de maternidad del hospital.

Profesionales sanitarios

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha adoptado varias medidas para favorecer la incorporación  de profesionales sanitarios en estas circunstancias excepcionales. Por un lado, se ha flexibilizado la reincorporación de profesionales sanitarios jubilados manteniendo la pensión que percibían y, por otro, se ha agilizado el tratamiento de los expedientes en las Oficinas de Extranjería para acelerar la autorización de residencia y trabajo de profesionales del sector sanitario extranjeros en situación regular, priorizando aquellos expedientes cuyo trámite ya estaba abierto antes de la entrada en vigor del estado de alarma. Gracias a esta última medida, cerca de 400 profesionales sanitarios cuentan con las autorizaciones necesarias para ser contratados.

Escrivá ha señalado también otras medidas tomadas en el ámbito migratorio, como la flexibilización de la contratación en el sector agrario autorizando la incorporación de jóvenes de terceros países entre los 18 y los 21 años que se encuentren en situación regular, así como la prórroga hasta el 30 de junio y sin ningún trámite adicional de la autorización de residencia y trabajo de aquellos migrantes que así lo precisaran. Asimismo, para atender la demanda de mano de obra en el campo, se está procediendo a prorrogar las autorizaciones de trabajo y residencia de las 7.028 temporeras marroquíes que llegaron a Huelva antes del establecimiento de restricciones en fronteras exteriores.

Además, con motivo de la pandemia se han tomado medidas de diversa índole, como la acogida de las personas que han ido abandonando los CIES (alrededor de 250), el bloqueo de aproximadamente el 15% de las plazas del Sistema Nacional de Acogida para atender eventuales necesidades de aislamiento, así como la suspensión de plazos administrativos para procedimientos de extranjería ya iniciados para que “ningún extranjero caiga en situación de irregularidad con motivo de la expiración de la documentación” durante el estado de alarma.

Balance de las medidas

En general, ha subrayado José Luis Escrivá, “la respuesta a esta crisis ha sido más amplia y más rápida de lo que ha sucedido en anteriores ocasiones”. Así, ha subrayado que la prestación para autónomos es novedosa y no existía ninguna medida similar en la anterior crisis para ayudar al mantenimiento de los negocios de los autónomos.

También las medidas de aplazamiento y moratoria son mucho más amplias que en anteriores ocasiones, cuando se aplicaron con motivo de catástrofes naturales o crisis sectoriales y no como consecuencia de una crisis sanitaria con efectos económicos generalizados. De esta forma, el número de posibles beneficiarios es mucho mayor ahora. De la misma manera, la protección de los trabajadores enfermos o aislados durante la gripe A también fue menor que la actual, ya que tenían la consideración de baja común y no de incapacidad temporal asimilada a accidente de trabajo como ahora.

El ministro de Inclusión ha destacado que la crisis sanitaria es “temporal” y, mientras dure, “la prioridad del Gobierno debe ser garantizar rentas, como ha hecho hasta ahora. Además, ha subrayado que el “esquema de protección es muy amplio y está surtiendo efecto”. En este contexto, Escrivá ha indicado que el “objetivo es generar certidumbre en unas condiciones extraordinariamente complejas”.