La Generalitat Valenciana da un paso adelante en la simplificación administrativa con un nuevo decreto ley

El Pleno del Consell ha aprobado el Decreto Ley de Simplificación Administrativa de la Generalitat, que establece las medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas a promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y organizativos de la administración de la Generalitat, su sector público instrumental y de los entes que integran la Administración local de la Comunitat Valenciana.

Estas medidas pretenden mejorar el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos y eliminar cargas administrativas que limitan el desarrollo económico y social en la Comunitat Valenciana. Como el propio decreto ley señala, la mejora y simplificación de los procesos administrativos permitirá atraer más inversiones, dinamizar el mercado inmobiliario y mejorar el acceso a la vivienda, contribuyendo de esta manera al bienestar general de la sociedad.

El decreto ley elimina o modifica 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes que lastran la tramitación administrativa y que han sido identificados tras un proceso en el que han participado el sector empresarial, los colegios profesionales, las entidades locales y la ciudadanía en general.

Principios generales y orientadores

Tal y como establece el decreto ley, la Administración actuará de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, siempre velando por el respeto de los derechos y garantías, la transparencia de la actividad administrativa y la calidad de los servicios públicos.

Además, los órganos y entidades públicas impulsarán mecanismos de coordinación y colaboración y fórmulas institucionales y organizativas flexibles que permitan tramitar eficazmente los procedimientos que transciendan las competencias propias de un departamento o entidad.

Como principios orientadores de la simplificación procedimental y organizativa, el decreto ley cita la orientación y servicio efectivo a la ciudadanía, la eficacia y eficiencia, la celeridad, la economía procedimental y organizativa, la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión, la transparencia administrativa y la tramitación unificada.

Lenguaje claro, eliminación de trámites y declaraciones responsables

Entre las medidas contempladas cabe destacar las dirigidas a  mejorar la información sobre requisitos, documentación y procedimientos; adecuar la información sobre los trámites y procedimientos a un lenguaje claro, sencillo y adaptado a las personas destinatarias;  aumentar la eficacia y eficiencia en la creación y funcionamiento de los órganos colegiados; la unificación de procedimientos y eliminación de aquellos que sean innecesarios;  la acumulación de trámites o supresión de aquellos que sean innecesarios, redundantes o que no contribuyan a la mejora de la actividad administrativa; la reducción de términos y plazos; la realización de actuaciones de oficio; la sustitución del sentido desestimatorio del silencio por un sentido estimatorio siempre que sea posible.

Asimismo, el decreto ley prevé la sustitución de autorizaciones y licencias por declaraciones responsables o comunicaciones; la supresión de cargas administrativas repetitivas, obsoletas y no exigibles por la legislación; la normalización de formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y otros documentos con los datos mínimos necesarios para la tramitación del procedimiento y, cuando sea posible, mediante cumplimentación anticipada.

Además, se aboga por la agrupación documental que deba hacer una misma persona, el uso de procedimientos automatizados para el reconocimiento de un derecho o para su renovación, y la agilización de las comunicaciones, potenciando la relación electrónica con la ciudadanía.

Medidas de impulso de la actividad económica

Entre las principales medidas para impulsar la actividad económica se encuentra la declaración de proyectos de interés autonómico, la activación del Canal Empresa, la potenciación de las declaraciones responsables y la creación de las entidades colaboradoras de certificación y de la certificación documental acreditada. Estas iniciativas pretenden reducir el tiempo y esfuerzo requerido para cumplir con los requisitos administrativos, fomentando así un entorno más favorable para la actividad económica.

En concreto, se establece la tramitación preferente y urgente de las iniciativas consideradas Proyectos de Interés Autonómico, que serán aquellos que contribuyan a la dinamización y desarrollo de la economía regional en términos de empleo, riqueza y sostenibilidad. Las personas titulares de estos proyectos dispondrán de una ventanilla única de solicitud y de la posibilidad de disponer de una sola interlocución.

El Canal Empresa ofrecerá en un único portal electrónico los servicios y los procedimientos administrativos que afecten a su actividad empresarial, al cual se podrán adherir los ayuntamientos. Este canal facilitará las relaciones entre las empresas y los órganos y entidades del sector público e incorporará un sistema de información y tramitación guiada, que permitirá a las personas titulares de las actividades económicas conocer toda la información necesaria sobre los procedimientos para iniciar una actividad económica o un establecimiento e instar su tramitación.

Además, se potenciará la utilización de declaraciones responsables o comunicaciones previas en los procedimientos administrativos, evitando que la administración tenga que notificar un acto previo para el inicio de la actividad. Se crea la Certificación Documental Acreditada, que será emitida por las entidades colaboradoras de certificación, con la finalidad de verificar y validar la documentación las personas interesadas presentan ante la Administración ante la Administración, todo ello a fin de agilizar los procedimientos administrativos sometidos a régimen de autorización o de licencia.

Medidas de simplificación dirigidas a la ciudadanía

Por lo que respecta a las medidas dirigidas a la ciudadanía, se establecen mecanismos para acercar la administración a las personas, especialmente a las personas mayores, con diversidad funcional o afectadas por la brecha digital. En concreto, la Generalitat posibilitará que la ciudadanía pueda acceder a través de un único punto electrónico a toda la información generada, que deberá estar redactada en un lenguaje claro y sencillo.

Además, se dispondrán canales de atención accesibles y de calidad, tanto presenciales como remotos, especialmente para las personas con dificultades, y se impulsará las medidas necesarias para que aquellas personas que, por motivos de salud o movilidad, no puedan desplazarse sean asistidas mediante sistemas de atención en remoto, que garantizarán total seguridad jurídica y tecnológica.

En las oficinas de atención presencial de la Generalitat se dispondrán los medios técnicos necesarios para que la ciudadanía pueda relacionarse también digitalmente con la administración. Del mismo modo, se habilitarán servicios de videollamada para la realización de consultas relacionadas con la asistencia en el uso de medios electrónicos, y se realizarán acciones formativas dirigidas a la ciudadanía en general y, especialmente, a aquellos colectivos más afectados por la brecha digital, para favorecer la inclusión digital y el uso de los servicios digitales por parte de la ciudadanía.

Por otro lado, el decreto ley regula medidas aplicables tanto a empresas como a la ciudadanía, tales como la reducción de plazos, el sentido positivo del silencio administrativo y la interoperabilidad entre sistemas. Se prohíbe a la administración de la Generalitat y su sector público instrumental solicitar a las personas interesadas la aportación de datos o documentos que puedan consultar en la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad. Además, se introduce la figura de los entes habilitados, competentes para la realización de transacciones electrónicas en representación de las personas interesadas.

La Generalitat aprobará mediante un Acuerdo del Consell un modelo de gobierno del dato, orientado a la consecución de una gestión pública cercana a la ciudadanía, automatizada y segura basada en la transparencia, la protección de datos personales, la corresponsabilidad, coordinación y calidad del dato, entre otros criterios.

Formación, automatización e incorporación de la inteligencia artificial

El decreto ley regula medidas de simplificación de carácter interno, que implican cambios en el modelo operacional y organizativo de la Administración. Estas medidas incluyen la implantación de un gestor de expedientes común, la gestión por procesos y la formación de las personas empleadas públicas, iniciativas cruciales para crear una administración más eficiente y capaz de responder de manera efectiva a las necesidades de la ciudadanía.

Además, incorpora la adopción de tecnologías avanzadas como la automatización, robotización e inteligencia artificial, así como nuevos sistemas de identificación y firma esenciales para modernizar la administración pública, reduciendo tiempos de respuesta y errores, y mejorando la prestación de servicios.

Simplificación en la Administración local

También recoge medidas de colaboración y organizativas para impulsar la simplificación administrativa en la Administración local, asegurando que todas las administraciones de la Comunitat Valenciana ofrezcan soluciones únicas e integradas a la ciudadanía. El decreto ley señala la urgente necesidad de que los entes de la Administración local adopten normativas de simplificación para armonizar procedimientos y colaborar eficazmente con la Generalitat, asegurando una administración coherente y eficiente en todo el territorio autonómico.

Cambios normativos por sectores

Por sectores, el decreto ley establece modificaciones normativas en materia de patrimonio cultural y deporte para agilizar la protección y gestión administrativa de bienes culturales, promoviendo la aprobación de Catálogos de Protecciones y facilitando declaraciones responsables para actividades de escasa relevancia patrimonial, y para permitir reuniones telemáticas en federaciones deportivas, revisar las funciones y estructura de la inspección deportiva, y asegurar la dotación presupuestaria y el correcto desempeño de las funciones inspectoras.

En cuanto a medidas en materia de servicios sociales e igualdad se recoge modificaciones en diversas leyes y decretos para agilizar la cooperación internacional, protección de la infancia, reconocimiento de perros de asistencia, memoria de gestión de cooperación, visados de servicios sociales, y acogimiento familiar, además de reducir tiempos de espera para la certificación de discapacidad y optimizar procesos administrativos. Además, se establecen cambios en la Ley de Igualdad y reglamentos relacionados para eliminar requisitos de visado de planes de igualdad, simplificar procedimientos de ayuda a víctimas de violencia de género, y fomentar la igualdad en empresas sin penalizaciones, agilizando la tramitación de ayudas y reduciendo cargas administrativas.

Por lo que respecta a hacienda y administración pública, se simplifica la gestión de subvenciones y control interno en Hacienda, se elimina la obligatoriedad de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública para flexibilizar su aplicación, se suprime la Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP) para consolidar funciones en Función Pública, y se agiliza la emisión de informes de impacto informático en Administración Electrónica.

En materia de sanidad, el decreto ley recoge medidas para agilizar los procesos de selección y provisión de personal, como publicación de listados en la web, la eliminación de requisitos de grado de carrera profesional en concursos de traslados, y la prórroga de comisiones de servicio para reducir la temporalidad y asegurar la estabilidad de los equipos asistenciales. Además, se incluyen modificaciones en la Ley de Ordenación Farmacéutica para flexibilizar los requisitos de apertura de botiquines farmacéuticos en municipios rurales con baja densidad de población, garantizando así la prestación farmacéutica en localidades con menos de 500 habitantes.

En el ámbito de la educación y empleo, se elimina el procedimiento provisional para autorizar unidades mixtas en centros de educación infantil, simplificando la gestión administrativa mediante la aplicación del procedimiento general de autorizaciones, que es más ágil y flexible. Del mismo modo, se elimina la obligación de aportar documentos ya disponibles en la administración para reducir cargas administrativas en materia de subvenciones para sindicatos y ayudas para el fomento del trabajo autónomo.

Además, en cuanto a agricultura y ganadería, se simplifica la comprobación de la condición de profesional agrícola al eliminar el certificado necesario para beneficios fiscales, y se modifican las funciones de la Comisión Técnica de Seguridad de Balsas para Riego para agilizar la aprobación de planes de emergencia y normas de explotación. En pesca, se modifica el Decreto sobre pesca marítima de recreo para facilitar la presentación telemática de solicitudes, clarificar requisitos y unificar plazos y efectos del silencio administrativo en la tramitación de licencias.

En materia de medio ambiente, infraestructuras y territorio, se establece la actualización de la Ley 6/2014 para mejorar la tramitación de autorizaciones ambientales, eliminando referencias obsoletas y clarificando la vigencia de documentos y plazos; se revisan leyes relacionadas con espacios naturales protegidos, caza, y vías pecuarias para armonizar normativas y mejorar la gestión de recursos naturales, y se modifica la Ley de tarifas portuarias y la Ley de seguridad ferroviaria para mejorar la eficiencia y celeridad en la gestión de competencias, simplificando la actividad administrativa y mejorando la tramitación de procesos.

Del mismo modo, se reforma la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje para simplificar trámites, eliminar cargas administrativas, y clarificar plazos y procedimientos, con el objeto de agilizar la tramitación de planes urbanísticos, declaraciones de interés comunitario y proyectos de interés autonómico, además de asegurar que la legislación sea coherente y eficiente para abordar problemas reales de planificación urbana y territorial.

La nueva normativa contempla medidas en materia de energía, como modificaciones en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP) y el Decreto ley 14/2020, para acelerar la implementación de energías renovables, mejorar la resiliencia energética y reducir la dependencia del gas natural y la energía importada; la ampliación de la ocupación máxima para plantas fotovoltaicas y la eliminación de las barreras burocráticas, garantizando un marco jurídico más ágil y seguro. Además, se realizan cambios en el Decreto 88/2005 para facilitar la autorización y puesta en servicio de infraestructuras eléctricas y estaciones de recarga de vehículos eléctricos, con el fin de dinamizar y agilizar la actividad económica asociada a la infraestructura energética, contribuyendo a la reactivación económica y la transición hacia energías renovables.

Por último, en el ámbito del comercio y el turismo, se establece modificaciones en la Ley 3/2011 para facilitar la declaración de zonas de gran afluencia turística y ajustar los requisitos para la venta no sedentaria, mejorando así la eficiencia administrativa y la competitividad del sector, y se actualiza la Ley 15/2018 y varios decretos relacionados con el turismo para simplificar trámites, eliminar órganos innecesarios, agilizar la obtención de habilitaciones y la tramitación de ayudas y mejorar la gestión y calidad de los servicios turísticos.

Plan de Simplificación

El texto normativo también prevé que el Consell apruebe cada dos años planes de simplificación de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, a través de los cuales se concretarán los plazos de puesta en marcha de cada medida de las contempladas en el decreto ley.

Estos planes incluirán los objetivos en el horizonte temporal establecido, no inferior a dos años, las actuaciones necesarias para ello, el cronograma previsto, los indicadores que permitan conocer su grado de cumplimiento y los órganos responsables de su ejecución.

Comisión Interdepartamental y Oficina de Simplificación

Además, se prevé la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato y la coordinación de la simplificación administrativa en la Generalitat a través de la Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunitat Valenciana (CITSA), que fue aprobada por el Consell el pasado mes de mayo, para coordinar, impulsar y supervisar el diseño y ejecución de la política de la Generalitat en materia de transformación digital, simplificación administrativa y calidad de los servicios públicos.

En cuanto a la Oficina, sus funciones consistirán en el análisis de los procedimientos administrativos y servicios para la eliminación de las cargas administrativas y la optimización de procedimientos, contribuyendo a la agilización y eficacia, mediante el empleo de metodologías de análisis de procesos y el impulso de las tecnologías de la información. Asimismo, asumirá el asesoramiento y la metodología para desarrollar y poner en marcha una estrategia basada en el dato único, así como la detección de necesidades de formación de la organización, y no supondrá incremento de gastos del personal.