La Federación de personas sordas de la Comunitat Valenciana exige una norma estatal que proteja la lengua de signos como derecho lingüístico

FESORD CV, la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas que se celebra hoy, 14 de junio, se suma a la demanda de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y exige al Gobierno que cumpla su compromiso con la comunidad sorda y apruebe con urgencia el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

La entidad teme que a pesar de haberse conseguido incluir dicho Reglamento en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, en el ámbito de competencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el adelanto de las elecciones generales al 23 de julio impida que pueda ejecutarse a tiempo. “Habiendo ya pasado los trámites pertinentes, a estas alturas del año debería de estar aprobado y aplicándose, como otras normativas que han visto a luz en estos últimos meses”, ha manifestado el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

Y es que según afirma el propio Suárez, aunque la promulgación de la ley de la lengua de signos en 2007 supuso un gran avance en los derechos de este colectivo, no es suficiente. “Se necesitan actos de aplicación específicos que aseguren su cumplimiento de forma igualitaria en todo el territorio español y, para ello, es imperativo contar con el desarrollo reglamentario establecido en la disposición final cuarta de esta ley”.

A tal efecto, la CNSE insta a los responsables políticos y a las autoridades competentes a que actúen con diligencia para impulsar el desarrollo del Real Decreto que otorgue luz verde a la aplicación efectiva de este Reglamento. “Hemos trabajado incansablemente por un documento práctico, útil y garantista que sirve al propósito de dignificar las condiciones de vida y de ciudadanía de todas las personas sordas y sordociegas; que incluye medidas de protección de la lengua de signos como derecho lingüístico y asegura su presencia en todos los ámbitos fundamentales de nuestras vidas; y que incrementa las condiciones de accesibilidad a la información y a la comunicación de más de un millón de personas en nuestro país” , apunta su presidente, “y como tal, no puede quedarse en un cajón”.

Por su parte, Carolina Galiana, presidenta de FESORD CV, considera que “la dilación en este proceso lastra el trabajo que las autonomías realizamos para conseguir junto con la CNSE una mejor calidad de vida y accesibilidad de actividades y servicios de las personas sordas; los cambios a nivel político no pueden afectar a la garantía de derechos y este reglamento es, sin duda, necesario para que esta premisa se cumpla y complemente en caso de la Comunidad Valenciana al estatuto de autonomía que en su Artículo 13.4, recoge que -la Generalitat garantizará el uso de la lengua de signos propia de las personas sordas, que deberá ser objeto de enseñanza, protección y respeto-”.