El debate autonómico consolida los dos bloques valencianos de izquierdas y derechas

Los cinco candidatos a la Presidencia de la Comunitat Valenciana con actual representación parlamentaria protagonizaron ayer el segundo debate en abierto, organizado esta vez por RTVE –el primero lo televisó el periódico Levante TV-. Las intervenciones de los aspirantes a la Generalitat, marcadas en todo momento por el habitual “tú más”, escenificaron la consolidación de dos bloques claramente divididos a tan solo once días de los comicios. De un lado, las izquierdas del actual Gobierno valenciano, PSPV y Compromís, con Ximo Puig y Mónica Oltra al frente, evitaron durante los 100 minutos de debate criticarse entre sí, dejando entrever su intención de reeditar el Pacte del Botànic si alcanzan los votos suficientes. Los actuales presidente y vicepresidenta de la Generalitat, optaron en su lugar por unir fuerzas para centrar sus acusaciones en el gobierno que los precedió del Partido Popular y alabar al mismo tiempo los últimos cuatro años de legislatura del “cambio”.

Por otra parte, el debate también afianzó una unión de derechas entre los candidatos del PP y Ciudadanos, Isabel Bonig y Toni Cantó, cuyos discursos mostraron que las propuestas e ideología de uno y otro partido apenas varían en la Comunitat Valenciana. Cantó, eso sí, acostumbrado y desenvuelto en el formato televisivo, intentó desmarcarse del PP disparando hasta en dos ocasiones contra la gestión y corrupción del pasado popular. Pero Bonig no pareció dar demasiada importancia a las críticas de su potencial aliado, porque no solo no le atacó, sino que manifestó su deseo de pactar con quienes “defiendan la Constitución y propongan una bajada masiva de impuestos”, aludiendo indirectamente a la formación naranja.

En un segundo plano quedó el candidato a la Presidencia de Unides Podem, Rubén Martínez Dalmau, quien dio la impresión de mostrarse tenso durante el debate. El rostro menos conocido de los cinco no dudó en criticar tanto la “insuficiencia” de las medidas de sus actuales socios del Consell, como las actuaciones en materia de economía, sanidad y educación del anterior Gobierno del PP. Sin embargo, los superficiales ataques al Botànic no impidieron que Dalmau defendiera que la Comunitat “está mejor ahora que hace cuatro años”, dando por hecho que volvería a unirse a Compromís y PSPV.

A lo largo del debate, dividido en cinco bloques en los que cada candidato disponía de tres minutos que gestionaba según su voluntad, quedaron sobre la mesa las únicas dos alternativas. Según Puig, continuar con el cambio que los valencianos “decidieron en 2015” y que ha mejorado, en su opinión, los indicadores económicos y sociales: “ir hacia delante o hacia atrás”. Según Bonig, sumarse a un proyecto de “ilusión y futuro y volver a la senda del progreso con libertad”. En la primera opción, PSPV y Compromís utilizaron el aval de su gestión para convencer a los votantes de su continuidad en el Gobierno a través de cifras, como los 240.000 nuevos puestos de trabajo creados o los 400.000 niños que ya no pagan libros de texto. Por su parte, Bonig y Cantó optaron por criticar las medidas adoptadas durante estos cuatro años, tildando de “parálisis e imposición” las actuaciones de la coalición de izquierdas, especialmente en materia lingüística y de educación.

CORRUPCIÓN

El fantasma de la corrupción planeó como telón de fondo durante las casi dos horas de debate. Los cuatro adversarios del PP aprovecharon sus intervenciones para recordar las condenas y los juicios por corrupción de los populares. De hecho, uno de los momentos más tensos de la noche se vivió cuando Dalmau aseguró que en una “democracia real el PP estaría ilegalizado”. Consciente de que las corruptelas son el talón de Aquiles de su partido, Bonig reconoció los errores del pasado, si bien se mostró firme en la defensa de su formación y respondió al candidato de Podemos: “No voy a pedir perdón por ser del PP”.

Cantó y Puig tampoco dudaron en echar en cara a la presidenta valenciana del Partido Popular que durante años la Comunitat fue reconocida solo por la corrupción y esta era la principal preocupación de los ciudadanos. Así, el candidato de Ciudadanos recordó a Bonig que de los 9.500 euros de deuda que les correspondería a cada valenciano, 8.500 los generó el PP. Por su parte, el presidente de la Generalitat subrayó que la “reputación es muy importante como activo económico”, e indicó a la líder de la oposición que la corrupción “no solo es cuestión de ética”, sino que evitarla es una “responsabilidad” para que las empresas e inversores acudan al territorio valenciano.

Este último comentario no fue bien recibido por la popular, que no dejó pasar la ocasión de sacar al escenario la Operación Alquería, que ha llevado al alcalde socialista de Ontinyent, Jorge Rodríguez, imputado en el caso, a dejar el partido tras conocerse los contratos irregulares a siete personas en la Diputación de Valencia.