El 46 % de las parcelas requeridas ya han sido limpiadas
La primera fase del plan del Ayuntamiento de Cullera para luchar contra la problemática de los terrenos agrícolas abandonados cumple medio año con un resultado satisfactorio. Cerca del 46 % de las propiedades requeridas ya han sido limpiadas, según ha informado esta mañana el concejal de Agricultura, Marc Joan.
Concretamente, de las 283 notificaciones enviadas por el consistorio, un total de 116 han sido acondicionadas por los mismos propietarios mientras que los servicios municipales han actuado en 10 casos. La previsión es que este número aumente en los próximos meses a medida que vayan llegando las autorizaciones judiciales para hacerlo de oficio.
Por otro lado, actualmente hay 143 parcelas que se encuentran en situaciones diversas, bien a la espera de su publicación en los diarios oficiales o bien pendientes de resolución judicial para autorizar la entrada, ha explicado Joan. Del total de los requerimientos, sólo 11 han sido por error.
De esta forma, se calcula que cuando se cumpla un año desde que el consistorio iniciara su programa para mantener el término en unas condiciones óptimas y evitar el abandono de tierras alrededor de 300 parcelas habrán sido limpiadas.
Plan de acción
Esta medida, unida a la entrada en funcionamiento del banco de tierras, mediante el cual propietarios y personas a título individual se ceden terrenos en desuso para su cultivo a cambio del mantenimiento de éstos, suponen un punto de inflexión que pone fin a años de abandono del término de Cullera como consecuencia de las políticas urbanísticas de especulación impulsadas por los anteriores gobiernos.
Los incendios que a principios de año afectaron a muchas parcelas abandonadas así como la voluntad del gobierno local de reactivar la agricultura, son los dos factores que llevaron al ayuntamiento a iniciar su plan de acción.
El Ayuntamiento de Cullera recuerda la necesidad de mantener limpias tanto las tierras como los cierres de las parcelas. El hecho de obviar esta obligación, comporta sanciones de hasta 1.500 euros, en cumplimiento del ordenanza del Medio Rural.
Además, se ha adquirido la maquinaria necesaria para actuar de oficio, como ya ha ocurrido por primera vez en la historia del municipio.
Joan valora que a pesar de que el procedimiento legal resulta costoso por los trámites burocráticos que comporta «la respuesta de los propietarios está siendo muy buena». Sin embargo, recuerda que «siempre es mejor actuar por voluntad propia y no esperar a las notificaciones municipales o entrar en procesos judiciales». En 2017, ha avanzado, se iniciará la segunda fase del plan.
El concejal ha aprovechado para agradecer el trabajo conjunto que realizan los departamentos de Agricultura y la Policía Local en este proyecto de recuperación agraria y ambiental.
